Anoche, la Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó la ley de donaciones, luego que gobierno y oposición consensuaran un texto que atiende las sugerencias de Contraloría, pero resguarda el poder de decisión de Piñera respecto del destino de los aportes.
Un dossier de alternativas para destrabar la tramitación de la ley de donaciones recibió a última hora del martes Sebastián Piñera en Cerro Castillo. Las opciones habían sido barajadas por el titular de la Segpres, Cristián Larroulet, y el subsecretario de Hacienda, Rodrigo Alvarez, tras comprobar que la Concertación mantendría su rechazo a uno de los artículos del proyecto: el que creaba un Comité Ejecutivo para la Reconstrucción, que sería integrado por un grupo de ministros y liderado por el Presidente.
Esa noche, Piñera revisó la documentación tras la cena que ofreció a la Alianza. Y ayer en la mañana, en el desayuno que compartió con la bancada PRI-Independiente, transparentó dos de las salidas que se estaban barajando para asegurar un respaldo macizo a la iniciativa, que representa el primer test del actual gobierno en su relación con un Parlamento donde no cuenta con mayoría absoluta en ninguna de las dos cámaras.
Una de las opciones era integrar a los alcaldes al comité -para ampliar su representatividad- y otra era eliminar dicha institucionalidad y crear en su reemplazo un fondo en la partida del Tesoro Público, cuya activación dependería de un decreto supremo dictado por el Mandatario. Las dos fueron bien recibidas por los cuatro diputados, quienes al salir del palacio presidencial declararon su disposición a aprobar la iniciativa, vinculada al plan de reconstrucción derivado del terremoto del 27 de febrero.
Con esos votos, el Ejecutivo ya contaba con la mayoría simple para aprobar la iniciativa en la Comisión de Hacienda y en la sala. Sin embargo, aún estaba vigente la amenaza de la Concertación de pedir al TC la revisión de los quórum de votación, pues entendían que el artículo que creaba el comité requería 4/7 para su aprobación, es decir, 69 sufragios.
En esa lógica, el Ejecutivo desplegó un intenso lobby en el Congreso. A cargo de las gestiones estuvo el subsecretario de la Segpres, Claudio Alvarado, quien junto con sondear el apoyo a las alternativas propuestas para destrabar la tramitación del proyecto, les hizo ver a diputados concertacionistas el costo político de rechazar una iniciativa que va en beneficio de los más afectados por el terremoto.
En la tarde, la sesión de la Comisión de Hacienda fue postergada para proseguir las tratativas entre el Ejecutivo y las bancadas, en las que también participó el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. Allí se llegó a un principio de acuerdo, donde se validó la opción de suprimir la creación del comité. Este modelo fue apoyado por unanimidad en la comisión.
"Agradecemos la voluntad del gobierno para acoger nuestras demandas", sentenció el jefe de la DC, Juan Carlos Latorre, quien celebró que, además, se incorporaran al proyecto algunas de las recomendaciones realizadas por Contraloría, como entregar información permanente del proceso de donaciones al Congreso, eliminar la retroactividad para acogerse a los beneficios de la ley y someter la transferencia de dineros a fiscalización de la propia Contraloría.
En el Ejecutivo, sin embargo, sacaron cuentas alegres. Primero, porque al eliminar el comité desaparecía la pugna sobre los quórum y se garantizaba el despacho de la ley en la sala mediante mayoría simple. Segundo, porque se validó una opción que mantiene un alto protagonismo de Piñera, quien mediante la dictación de uno o varios decretos supremos, incluso, tendrá poder de decisión sobre el destino de los fondos donados por los privados.
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