La maniobra antiperuana se ejecuta mediante Resolución Suprema suscrita por García, Cornejo y Jaime Thorne, ministro de Defensa. Es tan vergonzosa, que apareció ayer en El Peruano en una hoja suelta que puede pasar inadvertida. Para más señas, el texto se presenta con el título de Normas Legales, Edición Extraordinaria… con fecha del jueves 27. ¡En la edición del viernes 28!
Por si fuera poco, la Resolución aparece acompañada de un aviso a página entera de Andina, la agencia oficial de noticias y, además, unas normas truncas que nada tienen que ver con el texto felón.
¿Por qué tanto confusionismo?
El capitán de navío retirado Lizandro Paredes nos da la clave, en declaraciones a nuestro diario que publicamos en otra página: “El único objetivo de esta norma es rematar la Base Naval del Callao bajo la cubierta de que sólo se van a ofrecer en concesión las islas San Lorenzo y El Frontón a empresas Chilenas para la construcción de hoteles, casas de juego y casinos”.
Con justa indignación, el marino otorga a Alan García el título de traidor a la patria. Y no sólo debido a la medida recién conocida, sino también por vender toda la infraestructura relacionada con la Defensa Nacional: puertos, servicios y centrales de energía.
El capitán de navío aduce que la Resolución reciente y dispositivos previos violan una ley de 1969, que declara que San Lorenzo y El Frontón forman parte de la Defensa Nacional.
La Resolución del trío García-Cornejo-Thorne no ha consultado con el Congreso y otras instituciones oficiales para adoptar la medida antiperuana. Se puede estar convencido de que ella ha sido, en cambio, largamente meditada por los militares Chilenos.
La arbitraria Resolución de García debe ser examinada y anulada por el Congreso. Para el debate, se debe exigir toda la documentación pertinente.
Aparte del valor estratégico del área que quiere arrebatarse a la soberanía nacional, San Lorenzo y El Frontón son dones de la naturaleza para la seguridad física de nuestro primer puerto.
Es de tal magnitud el crimen perpetrado, que debería exigirse a partidos y candidatos presidenciales que se pronuncien al respecto y exijan la anulación de la medida. La municipalidad del Callao y el Ministerio del Medio Ambiente tienen, asimismo, la palabra.
Desde luego, la Marina de Guerra debiera pronunciarse. En cuestiones vitales para la soberanía, la seguridad y la defensa nacional, las instituciones castrenses han demostrado –desde los días de Miguel Grau y del petróleo en el tema de La Brea y Pariñas– que tienen sus propios canales y su propio peso.
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