La cifra habla por sí sola. La generación de termoelectricidad ha bombardeado paulatinamente el sistema nacional. En 1993 se generaban casi siete mil GWh y durante el 2008 alcanzó más de 36 mil.La mayor expansión térmica durante este periodo se produjo en el Sistema Interconectado Central. Y este importante rol dentro de la matriz energética no tiene nada que ver con ventajas ambientales. Al contrario, este tipo de generación le significa a las empresas tener menores costos económicos, pero dramáticos efectos por las emisiones de gases efecto invernadero.
Así lo detalló el estudio de la Fundación Terram, “Evolución, Actualidad y Proyección del Sector Termoeléctrico Chileno”.
“Se puede evidenciar en los proyectos ingresados que entre el 2000 y 2008, el 72 por ciento corresponde a proyectos térmicos. Si a esto sumamos las proyecciones que hace la Universidad de Chile, que indica que este tipo de iniciativas abarcarán cerca del 80 por ciento -60 en el caso del carbón - de aquí al 2030, la reflexión más grande que se tiene que hacer debe ir dirigida hacia un sector que no cuenta con regulación medio ambiental específica para el caso de estas generadoras”, Rodrigo Bórquez, asistente de esta investigación.
El documento explica que la incorporación de estos combustibles a la matriz obedeció a un conjunto de políticas cortoplacistas fijadas por el gobierno, que se concentró en hacer frente a la crisis generada por los recortes del gas natural desde Argentina.
En este sentido, Flavia Liberona, directora de la fundación Terram, manifestó que estas cifras demuestran un vacío en la legislación nacional sobre este tema.
“Aquí hay que avanzar en regular y exigir más tecnología a las generadoras de electricidad basadas en el carbón. Además, hay que normar todas las emisiones de estas industrias y buscar una manera para potenciar la disminución de la demanda eléctrica así como la eficiencia energética y la incorporación de energías renovables no convencionales a la matriz eléctrica”, precisó la ambientalista.
Antes de ingresar a la OCDE Chile dio a conocer algunos avances en legislaciones medioambientales como el establecimiento de estándares, políticas y planes de prevención y descontaminación y el rediseño de la institucionalidad ambiental, todos ámbitos que ya están presentes en otros países del mundo. Pero, según los expertos, estos son pequeños pasos si se comparan con la necesidad de una política de Estado.
Y la ciudadanía no ha estado indiferente ante estos procesos. Hernán Ramírez de la Confederación de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach) aseguró que, lo más importante, es informar a la población.
“Necesitamos comunicar a la comunidad el problema que implican las centrales termoeléctricas a nivel nacional. Este es un tema que no ha sido difundido dentro de la ciudadanía y ya hay que empezar a conversar con las autoridades. Se requiere una política ambiental, no podemos improvisar a última hora si carecemos de una política energética a nivel nacional”, sentenció Ramírez.
La preocupación cunde porque ,según las organizaciones, la termoelectrización de la matriz no contribuye a la campaña de conciencia medioambiental impulsada recientemente por el Ejecutivo, estructurada en el contexto del calentamiento global y cambio climático.
El aumento de la carbonización en esta fuente energética difícilmente hará que Chile abandone el selecto ranking de países con mayor crecimiento de emisión de CO2 per cápita.
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