Lo de García fue un cobro indebido

Nota: Mientras el populista limeño distrae a los peruanos con histrionismos y groserías a Chile, les mete la mano al bolsillo a los tontos útiles. Hay que recordar que luego de su primer gobierno Alan García tuvo que huir de Perú, dejando atrás un país hundido en la calamidad económica, social y política... sin embargo, al regresar, cobro una indemnización millonaria por los años que estuvo lejos.

Cuestionable a todas luces resultaría el cobro de un millón 600 mil soles (aprox. $270 millones de pesos) efectuado por el presidente Alan García por concepto de pensiones y devengados dejados de percibir durante los diez años que estuvo fuera del país, además del pago de secretaria, asistente y movilidad, que según los entrevistados devendrían en indebidos.

Al respecto, el ex presidente del Congreso, Carlos Ferrero Costa, demandó a la directiva del Congreso que preside el aprista Luis Alva Castro dar a conocer públicamente el monto exacto que cobró el presidente Alan García en el año 2002, cuando cobró una millonaria pensión y devengados poco después de retornar de un exilio dorado de casi 10 años en Colombia y Francia.

“¿Por qué no sacan la liquidación de García, que yo aprobé?, ¿es un secreto?, ¿a quién le conviene esconder estos pagos?”, preguntó Ferrero, sobre quien recaen ahora cuestionamientos, pues durante su gestión como presidente del Congreso fue autorizada la pensión para García.

“Es una vergüenza que el Congreso no quiera decir ahora cuánto cobró el señor Alan García”, señaló el ex presidente de este poder del Estado. El ex parlamentario de Perú Posible dijo, sin embargo, no recordar el monto exacto, aunque sí tener la certeza de que fue una cantidad considerable.

Y aunque Ferrero asegura que firmó la autorización para que se pague pensión y devengados porque no había impedimento para ello, el ex senador Javier Diez Canseco advirtió que lo legal también puede ser indebido, por ejemplo los aumentos que reciben los parlamentarios son legales pero se preguntó si son éticos. “Lo mismo ocurre con García”, dijo.

Recordó que tras la gestión del Congreso Constituyente Democrático se eliminó la figura del Senador Vitalicio contemplada en la derogada Constitución de 1979, por lo que el Congreso no debió intervenir en el pago de la pensión de un ex presidente, sino el Poder Ejecutivo.

Por su parte, el ex congresista Henry Pease sostuvo que lo único que ha hecho el Congreso es hacer cumplir la Ley 20530 y que si esa ley le pareció a alguien que estaba reñida con la ética, pues la solución era cambiar la ley. Aclaró que personalmente él no está beneficiado por la ley 20530 y que felizmente tendrá que trabajar hasta los 80 años porque de otra manera se aburriría.

Por otro lado, consideró sospechoso que la directiva del Congreso no haya publicado hasta ayer la resolución que derogó el Acuerdo 436 de la mesa directiva que él presidió en el año 2001 y que estableció el pago de un bono adicional para parlamentarios pensionistas acogidos al régimen de la denominada Cédula Viva (Decreto Ley 20530).

El ex parlamentario expresó sus temores de que puedan estarse “arreglando” los fundamentos de tal resolución.

El presidente del Legislativo, Luis Alva Castro, dio a conocer el viernes que tal decisión fue adoptada por la mesa directiva del Congreso, aunque, efectivamente, el documento no fue publicado en el portal institucional.

¿Por qué critican ahora?

En respuesta a las críticas que le dirigen por haber aprobado la millonaria liquidación a García y también los bonos permanentes a ex pensionistas, el ex presidente del Legislativo, Carlos Ferrero se defendió diciendo que ninguno de los apristas que pasó por la presidencia del Congreso en el presente ejercicio 2006-2011 ha cuestionado la existencia de este bono.

Ni Mercedes Cabanillas (2006), ni Luis Gonzales Posada (2007), ni Javier Velásquez Quesquén (2008), observaron la existencia del bono.

“Han pasado cuatro años de gobierno, ¿por qué lo hacen ahora?”, observó el ex parlamentario, miembro de la Comisión Política de Perú Posible, el partido que lidera el ex presidente Alejandro Toledo.

En su favor, argumentó que la mesa directiva que presidió en 2001, conjuntamente con Henry Pease y Manuel Masías, aprobó el acuerdo 436 que otorgó el bono cuestionado, en atención a informes que remitieron la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional.

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