Artículo ecuatoriano: Decisión acertada

El presidente Correa ha hecho bien en ratificar, conjuntamente con el presidente Piñera, la vigencia de los acuerdos tripartitos de 1952 y 1954 entre Ecuador, Perú y Chile (a los que Colombia luego se unió) como acuerdos que fijan los límites marítimos entre estas naciones. Y no podía ser de otra manera. Desde más de medio siglo el Ecuador ha venido sosteniendo que tales acuerdos además de regular el manejo de sus recursos costeros también establecieron para los signatarios sus fronteras en el mar que comparten. La Cancillería nacional ha sido constante y firme en esta política. No había razón entonces para apartarse de esta línea. Este es otro caso en que no cabe renegar de decisiones adoptadas en el pasado.

Pero no solamente el Ecuador ha entendido a estos convenios como acuerdos limítrofes sino que igual lo han hecho Chile y el propio Perú. Ha sido en los últimos años que el Perú optó por una interpretación diferente, pues, al parecer ello le serviría para sustentar su disputa con Chile. Pero ese giro del Perú es responsabilidad suya. En el supuesto que el Ecuador habría guardado silencio ante un asunto de tanta envergadura, a Chile le habría sido fácil demostrar en La Haya que nuestro país coincidía con su tesis de que los convenios son de límites, pues, han sido múltiples nuestras declaraciones públicas en ese sentido.

La manera algo deportiva con la que Alan García trató este tema con cartas privadas debe llamar a la reflexión. En materia internacional, más aún en asuntos limítrofes, los estados deben expresar su voluntad sujetándose a determinadas formalidades. Hasta en tiempos de los mongoles los límites se fijaban siguiendo solemnidades.

Lo siguiente es acceder a la Convención del Mar; un instrumento prácticamente universal, pues, 160 naciones forman parte de él. No hay justificación para postergar más este asunto. Aquí también se trata de una política de Estado a la que hay que dar continuidad. El presidente Noboa tuvo el acierto de dar inicio al proceso. El Tribunal Constitucional de entonces emitió un dictamen favorable a su aprobación, pues, no encontró ninguna infracción constitucional en dicho acuerdo.

Lamentablemente desde entonces el asunto duerme en el Parlamento esperando que dicha corporación dé su aprobación para viabilizar su ratificación. Para el Ecuador este convenio no significa ninguna “pérdida territorial” o “violación a su soberanía”. Sucesivos gobiernos han caído rehenes de semejantes argumentos chovinistas demagógicos y nada han hecho al respecto. Al acceder al tratado el Ecuador deberá, obviamente, declarar que deja a salvo los convenios de 1952 y 1954 en lo referente a sus límites marítimos allí fijados, tal como lo hizo Chile en su momento.

El tráfico internacional contemporáneo se mueve hoy sobre las coordenadas de convenciones y tratados multilaterales de los que nuestro país no puede ni debe quedarse fuera por intereses coyunturales. Lo que nos pasó con la Convención de Mar debe servirnos de lección para el futuro y no volver a someter los intereses permanentes del Estado a preferencias políticas transitorias.



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