Los errores al preparar un asado

Humor: Chascarros en Canal 13

Frei reconoció errores ante empresarios: Manejo de la crisis asiática y el gas argentino

El candidato dijo que velará por una coordinación económica que no tuvo en su anterior período. Sobre el gas, matizó diciendo que ese insumo permitió menores costos.

En la reservada reunión que sostuvo el candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, con un selecto grupo de empresarios y economistas en la sede del Centro de Estudios Públicos (CEP) no hubo espacio sólo para sus propuestas en materia económica. El ex Presidente de la República reconoció también errores en su anterior período, especialmente en lo que fue el manejo de la crisis asiática y la deficiente coordinación entre el Banco Central y Hacienda.

En su discurso, el candidato dijo que en un futuro gobierno continuarían con la coordinación fiscal-monetaria que ha mostrado la actual administración liderada por Michelle Bachelet, y que tiene a Andrés Velasco y José De Gregorio encabezando a Hacienda y al Central.

Al tocar este punto, el candidato reconoció no haber tenido los resultados esperados durante su gobierno (entre 1994 y 2000) en esta materia, al decir que "lamentablemente (esta coordinación) no se observó durante la crisis asiática". Además, agregó: "Lo digo con todas sus letras, pues tenemos que aprender de las experiencias pasadas".

Con este ánimo de no repetir equivocaciones postuló que si bien respetaría plenamente la independencia del Banco Central (BC), en una futura administración la coordinación fiscal-monetaria será un eje central del manejo fiscal de un próximo gobierno, "ya que no se puede correr el riesgo de que nuevamente los esfuerzos de un actor sean neutralizados por otro", manifestó el candidato.

Los efectos que tuvo en Chile la crisis asiática son atribuidos, en gran medida, a falta de coordinación entre el presidente del Banco Central de la época, Carlos Massad, y el titular de Hacienda, Eduardo Aninat.

La seguridad energética fue un principio básico que el candidato anunció. Sobre este punto, dijo enfático: "¡Nunca más lo que nos pasó con el gas natural!", haciendo alusión a los problemas de abastecimiento que tuvo Chile por los cortes en los envíos de gas argentino.

Aunque varios de los presentes afirmaron que esto fue una forma de reconocer que la fuerte apuesta por el gas natural trasandino terminó dejando a Chile en una situación de inseguridad energética, de todos modos Frei se dio tiempo de defender su decisión y que el gas natural tuvo también consecuencias positivas en la economía nacional, fundamentalmente por la reducción de costos energéticos.

Aclaró que "la cooperación internacional en un marco diversificado es perfectamente compatible con seguridad energética".

Mea culpa de Frei"

Lamentablemente no se observó (coordinación) durante la crisis asiática (...) Lo digo con todas sus letras, pues tenemos que aprender de las experiencias pasadas".

El minuto a minuto del candidato en la sede del think tank

Eduardo Frei se bajó del lado del copiloto de una van blanca. Segundos después, él mismo abrió la puerta trasera del vehículo y descendió parte de su equipo económico, encabezado por Óscar Landerretche y José Miguel Benavente. Posaron para la foto y entraron al Centro de Estudios Públicos (CEP).

En la sede del think tank ubicado en Providencia lo esperaba un reducido grupo de empresarios. El candidato presidencial de la Concertación llegó antes de lo agendado: la reunión que tenía como objetivo detallar su programa de gobierno y responder a las consultas de los selectos invitados estaba programada para las 9:15.

9:03 Si hasta el propio presidente del CEP, Eliodoro Matte, llegó varios minutos después de Frei. Y hubo otros empresarios que llegaron pasadas las 10 de la mañana.

9:15 La jornada se inició con la presentación que hizo Matte del candidato, quien, según sus cercanos, prácticamente no se salió de lo que tenía redactado (y que luego subió a su página web), aunque igual improvisó un par de ocasiones, reconocieron las mismas fuentes.

Tras el candidato expusieron sus asesores: Óscar Landerretche (estrategia de recuperación para salir de la crisis y reforma al Ministerio de Hacienda); Claudio Orrego (reforma al Estado y descentralización); Claudia Peirano (educación y potenciar el rol del Estado en la materia); Cristóbal Huneeus y Jaime Ruiz-Tagle (mercado del trabajo, capacitación, negociación colectiva y nuevo código del trabajo); Eduardo Correa (institucionalidad ambiental y reformar el código de aguas).

