Jimmy Carter espera un acuerdo Perú, Chile y Bolivia para salida boliviana al mar

Nota: Nosotros también podriamos esperar que EEUU le devuelva algo del territorio de California, Nuevo México o Texas a México... o aunque sea, que EEUU no le construya un muro a los mexicanos, en sus antiguos territorios, pero todos sabemos que EEUU no aceptaría nada de eso. Que no venga entonces el abuelito Carter a disponer de los territorios de Chile. Si Carter fuera más joven sospecharía sobre abuso de drogas ilícitas, pero como sólo es un viejito octogenario, sospecho que está senil. "Buena onda" el ¡World-Peace! de Carter. Esperamos que EEUU comience por darnos una demostración sobre desprendimiento con México y sus ex territorios. Nada contra Carter, le tengo simpatía, pero que no hable leseras. El tema del mar es entre Chile y Bolivia, y se llegará a algun acuerdo si a Chile le place hacerlo.

El ex presidente estadounidense y premio Nobel de la Paz Jimmy Carter propuso que Bolivia, Chile y Perú, enfrentados en el siglo XIX en una guerra, encuentren de manera conjunta un acuerdo para restituirle a los bolivianos una salida directa al océano Pacífico.

"Traigo la esperanza de que Bolivia, Chile y Perú encuentren juntos una manera de proveer a Bolivia un acceso directo al mar", afirmó Carter asistido por un intérprete, durante una conferencia pública en La Paz.

Según el ex presidente (1977-1981), que realiza una visita por Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil, la demanda boliviana ha tenido "algunos avances" en los últimos años, aunque reconoció que "se necesitan más esfuerzos".

"Nosotros estaremos listos para apoyarlos en la búsqueda de un acuerdo", afirmó el octogenario ex mandatario, que inspiró la fundación del Centro Carter, dedicado a la preservación de los derechos humanos.

Una negociación trilateral no es aceptada por Chile, aunque para Bolivia siempre es una alternativa que, sin embargo, no está contemplada en las gestiones que actualmente sostiene con el gobierno chileno.

Bolivia y Chile acordaron en julio del 2006 una agenda de 13 puntos, que de manera inédita incluye la centenaria demanda boliviana de una salida soberana al mar, luego de perder 400 km de costa y 120.000 km2 de territorio en la denominada Guerra del Pacífico, que los enfrentó en 1879.

Según un tratado de 1904 Chile no puede ceder territorios a Bolivia que antes de la guerra fueron de Perú.

Por eso el presidente Evo Morales acusó a mediados de marzo al Perú de haber bloqueado el derecho boliviano, al llevar a la Corte Internacional de La Haya un diferendo con Chile en el que reclama que se le reconozca una soberanía marítima sobre 95.000 km2, sobre la Línea de la Concordia (frontera chileno-peruana).

Esa zona en disputa podría ser la misma, en el hipotético caso de que Chile decida otorgarle a Bolivia una franja de salida marítima, como informaron medios de prensa locales.

Carter, en su visita por Bolivia, tiene previsto reunirse el sábado en La Paz con el presidente Evo Morales y, por separado, con cuatro prefectos rebeldes de derecha (Santa Cruz, Beni, Chuquisaca y Tarija) en la ciudad de Santa Cruz.

Conflicto Chile-Perú: La historia bajo el derecho

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por José Rodríguez Elizondo

Si sólo se tratara de aplicar el derecho, Chile estaría muy tranquilo. Sus títulos lucen superiores y sus abogados han tenido tiempo para levantar una contraestrategia. Es relativamente fácil defender un statu quo con más de medio siglo de vigencia pacífica, apoyado en un sistema que comprende una declaración unilateral del gobierno peruano (1947), sendos tratados tripartitos (1952, 1954) y cantidad de actos complementarios.

Pero como seguimos sosteniendo, los Estados no entran en macroconflictos por discrepancias de hermenéutica. La historia enseña que chocan en las fronteras cuando sus intereses son antagónicos o existe un tercero en discordia. Otra cosa es que luego traten de encontrar una razón jurídica que los justifique ante la opinión pública internacional.

