Una disputa por una planta de celulosa, entre Argentina y Uruguay, escaló hasta tensar las relaciones bilaterales por más de cinco años. Incluso se convirtió en una traba para Unasur, porque Montevideo objetó que Néstor Kirchner asumiera la secretaría ejecutiva del organismo sudamericano. Ahora, finalmente la Corte Internacional de Justicia (CIJ), de La Haya, entregó su sentencia con el sello que la caracteriza: conceder algo a cada parte.
La CIJ dictaminó el martes que Montevideo violó un tratado, de 1975, que reglamenta la administración compartida del río Uruguay, el cual sirve de límite entre ambos países. A la vez la demanda de Argentina por contaminación visual y sonora en la zona no tuvo una respuesta favorable para Buenos Aires. La CIJ también rechazó la demanda argentina de compensación, señalando que la reprimenda contra Uruguay “constituye una satisfacción apropiada”.
El fallo debería terminar una ácida disputa que se encendió en 2006. Todo comenzó cuando la compañía finlandesa Botnia inició la construcción de una planta de celulosa en Fray Bentos. Con un capital de mil 100 millones de dólares, se trata de la inversión extranjera más importante de la historia uruguaya. En Argentina hubo, desde entonces, una abierta resistencia contra la planta. Las autoridades uruguayas fueron acusadas de no respetar los acuerdos que obligan a consultas ante emprendimientos que afecten al río. Buenos Aires y Montevideo se disputaban la cuantiosa inversión y por ese motivo Uruguay mantuvo secretas sus negociaciones con los finlandeses.
En todo caso, ninguna de las capitales consultó, incluida la empresa Botnia, a las poblaciones locales qué pensaban sobre el asunto. Como era de esperar, los uruguayos de la localidad de Fray Bentos, con 25 mil habitantes, aplaudieron la nueva fuente de trabajo que dio, desde un comienzo, un fuerte impulso a la zona. Del otro lado del río, en Gualeguaychú, con 76 mil residentes, la reacción no pudo ser más hostil. Sus habitantes denunciaron que recibirían toda la polución y ninguno de los beneficios. El turismo sería ahuyentado por la contaminación visual, los malos olores y las materias tóxicas vertidas al río. En respuesta a la amenaza los residentes, con el amplio respaldo de Greenpeace y otras organizaciones ambientalistas, procedieron al cierre de caminos y al bloqueo del puente que une a ambos países.
En la opinión del ex senador argentino Rodolfo Terragno: “Algunos demagogos le habían hecho creer a los gualeguaychuenses que el Uruguay los estaba envenenando, y ahora ellos oyen con desazón y perplejidad que no era así, que la justicia internacional le da la razón a Uruguay”. Ello porque la CIJ ha sancionado moralmente a Uruguay. Pero en los hechos la planta seguirá operando en forma normal.
Ahora se aprecia alivio en ambas capitales del río de la Plata. El Presidente uruguayo, José Mujica, reaccionó con el más bajo perfil posible ante el fallo: “Las palabras son silencio y trabajar mucho”. La Presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue a su vez cauta: “Lo más importante es que a futuro nada se podrá hacer sin consulta (…). Cuando están en juego recursos naturales que no son de un país sino de una región, tenemos que respetar los acuerdos”.
Ahora los dos países que han mantenido estrechas relaciones pueden dar vuelta la página, de una vez por todas, a un pleito que por mutuo mal manejo nunca debió ocurrir. La amarga experiencia del litigio deja enseñanzas sobre la necesidad de la transparencia, el respeto de las comunidades locales y el peligro de la explotación política del resentimiento popular como ocurrió en Gualeguaychú.
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