Los dos últimos en exponer fueron Aldo González, sobre competencia y protección al consumidor, medidas anticolusión y reforzar instituciones fiscalizadoras, y José Miguel Benavente, quien habló sobre innovación y emprendimiento y en relación a la propuesta de crear un Ministerio de Desarrollo Económico que reemplace al de Economía.

11:00 Luego de las exposiciones de los asesores, vino un coffe break de más o menos media hora. Después, vinieron las preguntas. En general, casi todas las respondió el candidato. En un par de ocasiones le pidió al economista Óscar Landerretche que lo complementara.

Hubo un par de oportunidades en que se excusó de responder porque lo consultado era una materia que aun no definía. Por ejemplo, eso ocurrió cuando se le consultó sobre su propuesta para la educación superior.

14:00 Tras cinco horas , Eduardo Frei abandona el CEP junto a sus asesores. Algunos de sus cercanos afirmaron que quedó muy satisfecho con su ida al centro de estudios, pero un tanto cansado por lo largo de la reunión.

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Desatinos (energéticos) en Hispanoamérica

También desatinos energéticos. Aquéllos son consecuencia directa y lamentable de éstos, en gran medida. Sorprende que, justo desde unos días antes del actual periplo del ministro español de Asuntos Exteriores por países hispanoamericanos, e incluso coincidiendo con su estancia allí, se han hecho públicos varios hechos alarmantes.

La mayoría, afectando al sector energético regional, lo que podría complicar la agenda del ministro Moratinos y su nutrido séquito acompañante de empresarios españoles. Varios de ellos, precisamente, del sector energético.

Confusión y problemas

Citemos algunos de esos hechos, quizás ahora inesperados. También previsibles en algún momento. El presidente venezolano ordenó anteayer congelar las relaciones de su país con la vecina Colombia, políticamente ya muy difíciles.

Precisamente este país exporta gas a Venezuela, complementando su producción propia, insuficiente aún para atender sus necesidades. Ello pese a tener unas grandes reservas, todavía sin desarrollar tras muchos avatares y retrasos de sus posibles proyectos de explotación.

Chávez amenaza con cortar las importaciones del gas colombiano, no teniendo ninguna alternativa inmediata para sustituirlo. Como aquel dicho: “Que se fastidie el sargento, que no como rancho”. Propone sustituir Colombia por Bolivia y Ecuador (regímenes afines) o Centroamérica, en general. El problema es que Venezuela no está unida por gasoducto a ningún país… excepto a Colombia.

Tampoco tiene terminales de recepción y regasificación de gas natural licuado (GNL), que podría llegar por buque metanero desde la próxima Trinidad, gran exportador de GNL.

Bolivia, con un régimen político muy próximo ideológicamente al chavismo venezolano, también tiene problemas. Es un país con grandes reservas de gas, exportando por gasoducto volúmenes importantes (vitales para su débil economía) a Brasil y Argentina.

Dicho gas contiene hidrocarburos líquidos, como gasolinas y GLP (propano y butano), que recupera y utiliza en su consumo doméstico. Pudiendo ser más que autosuficiente, ahora necesita importarlos. Más gasóleo de Argentina, de Venezuela… ¡y de Chile! Resalto a Chile porque una de las principales causas del advenimiento de Evo Morales a la Presidencia fue no aceptar exportar gas boliviano (como GNL) a través de un puerto chileno.

No teniendo Bolivia acceso directo al mar, tampoco tenía muchas alternativas. Otro hecho sorprendente: declarándose una potencia gasífera, Bolivia no tiene ahora una cifra fiable y actualizada de sus reservas. Su última certificación fue bajo el mandato presidencial de Sánchez de Lozada, en 2005.

Lógicamente (o ilógicamente), el actual régimen de Morales reniega de aquella certificación, rechazándola cual anatema. Desde su llegada al poder, ha intentado revisar aquellas cifras (1,5 billones de metros cúbicos), convocando concursos internacionales e invitando a las compañías especialistas.

