Quebrantamientos de condena, hacinamiento y falta de recursos son observaciones que se repiten en Santiago. Ministerio de Justicia aplicó un artículo de la Ley de Transparencia y negó el acceso a los informes del resto del país. Problemas de infraestructura, falta de profesionales, hacinamiento, deserción del sistema y quebrantamientos de condena son sólo algunas de las observaciones que contiene el informe de la Comisión Interinstitucional de Supervisión de los Centros Privativos de Libertad del Sename y Gendarmería de la Región Metropolitana (RM).
Se trata de la segunda visita que este grupo realizó a siete centros metropolitanos con el fin de verificar las condiciones en que se encuentran los menores infractores, según mandata el reglamento de la Ley de Responsabilidad Adolescente (RPA).
Similares documentos se emitieron en todas las regiones del país. Pero el Ministerio de Justicia los declaró "reservados", y negó a este diario acceso a estos informes, aduciendo el Art. 21 de la Ley de Transparencia.Sin embargo, "El Mercurio" obtuvo en exclusiva el documento relacionado con los centros de la capital, el que desnuda una serie de problemas.
Condenas incumplidas
La comisión metropolitana concurrió el 25 de mayo al Centro Semicerrado Femenino Santiago. Allí detectó que de las siete menores que cumplían condena, sólo una estaba presente. "La tasa de incumplimiento es alta, y no se declara quebrantamiento por parte de los tribunales, pese a los informes negativos emitidos por el personal del Centro en ese sentido", dice el informe.
Da cuenta también que hay escasez de recursos, carencia de programas de actividades para las adolescentes y problemas en infraestructura.
En el Centro Semicerrado Masculino La Cisterna, las dificultades son similares. De los 23 jóvenes que derivó Gendarmería hacia ese centro, 19 quebrantaron su condena.
También detectaron falencias de infraestructura para que los profesionales puedan ejercer su labor. No hay talleres para que los jóvenes aprendan un oficio. No hay psiquiatra, y el recinto está a punto de caer en condición de hacinamiento, se informa.
El Centro Cerrado de Calera de Tango tiene 30 plazas ocupadas. "Después del fin de semana y luego del lunes, los adolescentes no reingresan al centro", acusa el informe.
Aunque aquí hay grandes espacios, áreas verdes y no se aprecia hacinamiento, la comisión detectó una deficiencia en actividades y talleres para los menores internos.
El Centro de San Joaquín cuenta con ocho casas. Allí detectaron progresos respecto del informe anterior, como ornamentación de las casas, que las hace acogedoras. Pero también se detectaron escasos recursos para las actividades.
Comunidad Tiempo Joven
El 16 de de junio la comisión visitó la Comunidad Tiempo Joven, de San Bernardo.
También se detectaron avances respecto del informe anterior, con menos hacinamiento. Sin embargo, se mantienen los cinco internos por habitación. "Los baños se encuentran en regular estado, ya que hay muchos que están deteriorados y sucios al momento de la visita", explica el reporte. "Las casas se aprecian frías y algunas piezas no cuentan con ventana", añade.
La comisión recibió reclamos de algunos adolescentes "por los techos del patio, los cuales se encuentran en mal estado y se llueven", consigna.
La disminución de la población permitió controlar los conflictos. "Se aprecian avances en la existencia de talleres en relación al período anterior, sin embargo faltan insumos para un mejor desarrollo de los mismos", lamentan los comisionados. También detectaron hacinamiento en habitaciones de determinadas casas.
En el Centro de Internación Provisoria Santiago (mixto), las condiciones son mejores. En el sector femenino funcionan talleres de vestuario, donde las internas reciben clases.
En el sector masculino hay talleres de panadería y repostería. Pero la falta de recursos no permite desarrollar todas las actividades diseñadas, precisa el documento. "El personal parece estar agobiado y con falta de preparación para tratar a la población penal", concluye.
Finalmente, la Sección Juvenil de Puente Alto, administrada por Gendarmería, fue visitada el 11 de junio. Algunos dormitorios no tienen vidrios en sus ventanas. Los baños son "absolutamente insuficientes", y también detectaron hacinamiento en los dormitorios. Respecto de las consultas sobre actividades de reinserción, los encargados respondieron a la comisión que "Gendarmería no cuenta con recursos para financiar actividades de ese tipo", según plantea el escrito.
Subsecretario: "Estamos enfrentando las falencias"
El subsecretario de Justicia, Jorge Frei, informó que estas comisiones funcionan a partir del año pasado en virtud del reglamento de la Ley de Responsabilidad Adolescente (RPA). Hasta ahora, han emitido dos informes respecto de las visitas que han realizado a los centros.
"Nosotros hemos analizado en profundidad estos informes y sus conclusiones y estamos enfrentando oportunamente las falencias que allí se señalan", explicó la autoridad.
Puso como ejemplo el caso de la falla de la caldera de la Comunidad Tiempo Joven, de San Bernardo, cuyo problema fue informado por la comisión. Ésta fue repuesta y ahora funciona.
Nicolás Espejo, consultor de UNICEF en Chile, valora que estén funcionando en todas las regiones.
UNICEF participa en una secretaría técnica con el Ministerio de Justicia, donde se discuten mejoras al sistema. Esta coordinación ha mejorado algunos puntos, como establecer periodicidad de las visitas a los centros a lo menos una por semestre y que los informes deben estar listos en un plazo breve, explicó Espejo. Pero señala que el organismo internacional espera que el funcionamiento de las comisiones sea establecido por ley, con el fin de darle continuidad en el tiempo.
Los ocho expertos que elaboraron el informe
La comisión que emitió el informe estuvo integrada por Patricio Reyes, seremi de Justicia; Juan Manuel Escandón, representante del Poder Judicial; María Cecilia Ramírez, representante del Ministerio Público; Claudia Vergara y Nicolás Orellana, de la Defensoría Regional Metropolitana; Cristóbal Pascal, representante de la Unicef; Francisca Werth, de Fundación Paz Ciudadana, y Ada Torres, de la Fundación Tierra de Esperanza.
Artículo original
No hay comentarios.:
Publicar un comentario