EL GOBIERNO promulgó la semana pasada una ley que reduce de 22 a siete días la duración promedio de los trámites necesarios para inscribir una nueva empresa. El objetivo, según el ministro de Economía, "es facilitar el acceso de nuevos emprendedores a la actividad", pues "el principal motor de la productividad es el emprendimiento y la innovación que traen consigo los nuevos empresarios". De cumplirse lo establecido en esta norma, Chile mejoraría la media de países miembros de la Ocde, donde crear una empresa demora 13,8 días (en América Latina el promedio es 56,7 días). La meta, ha dicho el titular de Economía, es que eventualmente el conjunto de los trámites no exija más que un día, igualando a Nueva Zelandia. También bajará su costo, pues la publicación en el Diario Oficial será gratuita para empresas de hasta 5.000 UF de capital.
La iniciativa legal es bienvenida, pues busca remover barreras burocráticas que se han vuelto obstáculos al emprendimiento por su costo y lentitud. Facilitar y abaratar la creación de nuevas empresas es una forma efectiva de estimular a muchos potenciales emprendedores a sacar adelante sus proyectos. Será preciso evaluar en qué medida la nueva ley contribuye efectivamente a alcanzar ese objetivo.
Con todo, el tiempo que demora inscribir una empresa, y el costo asociado, son sólo dos de los factores que inhiben el emprendimiento. Más determinante, sin duda, es un mercado laboral cuyas rigideces dificultan la contratación de mano de obra. Asimismo, la complejidad y los elevados costos de una quiebra -y el estigma que en Chile se asocia a esa experiencia- también tienen efectos nocivos en el dinamismo empresarial. Estas son áreas que el gobierno no debe descuidar en sus valorables esfuerzos por impulsar el emprendimiento.
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