La Administración boliviana es ahora tan compleja y burocratizada que ya han sido declarados desiertos dos concursos, y siguen aún esperando conseguir una nueva certificación. Sin datos oficiales de reservas, no puede planificarse su desarrollo, ni su producción… ni obtenerse créditos internacionales respaldados por dichos recursos.

Gas: negocio volátil

La seudonacionalización salvaje de los hidrocarburos bolivianos por Evo Morales ha tenido consecuencias nefastas para la economía del país. A corto, parecía espectacularmente positiva. De la noche a la mañana, pasaron al Estado muchos de los ingresos que hasta entonces percibían las compañías internacionales.

Éstas habían invertido, explorado, descubierto, desarrollado y estaban produciendo el gas que se encontraba en el subsuelo boliviano. Según Morales y sus corifeos, arrebataban la riqueza a la Pachamama (Madre Tierra) y el dinero al país. Con el nuevo marco, claramente indigenista-bolivariano, más la sensación indisimulada de entrar en un periodo de inseguridad jurídica y fiscal, las compañías internacionales sopesaron –y sopesan– mucho sus inversiones.

Éstas se han desplomado desde la llegada de Evo Morales y su nuevo escenario. Consecuentemente, en algunos meses Bolivia ha sido incapaz de cumplir sus compromisos de entregas de gas a sus clientes, Brasil y Argentina (en octubre sólo recibía un 23% de su contrato), al caer la producción. Peor aún, ahora dichos países no necesitan vitalmente todo el recurso boliviano que antes compraban pues, ante el riesgo de corte de los suministros, están buscando otras alternativas.

En Brasil, vía mayor producción doméstica e importando GNL a través de dos nuevas terminales costeras. Mientras, Argentina, antaño neta exportadora de gas y necesitando ahora importarlo para cubrir su déficit –otro lamentable ejemplo de incompetencia política– intenta angustiosamente elevar su producción. Hasta no conseguirlo, cubre picos de demanda importando GNL y regasificándolo en instalaciones flotantes, alquiladas a terceros.

Un reto tecnológico, resuelto satisfactoriamente, pero carísimo. Cuesta ocho veces más de lo que se pagaba a los productores locales… para venderlo finalmente a los consumidores argentinos a un precio salvajemente subvencionado. A costa de las arcas del país.

Precisamente anteayer, el Gobierno argentino firmó un acuerdo para subir un 60%, desde el próximo enero, el precio del gas a pagar a las compañías productoras. El objetivo es incentivar la inversión. Para descubrir y desarrollar nuevas reservas de gas, intentando aumentar sensiblemente la producción sin tener que depender de suministradores poco fiables (Bolivia) o muy caros (regasificación marina de GNL).

Resulta dramático aplicar ahora esta lógica medida. Las sucesivas congelaciones de tarifas e incremento de impuestos que aplicó el Gobierno de Néstor Kirchner fueron las que desmotivaron a las compañías a invertir. Ahora le toca a su esposa, Cristina Fernández, aplicar urgentemente medidas drásticas para intentar corregir aquellos dislates.

Lamentablemente, su efecto, si realmente llega a aplicarse la subida de tarifas, tardará en notarse en la producción. Eso sí, instantáneamente incrementará la inflación al repercutirse al consumidor. Y si no fuere así, tendrán que darle más a la manivela de las subvenciones. Más problemas para la solidez económica argentina.

Líos de vecinos

Chile tiene pocos recursos gasíferos. Antes importaba el hidrocarburo de Argentina, cuando ésta era autosuficiente. No siéndolo ya, los chilenos utilizan gas boliviano recibido a través de los anteriores gasoductos. Riesgo doble. Bolivia ha demostrado no ser fiable en sus exportaciones, forzada a recortarlas por producción insuficiente, y Argentina, cuando necesita angustiosamente todo el gas posible, no se lo suministra a Chile.

El Gobierno de Bachelet ha adoptado una solución drástica. Cortando por lo sano, ha construido rápidamente (en dos años, todo un récord) una terminal costera –Quintero– para recibir GNL, estando construyéndose una segunda terminal en el puerto de Mejillones.

Desde el día 13, Chile ya recibe, regasifica y consume el ansiado GNL, lo que les liberará de las servidumbres impuestas por sus vecinos. A Argentina no le afectará demasiado, pero perderá las tarifas de paso del gas boliviano hacia Chile. Para Bolivia es un golpe durísimo, pues es otro cliente que reduce sus compras. Y tiene muy pocos.

