Todos los gobiernos tienen fortalezas y debilidades propias, pero también heredan aquellas que tradicionalmente ha tenido su sector. En la derecha, la relación de los negocios y la política siempre ha sido un problema. Otro: la desconfianza en los partidos políticos ha marcado a gobiernos derechistas anteriores. En tanto Sebastián Piñera logre crear un cortafuego poderoso entre la política y los negocios, que sea vigorosamente aplicado a todos los puestos de confianza de su gobierno, podrá romper con ese peso de la historia. Y si es capaz de construir una relación de confianza y colaboración con la UDI y RN -para que terminen más fortalecidos después de su cuatrienio- habrá sepultado también el peor fantasma de su sector.
Durante sus décadas en el poder, la Concertación alimentó sospechas de confundir diversidad con cuoteo partidista. Desde el gobierno de Aylwin con su "partido transversal" hasta el de Bachelet con su gabinete paritario, estas administraciones entendían la diversidad como una forma de cuotas. Los conflictos de interés en estos gobiernos se evidenciaban en su cercanía con sindicatos -más que pro-empleo, fueron pro-trabajadores, más que pro-educación fueron pro-profesores- y en la migración de algunos altos funcionarios desde el sector público al privado.
El gobierno de Piñera parece ahora tropezar con las mismas piedras, pero de forma distinta. Al nombrar el gabinete, ha confundido diversidad con presencia de independientes. Equivocadamente, la no militancia política ha reemplazado la diversidad de orígenes, trayectorias de vida y de competencias profesionales.
Los potenciales conflictos de interés entre política y negocios han quedado en evidencia, porque la migración ha sido desde la empresa privada al sector público. En su defensa, la Alianza puede alegar que, con la Concertación, no se creó un cortafuego efectivo para evitar que los reguladores pasaran a trabajar para los regulados. Pero ese argumento es débil. Primero, Piñera prometió terminar con las malas prácticas de la Concertación, no reproducirlas.
Segundo, el que la migración sea desde lo privado a lo público alimenta sospechas sobre los intereses que defenderán estos nuevos servidores públicos. Con tantos gerentes y directores de empresas en el gabinete, el gobierno bien puede ser más pro-empresas y pro-negocios que pro-mercado y pro-consumidores. Además, a diferencia de un consumidor, cuya importancia depende de lo grueso de su billetera, en políticas públicas los clientes más importantes son los que menos tienen.
Reconocidamente, nuestra institucionalidad no tiene buenos mecanismos para lidiar con estos potenciales conflictos. Si se apegan a la letra de la ley, los ministros que vienen de asesorar empresas relacionadas con sus carteras o cuyos intereses económicos están en sectores y empresas reguladas, terminarían absteniéndose de participar en decisiones importantes.
La ley de procedimiento administrativo (19.880), promulgada en 2003, señala que los funcionarios públicos no podrán participar en decisiones donde hayan tenido con el interesado "relación de servicios o prestación de servicios profesionales durante los últimos dos años" (artículo 12). Esta normativa excluiría, por ejemplo, al ministro de Salud de cualquier decisión que afecte a clínicas privadas. A Joaquín Lavín, titular de Educación, de las que afecten a universidades. Los ministros de Hacienda, Economía o Transportes no podrían participar en definiciones que afecten a las numerosas empresas a las que han asesorado. A su vez, el titular de RR.EE. difícilmente podría participar en alguna renegociación o ampliación de acuerdos de libre comercio. Naturalmente, el gobierno puede alegar que esta ley tampoco fue cumplida a cabalidad durante los gobiernos de la Concertación. Pero además, de que mal de muchos es consuelo de tontos, la promesa de la nueva forma de hacer gobierno incluye más transparencia, mejor gestión y más respeto por la legislación existente.
En principio, no hay nada malo con reclutar buenos gerentes y personas con notables credenciales académicas, intachables carreras profesionales en el sector privado y buenas relaciones con el mundo de los negocios. Después de 20 años de administraciones concertacionistas, las mejoras en gestión pública serán bienvenidas. Pero todo cambio tiene costos y cada reforma produce resultados inesperados y genera nuevos problemas. Por eso, la creación de un cortafuego efectivo entre política y negocios se hace especialmente necesaria en el gobierno de Piñera.
Felizmente para él, la otra debilidad histórica de la derecha se puede convertir en una fortaleza que le ayude a crear ese muro del que, por cierto, depende el éxito de su gobierno. En estos 20 años en la oposición, la UDI y RN se profesionalizaron. A diferencia de lo que siempre ocurrió en Chile -y que se profundizó en dictadura cuando ser político era casi un crimen- hoy hay políticos profesionales. En la UDI y RN hay legisladores y alcaldes cuyo poder emana de la voluntad popular. Esos son los mejores aliados que puede tener Piñera para construir un cortafuego efectivo entre el mundo empresarial y el político.
Son ellos los que seguirán en la política aun si los gerentes y empresarios ministros abandonan el gobierno. Por ello, el Presidente electo debe construir una relación de confianza y colaboración con los dos partidos que, después de todo, le ayudaron -mucho más que sus ministros recién nombrados- a alcanzar el poder y cuyo objetivo es seguir ahí después de 2013.
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