Visto así, el conflicto actual comenzó a fraguarse en 1975, cuando Chile y Bolivia ejecutaron -por primera y única vez- la letra del Protocolo Complementario del Tratado de 1929. Fueron los Acuerdos de Charaña que, previo visto bueno del Perú, habrían permitido a Bolivia acceder al mar por Arica. Muchos peruanos consideraron aquello como una transgresión al espíritu de aquel Tratado, cuya promesa de amistad suponía desentenderse de la aspiración marítima de Bolivia, al menos si afectaba a territorio ex peruano.

En ese contexto, el almirante Guillermo Faura publicó "El mar peruano y sus límites" (1977), con sus tesis sobre la inequidad del statu quo, la inexistencia de un tratado específico de frontera marítima con Chile y las soluciones de equidad que anunciaba un nuevo derecho del mar. Tácitamente, esto significaba que Chile ya no podría volver a prometer a Bolivia parte de un mar que aparecía en disputa.

Todo esto choca contra la funcional utopía peruana de las "cuerdas separadas". Por ello, aunque algunos ignoren la autoría intelectual de Faura o pretendan que este conflicto sólo es jurídico y no tiene historia, la realidad dice que bajo el pleito circula, aunque no la veamos, una dura carga de pasado.

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Perú: Alan García no tiene quién le crea

Una periodista europea me preguntó ayer cómo se explica que el pueblo peruano haya reelegido a un presidente que en su primer período se demostró corrupto e inepto. Mi respuesta fue amplia. En otro momento la sintetizaré. Pero ayer mismo, el presidente Alan García demostró que es hombre de una sola línea: sigue siendo fiel a su pasado.

Como decían en mi tiempo: “el que nació para gordo, aunque lo fajen de chico”.

Todos sus planteamientos sobre el perro del hortelano, que propician el despojo de las comunidades andinas y de la selva, tienden a favorecer a grandes inversionistas. En esta columna indiqué hace meses que uno de los que aspiran a ese negociazo es el banquero Dionisio Romero.

¿Alguien va a creer que el proyecto de García, traducido luego en Decretos Legislativos, es gratuito?

Ayer, García publicó un comunicado en que se refleja el otro rasgo de su personalidad: la enorme capacidad de mentir.

Dice el documento presidencial: “El Decreto Legislativo Nº 1015 establece que cada comunidad campesina que lo decide, con el voto de más del 51% de sus mienbros (sic), podrá alquilar, hipotecar, parcelar, etcétera sus tierras”.

Falso de toda falsedad.

El 20 de mayo del 2008, mediante el Decreto Legislativo 1015, el gobierno modificó el artículo 10 de la Ley 26505 para establecer en el inciso b del artículo modificado:

“Para la adquisición en propiedad por parte de miembros de la comunidad no posesionarios o de terceros, así como para gravar, arrendar o ejercer cualquier acto de disposición sobre las tierras comunales, se requerirá el voto a favor de no menos del 50 por ciento de los miembros asistentes a la asamblea instalada con el quórum correspondiente”.

Queda claro que el Decreto Legislativo 1015 no habla de 51%, sino de 50%. Y que, además, para decidir sobre las tierras, es decir, la vida de los comuneros, pueden participar “comuneros” no posesionarios o incluso terceros, o sea posibles inversionistas.

Una disposición de ese tipo no la aceptaría ninguna sociedad mercantil. Pregúntenle, si no, a Dionisio Romero, cuántas maniobras le costó asumir el control del Banco de Crédito.

Cuando llovieron las críticas contra el 1015, el régimen introdujo, a través del Decreto Legislativo 1073, una modificación, que no cambiaba nada sustancial. Expresa el 1073:

“Para la adquisición en propiedad por parte de miembros de la comunidad no posesionarios o de terceros, así como para gravar, arrendar o ejercer cualquier acto de dominio sobre las tierras comunales, se requerirá el voto a favor de no menos del 50 por ciento de los comuneros posesionarios con más de un año” (¿de edad?).

García no tiene quién le crea. Salvo los adulones. El Congreso de la República tiene hoy la posibilidad de librarse de ese estigma.

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