Éste es el inquietante marco en el que deberán desenvolverse los nuevos contratos y acuerdos resultantes del actual periplo del ministro Moratinos y los ejecutivos de empresas españolas. Confiemos en que no haya más desatinos políticos y energéticos en aquella región.

Difícil, pero parece que la ilusión persiste todavía. Aunque conviene recordar, entre otros despropósitos, no sólo aplicables a Venezuela, la “generosa oferta” de Hugo Chávez el año pasado al ofrecernos petróleo a cien dólares fijos por barril… cuando el precio internacional cayó al poco tiempo a la mitad. Incluso el homólogo venezolano de Moratinos dice ahora que “España puede acompañar a Venezuela en el cambio que vive”. Sólo nos faltaría hacernos cómplices del chavismo.

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El error estratégico que casi comete la Concertación y cómo el antichilenismo peruano nos salvó

Nota: El año 2005, ignorando las claras muestras de descontento popular antichileno en Perú, el ex Ministro de Economía chileno, Jorge Rodríguez Grossi, impulsó un proyecto de integración energética sudamericana, llamada eufemísticamente el "anillo energético".

Este proyecto buscaba transportar las reservas de gas de Camisea (en Perú) hacia el norte de Chile, Argentina y Brasil, con la idea de que Bolivia se sumara en el futuro.

Obviamente -y afortunadamente- el proyecto no prosperó... pero no porque Rodriguez Grossi no quisiera, ni hiciera todo su esfuerzo por concretarlo, sino por el rechazo del público peruano... no porque Perú creyera no tener gas suficiente para exportar, sino porque el "anillo energético" incluía a Chile.

Pues bien, hoy (apenas 4 años más tarde) en Perú se discute si ese país siquiera tiene gas suficiente para su propio consumo, y se habla de cancelar la exportación de gas a México, aun cuando una empresa extrajera invirtió miles de millones de dólares en Perú para construir un puerto gasificador.

Suponiendo que el anillo de Rodríguez Grossi hubiese prosperado, ¿que tan seguro sería hoy nuestro suministro de gas, si los peruanos están presionando para cancelar la exportación de gas a México, país con el que los peruanos no tienen ninguna odiosidad?

Sin duda, a Chile ya le habrían cortado el gas hace rato, con el mismo argumento argentino de la necesidad de satisfacer las necesidades internas primero (o por la demanda marítima o por que "sería usado para apoyar el armamentismo chileno", por suministrar energía a las mineras que proveen los fondos de la ley del cobre, con la que Chile compra armas).

Esto demuestra lo que dije hace tiempo en este blog: La construcción del puerto regasificador de Quintero es una buena noticia para Chile, pero la Concertación no debe presentarlo como un "logro", porque en realidad, es un parche un error estratégico previo, que nos costo miles de millones de dólares producto del alza de los costos de la energía, por la perdida de competitividad, por el cierre de industrias y perdida de empleos, etc....... ERROR ESTRATEGICO QUE CASI REPLICA LA CONCERTACION CON LA IDEA TOSUDA E IRRESPONSABLE DE COMPRARLE GAS A PERU, otro proveedor poco confiable y riesgoso.

Vaya ironía, sólo nos salvamos de otra metida de pata GRACIAS al antichilenismo de la mayoría de los peruanos. Finalmente, esto también demuestra que la simplista e inocente política comercial y económica de Chile hacia Perú, no considera los riesgos políticos y geopolíticos asociados, y requiere un mayor análisis y replanteamiento.

Respecto a las dificultades de concretar el anillo energético: "Nunca pierdo el optimismo porque sé que los presidentes ven los intereses de cada uno de sus países. Lo que sí puedo señalar es que el documento del tratado va a estar terminado, así que ellos son dueños de tomar la decisión que crean más apropiada". Ministro chileno de Energía, Jorge Rodríguez Grossi.

Perú: La inacción del Estado y la pérdida de reservas de gas

Durante años la Dirección General de Hidrocarburos (DGH), entidad encargada de supervisar las reservas, ha publicado cifras de reservas que, sabemos ahora, nada tienen que ver con la realidad.

