El presidente informa de una estimación de US$ 30 mil millones, los que se desagregan sectorialmente en magnitudes muy relevantes: educación, salud, vivienda, obras viales, comunicaciones, etc. A esto habrá que agregar los costos asociados a las disminuciones en las fuentes laborales, enfermedades asociadas a las insuficientes condiciones de vida.
El gobierno estudia alternativas para financiar, vía gasto fiscal, aproximadamente un tercio del total del daño, esto en un período de cuatro años. Se habla de una mezcla de incrementos tributarios específicos, fondos externos, financiamiento externo, deuda pública interna, reasignaciones presupuestarias, etc.
En este contexto, ha resurgido el antiguo debate respecto del “gasto en defensa”, que históricamente no ha sido bien entendido por el ciudadano común, seguramente, por la insuficiencia de la información. El “secreto de lo estratégico” no ha permitido, a la fecha, un grado creciente de desarrollo de la transparencia necesaria. El particular momento derivado de la catástrofe ha activado la discusión respecto de los gastos e inversiones de las FF.AA. Se sabe que en los últimos años, dado el elevado precio del cobre, se ha generado la acumulación de una importante cantidad de recursos.
¿Es posible concebir, en las actuales condiciones de evidentes necesidades de recursos, nuevas inversiones en sistemas de armas o eventualmente se puede pensar en su uso alternativo? Si la intención fuese esta última, en función de la reconstrucción, ¿esta decisión dependerá sólo de la decisión política o existen aspectos normativos que podrían limitar tal iniciativa? Una primera aproximación al tema es el por qué se gasta e invierte en defensa. En efecto, y más allá de largas elucubraciones históricas, lo concreto es que el país se ha dotado de una sólida política de defensa, explicitada en el reciente libro de la defensa 2010 y que en síntesis se expresa en tres grandes ejes: disuasión defensiva, cooperación internacional y aporte a la comunidad, en particular en situaciones de catástrofes. A estos efectos, las instituciones de la defensa se han dotados de hombres y mujeres preparados y profesionales, recursos tecnológicos, infraestructura, materiales y sistemas de armas, derivados de tales definiciones. Adicionalmente, en los últimos años las instituciones han experimentado cambios importantes en su organización interna, y profesionalización de la carrera militar. Definida la política de defensa se determinan los requerimientos en material y sistemas los que, de acuerdo a su naturaleza, son en su mayoría utilizados en los tres objetivos de la política de defensa. Es posible entonces entender que, independientemente del tipo financiamiento, parte no menor del gasto y la inversión se vuelquen hacia los requerimientos de la comunidad en tiempos de paz. En esta línea se ubican, el transporte terrestre, la logística militar aplicada a la emergencia natural, hospitales, sistemas de armas menores y, por cierto, la apreciable contribución de un numeroso contingente humano. El financiamiento proviene básicamente de dos fuentes, según se trate de gastos de operación o inversión propiamente, la Ley de Presupuesto y la Ley Reservada del Cobre respectivamente. Por otra parte, en lo esencial, la Ley Reservada del Cobre se orienta a financiar inversiones y normativamente sus fondos no son “transferibles” a otras necesidades de gasto fiscal. Parece razonable deducir entonces que, junto con satisfacer las necesidades propias de sus naturales requerimientos de material de uso estrictamente militar, se estimule el financiamiento de materiales, insumos y sistemas que adicionalmente a su uso militar pueden ser de gran utilidad en situaciones extremas como las vividas recientemente. Todo esto, sin perjuicio de los requerimientos derivados de los daños viales, de infraestructura y de materiales que afectaron a las propias instituciones armadas. Finalmente, es aconsejable que la coyuntura no nos inhiba ver el mediano y largo plazo, esto es, la mirada de lo político-estratégico. En este sentido, es cierto que debemos concentrarnos en las tareas inmediatas impuestas por la naturaleza, pero paralelamente, debemos garantizar que el país funcione en todos sus ámbitos en lo que es permanente. Esta preocupación fundamental se debe compatibilizar con unas Fuerzas Armadas sólidas, en base a una adecuada organización, profesionalización de sus recursos humanos y con medios adecuados a sus misiones en tiempos de paz y la no deseada eventualidad de una guerra.
Ingeniero comercial, licenciado en Economía.
Diplomado en Ciencia Política, Seguridad y Defensa.
Oficial (R) Ejército de Chile
Artículo original
Seria estupido usar las reservas de defensa en el terremoto con los vecinitos ke tenemos... Lo ke no sabe la gente comun ke solo habla sin investigar es ke no se puede hacer una inyeccion de dinero y de tales cantidades como de la reserva de defensa porke la inflacion se iria a las nubes, ademas ese dinero es exclusivo para la defensa.
ResponderBorrarDinero hay y no solo en el fondo de defensa sino ke tambien en el fondo de emergencia y de las reservas Chilenas de las cuales creo se sacara una gran cantidad de dinero para esta catastrofe pero en un periodo de 4 años.
Revisar los documentos de nuestros sismologos, donde determinan lsa lagunas sismicas y en torno de esas zonas reforzar las unidades o los organismos públicos para que alli hayan más helicopteros de carga ( no 7 que le iban a comprar a los rusos y que en la actualidad nada se saben, sino que muchos más. Chile es muy largo). Tener comunicación satelital que cubra todo el pais (quiza cuando tengamos nuestro propio satelite). Barcazas de desembarco que no necesitan puerto de atraque. Que nunca el gobierno de turno quede descabezado como ocurrió en Haití o en el día de hoy con los polacos en el accidente de avion que dicen que desaparece medio gabinete. Yo pienso que todas las cabezas pensantes de este país ya estarán en ello.
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