Sector público debe revelar los criterios por los que no elige a los postulantes a sus concursos. La decisión plantea que si bien las reparticiones están en su derecho a escoger discrecionalmente a quien contrata, también tienen el deber de fundamentar sus elecciones. Los organismos públicos deberán entregar a quien lo solicite los criterios que usaron a la hora de escoger a los ganadores de los concursos para elegir a su personal. Ésa es la consecuencia de un fallo unánime emitido por el Consejo para la Transparencia contra la Seremi de Salud de Aisén, que sienta precedente en la materia y que se extiende también a los procesos del sistema de Alta Dirección Pública.
En una resolución fechada el 30 de junio, la entidad dictaminó acoger parcialmente la presentación de Carolina Ramírez Berríos, quien recurrió al Consejo luego de que se negaran algunos elementos de su solicitud a la Seremi de Salud.
Ramírez había participado en el concurso de Profesional Encargado de Recursos Humanos de dicha repartición, y el 5 de mayo solicitó que se le entregaran los "puntajes y orden de prelación" de los candidatos, la integración del comité de selección, la copia de las actas de éste y la resolución que nombró a sus integrantes y, finalmente, los criterios usados para definir al ganador.
El 22 de mayo, la repartición contestó su oficio entregando las resoluciones, y una tabla en que la solicitante aparecía con el puntaje más alto, pese a lo cual no fue seleccionada. Sin embargo, no le entregó los criterios, por lo que el 28 de mayo Ramírez presentó su caso al Consejo.
Ante esto, el Consejo indicó que el artículo 19 del Estatuto Administrativo señala que "es obligatorio extender un acta de cada concurso que deje constancia de los fundamentos y resultado de la evaluación de los candidatos".
Además, puntualiza que, si bien el mismo artículo establece que "se mantendrá en secreto la identidad de cada candidato para los efectos de evaluación de las pruebas", la reserva termina una vez finalizado el proceso de selección.
En la parte final de la resolución, el Consejo afirma que si bien la repartición tiene derecho a ejercer sus "potestades discrecionales" para escoger entre los postulantes, eso "no implica una exención del deber de fundamentar las decisiones adoptadas". Y añade que esto "cobra mayor relevancia en el caso presente, dado que la persona seleccionada no fue la que tenía el mejor puntaje, lo que hace necesario explicar el fundamento".
Alta Dirección Pública
Fuentes del Consejo para la Transparencia señalaron que la resolución es extensiva a todas las reparticiones, lo que incluye a los procesos hechos en la Alta Dirección Pública.
De todas maneras, en este momento hay varios casos similares de presentaciones contra la dirección del Servicio Civil, de las que al menos uno debería ser resuelto en los próximos días.
La gestión del sistema de la Alta Dirección Pública ha sido cuestionada, ya que en los últimos cinco años, cerca de un tercio de los concursos para búsqueda de ejecutivos se han declarado desiertos.
El gasto ha sido alto: más de $1.100 millones se han destinado a procesos en los que finalmente no se ha elegido a nadie.
Pese a que el Ejecutivo envió en enero de 2007 un proyecto de ley que busca perfeccionar el sistema de Alta Dirección Pública, éste no ha tenido avances sustantivos en el Congreso.
Presidente del debe haber sanciones. Consejo para la Transparencia, Juan Pablo Olmedo.
Presentación ante la Contraloría
En su fallo, el Consejo sienta otro precedente al cuestionar el retardo en la entrega de información a la solicitante. Si bien se le entregó en un plazo menor al que fija la Ley de Transparencia, la entidad afirma que el Estatuto Administrativo obligaba a la Seremi de Salud a entregarla en un plazo menor porque finalmente Carolina Ramírez no pudo presentar un reclamo ante la Contraloría.
El Consejo señaló que "los órganos de la Administración del Estado deben dar aplicación preferente a las normas que les exigen dar información en plazos menores", y remitió la información a la Contraloría para que resuelva si debe haber sanciones.
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