Así, la DGH dijo que las reservas probadas de Camisea a diciembre del 2004 eran 10.87 billones de pies cúbicos (bpc; trillones de pies cúbicos, TCF, en inglés). En ese mismo informe, la DGH dice que éstas subieron a 11.2 bpc a diciembre del 2005 (Informe Anual de Reservas, Dirección de Yacimientos, Transporte Terrestre y Estadística, diciembre 2005).

En diciembre del 2007, la Dirección de Promoción y Concesiones de Hidrocarburos Líquidos de la DGH dice, en informe firmado por su director, que las reservas de Camisea fueron 11.15 bpc, nivel es similar al 2004 y 2005. Agrega elInforme: “los estimados de reservas de petróleo, gas natural y líquidos del gas natural (LGN) presentados por las compañías contratistas, fueron revisados y conciliados por la Dirección General de Hidrocarburos”.

Sin embargo, el reciente informe de la consultora de Pluspetrol, Gaffney, Cline y Asociados (GCA) dice que las reservas probadas de Camisea solo ascienden a 8.795 bpc, 21% menos que lo afirmado por la DGH en el 2007.

Esta “pérdida” de reservas probadas revela que el MEM y la DGH hace años que no contratan a un auditor internacional independiente para que revise y certifique los informes que presentan las empresas petroleras, como sí se hacía anteriormente.

La explicación benigna sería: se confía al 100% en la información de las empresas y se cree en ella a pie juntillas. Es lo que acaban de decir el viceministro Daniel Cámac y el director de la DGH Gustavo Navarro: “el estimado del Libro de Reservas del 2007 no corresponde a empresas certificadoras internacionales, sino a estimaciones del MEM con información enviada por las petroleras” (El Comercio, 18/6/09).

Pero en petróleo y gas hay intereses millonarios. Con la estimación de reservas de 11 bpc se autorizó la exportación de gas a México en el 2004. Con esa misma estimación se comenzó a negociar la venta del gas de Camisea al supuesto “anillo energético” en el 2005, que llevaría el gas de Camisea a Chile y a todo el Cono Sur.

Fue en esa época que el consorcio Camisea presentó a la DGH una estimación que elevaba las reservas probadas a 13.58 bpc, lo que la DGH no aceptó. Dijo entonces la DGH: “no se consideraron ciertas asunciones de Pluspetrol para la recategorización de reservas a la categoría de reservas probadas (…) Básicamente, las diferencias con respecto al informe de Pluspetrol se deben a la clasificación de reservas” (ver “Las verdaderas reservas de Camisea según la DGH”, www.cristaldemira.com, 01/07/2006).

Imagínense. La consultora GCA acaba de decir que solo hay 8.795 bpc de reservas probadas en el 2009, pero en el 2005 se planteaba subirlas de 11 a 13.58 ppc.

Esto quiere decir que no solo hay un problema de falta de capacidad de transporte porque la demanda ha hecho que los ductos existentes ya no puedan abastecer el rápido crecimiento de la demanda interna. Efectivamente, ese problema existe. Y es urgente solucionarlo. Pero el problema de fondo, el verdadero, es que Camisea hoy no tiene las suficientes reservas probadas para abastecer el mercado interno y, a la vez, exportar gas a México.

Todo esto sucede porque no hay un Plan energético de largo plazo. Como dice el reciente informe de Osinergmin: “En el Perú se ha implementado una política de negocios, pero no una política energética coherente a nivel nacional, pues cada una de las empresas toma sus decisiones en base a su propia estrategia empresarial” (ver Crisis energética y el fracaso del libre mercado, www.cristaldemira.com, 29/05/09).

El problema es que el Estado ha sido privatizado (igual ocurrió con los decretos legislativos para el TLC). Por eso, ni siquiera se certifican las reservas probadas con una consultora internacional. Es la hora del cambio.

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Piden priorizar demanda interna

La aparición del estudio de Gaffney, Cline & Asociados, realizado por encargo de Pluspetrol, revela que el nivel total de reservas probadas de Camisea asciende a 8,795 trillones de pies cúbicos de gas natural (TCF), cifra que significaría que se necesitan 7 u 8 trillones de TCF más para cubrir la actual demanda interna. El estudio puso de nuevo sobre el tapete el tema de garantizar el mercado nacional frente a la exportación de nuestros recursos a México.

