A estas alturas nadie se acuerda de un proyecto que, adjudicado y todo, se realizaría en Freire. Se trata del nuevo aeropuerto regional de La Araucanía, que según la carta Gantt, estaría para cortar la cinta entre 2013 y 2014.
Sin embargo, el recurso de protección presentado hace tres meses por seis comunidades detractoras de la inversión tiene parado el terminal aéreo.
¿Consecuencias? Un retraso en los plazos fijados originalmente. Y algo más... La posibilidad de que la empresa solicite al Ministerio de Obras Públicas (MOP) una indemnización por daños y perjuicios.
OTRO APLAZAMIENTO
Desde que se presentó el recurso (y con orden de no innovar de por medio), por distintas razones se habían ido aplazando los alegatos. Ayer la Corte de Apelaciones había programado esta instancia. Pero, la falta de algunos documentos hizo que la audiencia se cancelara. Una vez más.
Hernando Silva, abogado del Observatorio Ciudadano (que asesora a las comunidades), explica que la Corte tomó esa decisión porque faltaban unos antecedentes que quieren revisar antes de ver la causa.
Estos se relacionan con dos informes. Uno del Consejo de Monumentos Nacionales sobre la existencia de sitios de significación cultural en el espacio donde se construirá el aeropuerto. El otro es de la Conadi respecto a la aplicabilidad en el sector del artículo 20 letra b sobre la adquisición de tierras.
Para apurar la causa, la próxima semana las comunidades harán llegar a la Conadi el informe sobre sitios de significación cultural que elaboró la Universidad Austral de Chile.
CONFORME
Son seis las comunidades que presentaron el recurso para que el proyecto no se emplace en el sector Quepe-Pelales. Ellos quieren que se les devuelvan las tierras donde se construirá el aeropuerto.
Para ello se ampararon en el Convenio 169 de la OIT, que exige un proceso de consulta a los pueblos originarios cuando se realizan inversiones en sectores aledaños.
Iván Reyes, líder de este grupo, menciona que está conforme con cómo se ha dado el proceso. "Dijimos desde un principio que no estaban todos los estudios, que son tierras ancestrales mapuches y que se han vulnerado nuestros derechos", comenta.
El dirigente añade que posee un estudio económico de la Universidad Católica que muestra que el terminal aéreo no tendría impacto en la economía regional.
¿INDEMNIZACIÓN?
El 1 de junio la Corte de Apelaciones decretó orden de no innovar para el proyecto. Esto implica que las obras quedan detenidas durante el tiempo que tome ver la causa.
"Lo que se iba a hacer es la ingeniería de detalles en este tiempo y para eso se requería hacer unos análisis. Eso no ha ocurrido", menciona Erwin Gudenschwager.
El seremi de Hacienda explica que esto podría representar un retraso en el cronograma de Belfi, la empresa que se adjudicó la concesión del aeropuerto.
Luis Henríquez, director regional de Aeropuertos, reconoce que el contrato que se firmó entre Belfi y el MOP establece situaciones en las que se puede pedir una indemnización.
"A la fecha no se ha presentado la solicitud. La empresa sólo pidió que una vez que se resuelva el tema jurídico se le dé un poco más de plazo para realizar las actividades pendientes", explica Henríquez.
Ya han pasado dos meses y medio desde que se paralizó la inversión. Sin embargo, el director regional de aeropuertos no sabe aún de cuánto será el retraso en la ejecución de las obras.
Por ahora, las autoridades esperan que el asunto se resuelva lo más pronto posible. Aunque Iván Reyes afirma que durante el proceso de licitación no se les consultó, tal como establece el 169, Gudenschwager confía en que el MOP cumplió con todos los procedimientos y espera que el fallo les sea favorable.
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