Claridad conceptual y técnica caracterizaron la exposición del ministro de Defensa respecto del proyecto de ley relativo a la nueva forma de financiar las inversiones en Defensa. Esto, en el marco de un seminario desarrollado el mes pasado en la fundación Chile 21.
En lo esencial se concordó en la necesidad de sustituir la actual ley reservada del cobre. En esta columna se ha insistido en la necesidad de reemplazar un sistema ya superado por las circunstancias.
La alternativa que recoge el proyecto es vincular las definiciones político -estratégico, con los requerimientos de capacidades militares estratégicas. A partir de estas definiciones, las instituciones desarrollan sus planificaciones estratégicas, operativas y de inversiones, las que se consolidan en el marco del desarrollo conjunto de las fuerzas.
Se observa una gran disposición al acuerdo político necesario y coherente con el carácter de la iniciativa, esto es, concensuar una política de Estado. Es más, se aprecia una disposición real a zanjar este tema no sólo en esta administración de gobierno, sino también en un plazo relativamente breve.
El desafío es encontrar la ecuación que permita equilibrar los compromisos de transparencia en la inversión y el gasto, con aquellos que garanticen y resguarden la debida reserva de la información estratégica. Por otra parte, ajustar los históricos “usos y costumbres” de autorización y control del gasto fiscal en un esquema anual, con las necesidades de permitir evaluar, aprobar y adquirir material con una mirada de mediano y largo plazo, en consideración a las características propias de las inversiones en defensa que emanan de las planificaciones institucionales y conjuntas.
Es posible que lo anterior se constituya en lo más complejo de resolver. Sin embargo, existiría una amplia disposición legislativa a respaldar las definiciones que al efecto a asumido el Ejecutivo, en el sentido de estimular una planificación plurianual a doce años, con autorizaciones presupuestarias cada cuatro (móviles a un quinto en sustituto del primero ya transcurrido), implementando revisiones y validaciones anuales del comportamiento del gasto y la inversión. Este procedimiento, desvinculado de la coyuntura electoral de corto plazo y cronogramas electorales.
En esta línea, se hicieron aportes explícitos en términos que este modelo de mirada presupuestaria plurianual, se pueda extrapolar a otras iniciativas de inversiones y gastos sectoriales del aparato público: salud, energía, obras públicas, etc.
Algo más técnico, pero importante de destacar, es la definición vinculante entre inversión y gasto. En este sentido, la aprobación de una inversión en sistemas de armas, debiera contemplar además, los gastos derivados de operaciones y capacitaciones anexas. Dado la magnitud y plazos de las inversiones, esta definición constituye un importante factor de corrección.
Con todo, se observa un notorio avance en la iniciativa, con acuerdo transversal en lo político y en las definiciones técnicas en un tema de largo debate y diseño en las últimas administraciones y gobiernos. Como pocos, el resultado de este proyecto, revela un alto contenido de política pública de Estado.
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