Para el analista Jorge Manco, en este panorama cabe preguntarse si tiene sentido que un país pobre como el Perú, haga uso de sus reservas de gas natural para resolver el déficit energético de México.

“Desde el punto de vista de la economía energética, no sólo se trata de un problema de precio y regalías para el Estado peruano, se trata de afirmar en el mediano y largo plazo la autonomía y seguridad energética de nuestro país, que estarían ligadas al uso eficiente de las reservas probadas de gas natural provenientes del Lote 88”, manifestó.

En ese sentido, sostuvo que en esta coyuntura, las reservas de gas natural del Lote 88 debieran garantizar al país la autonomía y seguridad energética del Perú en el largo plazo, por lo que pidió la modificación del contrato de concesión, para que el gas de este lote se destine sólo al mercado interno. “Ni una sola molécula del Lote 88 debiera ser utilizada en el proyecto de exportación”, enfatizó.

Por su parte, el analista Rafael Laca recordó que, según el contrato firmado entre el Estado y Perú LNG, la empresa estaba autorizada a exportar las reservas existentes en el Lote 56 de Camisea, mientras que las del Lote 88 sólo podrían ser exportadas si se cumplía con abastecer el mercado interno por 20 años. “Sin embargo, se cambió a menos años, con las implicancias actuales”, refirió.

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Perú: No fue nada lo del ojo…

El canciller José Antonio García Belaunde es un optimista incurable, lo cual lo lleva a sostener que el Perú no está aislado en Sudamérica y que la única dificultad que existe es con Bolivia. Con Chile compartimos, según él, una relación idílica.

Las declaraciones del canciller formuladas ayer intentan, sin decirlo, una respuesta a nuestro diario, que acertó al definir la catástrofe diplomática que ha hecho que Ecuador dé la razón a Chile en el problema de fondo de nuestro diferendo con éste.

Ocurrió al comentar la insólita declaración del canciller de Ecuador, Fander Falconí, quien se adhiere a la actitud chilena que convierte en tratados de límites los acuerdos tripartitos (Perú, Chile, Ecuador) de 1952 y 1954 referentes a las 200 millas y la pesca, respectivamente.

La Declaración de 1952, sobre Zona Marítima, expresa: “los Gobiernos de Chile, Perú y Ecuador proclaman, como norma de su política internacional marítima, la soberanía y jurisdicción (nota: ¿no que sólo son acuerdos pesqueros?) exclusiva que a cada uno de ellos corresponde sobre el mar que baña las costas de sus respectivos países, hasta una distancia mínima de 200 millas marinas desde las referidas costas” (nota: Sí, pero en 1947 Chile, Perú y Ecuador declararon unilateralmente que esas 200 millas se miden con paralelos, desde la costa. Ahora Perú quiere cambiar la manera de medirlas).

Chile busca, gentilmente, despojar a una amplia zona del Perú de esa extensión (nota: falso, no le despoja nada a Perú, porque ese mar jamás ha estado bajo sobernía peruana. Ni siquiera antes de 1879, porque en esa época no se consideraba posible tener sobernía en el mar. Ese concepto es posterior). Arequipa, Moquegua y Tacna están entre las víctimas. Arequipa tendría que conformarse con 120 millas en Camaná y 92 millas en Punta de Bombón, Islay; Moquegua, con 46 millas en Punta Coles; y Tacna, con 27 millas en Punta Sal.

Conforme al Derecho Internacional, el Perú sostiene, sobre todo a través del ex canciller Manuel Rodríguez Cuadros, que no hay delimitación marítima unilateral (nota: no es unilateral, fue consagrada por tratados bilaterales ratificados por los congresos nacionales de cada país). Lo sustenta Rodríguez en su enjundioso libro Delimitación marítima con equidad. El caso de Perú y Chile (Peisa, Lima, 2007).

Por eso daña los derechos peruanos la actitud, “independiente”, del canciller ecuatoriano.

