Crear un sistema de ventanilla única, que centralice todos los trámites, es la columna vertebral de la iniciativa. Uno de los principales cambios será la modernización del sistema de notarios y conservadores de bienes raíces.
Reducir de 27 a doce los días para crear un negocio, bajar el número de procedimientos de nueve a uno, disminuir los costos relacionados con el proceso de formalización de una nueva empresa y superar los estándares que establece la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Éstos son los cuatro objetivos de la batería de medidas que por estos días afinan los ministerios de Hacienda y Justicia, con miras a cumplir con una de las tareas de la "agenda corta" definida por el gobierno de Sebastián Piñera para impulsar el crecimiento y la generación de empleo: agilizar la formación de empresas.
Y contra el tiempo avanzan las señaladas carteras, afirman desde el Gobierno, dado que a fines de junio es el plazo final. Generar un sistema de ventanilla única, que centralice todos los trámites, a través de una plataforma tecnológica que haga más simple y barata la operación, es la columna vertebral de los cambios, publica El Mercurio.
En este sistema estarían en permanente interacción notarios, conservadores de bienes raíces, Diario Oficial, Servicio de Impuestos Internos (SII) y municipalidades. El análisis del Ejecutivo apunta a que si en el sector bancario se realizan una serie de operaciones en tiempo real -incluso con instituciones externas como Tesorería y el SII-, el sistema de ventanilla única no debería enfrentar dificultades.
Y una de las experiencias que están estudiando es la de Estados Unidos, que cuenta con agencias donde los organismos están unificados y gran parte de los procedimientos se realizan por internet.
De concretarse los objetivos, Chile se ubicaría como un país más competitivo que los miembros de la OCDE, donde se requiere de 6 procedimientos y trece días para iniciar la creación de nuevos emprendimientos.
Reforma notarial
Uno de los principales cambios es la modernización del sistema de notarios y conservadores de bienes raíces. Y dos son los caminos que están analizando Hacienda y Justicia: diseñar un nuevo proyecto de ley o reactivar la propuesta que envió al Congreso la administración de Michelle Bachelet en marzo de 2008.
De acuerdo con fuentes del Ejecutivo, la idea que cobra más fuerza es la segunda, ya que el texto legal en discusión se podría perfeccionar y así apostar por una aprobación más expedita.
El proyecto en trámite propone la creación de una plataforma tecnológica que permita un tránsito eficiente de los actuales libros a registros electrónicos, una profesionalización de sus funcionarios, elección de notarios y conservadores por concurso público, mayor fiscalización (a través de la Superintendencia de Quiebras), firma electrónica avanzada, y transparencia de aranceles y pagos por medio de un sistema online.
Actualmente, los notarios y conservadores cobran de acuerdo con un arancel máximo que fija el Ministerio de Justicia, previo informe de la Corte Suprema. No obstante, la idea de Piñera es que los precios sean determinados por las leyes de mercado y que, en lugar de concursos públicos, cualquier persona que cumpla con los objetivos fijados por la ley sea designado como notario o conservador.
Los otros cambios
Otro de los aspectos que el Gobierno está estudiando es agilizar los procesos de quiebras de empresas.
Según datos del Banco Mundial, dicho proceso en nuestro país requiere de 4,5 años en promedio y se recupera solamente el 21% del capital.
Este problema, de acuerdo con lo señalado por el propio Piñera, es "una limitación a la competencia", e incluso ha dicho que la normativa vigente "es mala", por lo que se requiere de una reestructuración mayor.
Una de las primeras medidas para subsanar esta situación fueron los anuncios del 21 de abril, que buscan crear un procedimiento simplificado para la liquidación de activos y el abandono de bienes para las pymes que quiebren en los primeros años de su formación.
Fuentes del oficialismo anticipan que los cambios a la Ley de Quiebras irán más allá, dado que el Mandatario aspira a contar con un procedimiento simplificado y eficaz a nivel de pequeñas, medianas y grandes empresas.
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