Chile, casa de inmigrantes latinoamericanos

Peruanos y bolivianos se han unido a los argentinos para emigrar a su país vecino en los últimos años. Van en busca de empleo y una vida más segura a Chile, donde los inmigrantes se han convertido ya en el dos por ciento de la población.

Hace 35 años, Chile era uno de los mayores exportadores de emigrantes. Hoy es un destino prioritario para los latinoamericanos que buscan estabilidad económica y política.

Desde 2000 a 2009, la inmigración creció en un 91%, solo contando los inmigrantes legales. Mientras tanto, decenas de miles de inmigrantes ilegales buscan fórmulas que les permitan instalarse en el país.

Los más de 360.000 extranjeros que hay en Chile suponen aproximadamente el 2% de la población total. Ya no son los inmigrantes europeos a los que Chile animaba a venir en los siglos 19 y 20 para impulsar la producción agrícola y el comercio. En los últimos 20 años, más del 60% de los inmigrantes que hay actualmente en el país provienen de los estados fronterizos, principalmente peruanos (37,1%), argentinos (172%) y bolivianos (6,8%).

Los chilenos han bautizado a esta nueva tendencia con el nombre “Nueva Inmigración”, para referirse al flujo de inmigrantes improvisados que proceden de los estados limítrofes y que vienen buscando trabajo, estabilidad y una mejor calidad de vida.

Los chilenos -que hasta hace sólo 15 años apenas veían a indígenas o a gente negra caminando por las calles- están empezando a darse cuenta de que su perfil demográfico está cambiando. Pero esto significa que ellos tienen que hacer serios esfuerzos para aplacar un incipiente racismo y xenofobia que se ven alentados por el miedo a perder sus trabajos debido a los extranjeros.

“Los chilenos siempre han recibido a los inmigrantes de ojos azules con los brazos abiertos. Pero no han hecho lo mismo con los trabajadores de piel oscura procedentes de sus países vecinos”, afirma la congresista María Antonieta Saa, que ha estado presionando para que se apruebe una nueva ley migratoria. "Es ahora cuando empezamos a darnos cuenta de que estamos viviendo entre inmigrantes”.

Una encuesta sobre inmigración realizada por el Gobierno en 2008 en tres regiones del país reveló que una media de un tercio de inmigrantes ha sufrido algún tipo de discriminación. Y entre los peruanos y bolivianos afincados en el norte del país la proporción es mucho mayor.

Más del 70 por ciento de los inmigrantes llegan a Chile en busca de un trabajo, según este estudio, incluyendo a los colombianos como José. José, de 30 años, no dice su apellido porque está intentando encontrar un camino que le permita quedarse en Chile y traer a su mujer y a sus dos hijos desde Cali. Él llegó en el mes de noviembre con un visado de turista concedido por tres meses y tiene un trabajo en negro (sin contrato) con un amigo en una compañía de limpieza.

“En Colombia, trabajaba vendiendo enciclopedias, biblias y libros de texto. Pero aquí tienes la posibilidad de estirar mucho más tu dinero. Y puedes salir por las calles sin problema, no hay tanta violencia”, explica.

José se deja caer alguna mañana por una peluquería propiedad de Marta, una inmigrante de avanzada edad natural de Guayaquil (Ecuador). Ella llegó hace siete años y tiene tres hermanas, ocho nietos y tres biznietos en Chile, todos con visados permanentes de residencias.

Su pequeño negocio es una de las docenas de las principales tiendas, heladerías y restaurantes peruanos, salpicadas con centros de cambio de divisas, mensajerías y locutorios que se concentran en un área conocida como “La Pequeña Lima”.

Pero es en el desierto norte –en las áreas que cedieron Perú y Bolivia a Chile durante la Guerra del Pacífico del siglo XIX- donde la concentración de inmigrantes peruanos y bolivianos cambia radicalmente la demografía local.

“La población inmigrante cada vez se hace más visible. Por ejemplo, puedes ver un restaurante peruano al lado de una tienda de artesanía ecuatoriana que está justo al lado de un McDonald's”, explica Carmen Torres, coordinadora del proyecto “Ciudadanía y protección de los derechos humanos de la población inmigrante en Chile” y directora ejecutiva de la Fundación Instituto de la Mujer.

Aunque los últimos gobiernos han aprobado una multitud de decretos y de guías de actuación para tratar de proteger los derechos de los inmigrantes y el acceso a los servicios públicos, la ley de inmigración en Chile no se ha modificado desde los días del dictador Augusto Pinochet. Cuando Pinochet aprobó la ley de inmigración de Chile en 1975, en los años de la dictadura militar, él tenía una idea en mente: mantener alejados a potenciales subversivos "indeseables" y a los exiliados que él mismo había expulsado del país.

Un conjunto de ONGs, centros de investigación, miembros del congreso y académicos han estado pidiendo reformas y que cambie la ley que “otorga enormes poderes y una enorme discrecionalidad a los gobiernos y a los empleados oficiales a la hora de decidir el destino de un inmigrante”, explicó Victor Hugo Lagos, un abogado de Clínicas Jurídicas de Migrantes del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.

Los contratos de trabajo plantean otro problema. Un inmigrante con un permiso de trabajo podría solicitar la residencia después de dos años. Pero si el inmigrante cambia de trabajo entonces debe empezar de nuevo, como le sucedió a Inés Cuevas, una peruana de 38 años de la región de Trujillo, que cuenta su experiencia de primera mano.

En el año 2000, Cuevas entró en Chile desde la frontera norte, después se dirigió hacia Santiago, donde empezó a trabajar. Pero sus empleadores la despidieron antes de que completara los dos años. A partir de ese momento, fue de trabajo en trabajo y durante siete años estuvo cubriendo distintos puestos como limpiadora en un orfanato y en casas privadas hasta que consiguió beneficiarse de una amnistía general en 2007.

Como Cuevas, la mayoría de inmigrantes viven en la capital y, a excepción de los argentinos, muchos trabajan en los sectores de construcción y empleados de hogar.

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