Aunque éste no sea un partido de fútbol, es un golpe severo contra el Perú que el Ecuador considere, contra el derecho y la razón, que las fronteras marítimas ya han sido definidas (nota: si no están definidas, ¿entonces el protocolo de 1998 está viciado y es inválido, y se abre la posibilidad de que Ecuador vuelta a reclamar sus derechos amazónicos? peligroso. Ese protocolo dice que las fronteras de Perú y Ecuador son claras y están "selladas", y los únicos documentos que sustentan la frontera marítima son los TRATADOS DE LIMITES de 1952 y 1954. Según la demanda peruana, para que exista una frontera definida, debe existir un tratado específico sobre ella, ¿cual es el tratado específico que sustenta la frontera marítima peruano-ecuatoria que el protocolo de 1998 dice esta clara y sellada? los TRATADOS LIMITROFES de 1952 y 1954, no hay otra posibilidad).

Evidentemente, García Belaunde no ha sopesado las tajantes declaraciones del canciller de Ecuador expuestas durante la visita a Quito del canciller de Chile, Mariano Fernández, recalcitrante enemigo del Perú, él sí (no Evo Morales).

Por eso, el jefe de nuestra diplomacia ha podido declarar, después de la visita de Fernández a Ecuador: “Nada nuevo ha ocurrido ayer en Quito”. Allí no ha pasado nada, según García Belaunde.

Esas palabras nos hicieron recordar las de un optimista que, tras una riña feroz, se jactó: “No fue nada lo del ojo”. ¡Y lo tenía en la mano!

Metafóricamente, nuestro canciller ha perdido la visión, y sólo tiene sangre en el ojo derecho contra Bolivia. Esa línea, dictada por Alan García desde los días de Bush, es un desastre envuelto en un fracaso.

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Perú: Alan García no tiene quién le crea

Una periodista europea me preguntó ayer cómo se explica que el pueblo peruano haya reelegido a un presidente que en su primer período se demostró corrupto e inepto. Mi respuesta fue amplia. En otro momento la sintetizaré. Pero ayer mismo, el presidente Alan García demostró que es hombre de una sola línea: sigue siendo fiel a su pasado.

Como decían en mi tiempo: “el que nació para gordo, aunque lo fajen de chico”.

Todos sus planteamientos sobre el perro del hortelano, que propician el despojo de las comunidades andinas y de la selva, tienden a favorecer a grandes inversionistas. En esta columna indiqué hace meses que uno de los que aspiran a ese negociazo es el banquero Dionisio Romero.

¿Alguien va a creer que el proyecto de García, traducido luego en Decretos Legislativos, es gratuito?

Ayer, García publicó un comunicado en que se refleja el otro rasgo de su personalidad: la enorme capacidad de mentir.

Dice el documento presidencial: “El Decreto Legislativo Nº 1015 establece que cada comunidad campesina que lo decide, con el voto de más del 51% de sus mienbros (sic), podrá alquilar, hipotecar, parcelar, etcétera sus tierras”.

Falso de toda falsedad.

El 20 de mayo del 2008, mediante el Decreto Legislativo 1015, el gobierno modificó el artículo 10 de la Ley 26505 para establecer en el inciso b del artículo modificado:

“Para la adquisición en propiedad por parte de miembros de la comunidad no posesionarios o de terceros, así como para gravar, arrendar o ejercer cualquier acto de disposición sobre las tierras comunales, se requerirá el voto a favor de no menos del 50 por ciento de los miembros asistentes a la asamblea instalada con el quórum correspondiente”.

Queda claro que el Decreto Legislativo 1015 no habla de 51%, sino de 50%. Y que, además, para decidir sobre las tierras, es decir, la vida de los comuneros, pueden participar “comuneros” no posesionarios o incluso terceros, o sea posibles inversionistas.

Una disposición de ese tipo no la aceptaría ninguna sociedad mercantil. Pregúntenle, si no, a Dionisio Romero, cuántas maniobras le costó asumir el control del Banco de Crédito.

Cuando llovieron las críticas contra el 1015, el régimen introdujo, a través del Decreto Legislativo 1073, una modificación, que no cambiaba nada sustancial. Expresa el 1073:

“Para la adquisición en propiedad por parte de miembros de la comunidad no posesionarios o de terceros, así como para gravar, arrendar o ejercer cualquier acto de dominio sobre las tierras comunales, se requerirá el voto a favor de no menos del 50 por ciento de los comuneros posesionarios con más de un año” (¿de edad?).

García no tiene quién le crea. Salvo los adulones. El Congreso de la República tiene hoy la posibilidad de librarse de ese estigma.

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