Leyó bien. Mientras en Chile el máximo cargo de representación popular se alcanza cuando se han superado los 60 años, en algunas sociedades aquello sucede 5, 10 e incluso 20 años antes. Lo anterior parece contradictorio si consideramos que vivimos en un continente más joven que el europeo y con transiciones a la democracia más recientes. Así, es evidente que la democratización en Chile contribuyó a congelar más que impulsar una renovación generacional.
¿Cómo podemos explicar este curioso hecho? Lo primero tiene que ver por falta de “tiraje de la chimenea”. En otros contextos democráticos existen mecanismos de selección de candidatos abiertos y competitivos. Las trayectorias de líderes como Zapatero en España, Reinfeldt en Suecia y Kiviniemi en Finlandia reflejan ello. En los tres casos, sus carreras políticas comenzaron en juventudes políticas, pero tempranamente desembocaron en el Parlamento. Antes de los 30 años compitieron y accedieron al Congreso y antes de los 40 años dirigían sus partidos. Coronaron sus carreras políticas a los 44, 41 y 42 años respectivamente.
En Chile, la carrera política se ve limitada por sistemas de selección de candidatos desde arriba, lo que impide la renovación. Este argumento es válido para todo el espectro ideológico. Un solo dato: terminado el ciclo de renovación en los ocho partidos con representación parlamentaria, el promedio de edad de sus presidentes será de 54 años, unos 15 años por encima de la situación europea. En Chile, nuestros líderes llegan tarde a dirigir la juventud, al Congreso, a la presidencia del partido y a la Presidencia de la República.
Un segundo factor es el dinero. Dada la estructura de financiamiento electoral, los candidatos requieren recursos propios para financiar sus campañas, lo que impone una primera barrera. Pero además, si un candidato (o candidata) no tiene acceso a una actividad económica alternativa rentable, una vez electo tendrá un fuerte incentivo para permanecer en la actividad política. A ello se suma la ausencia de un subsidio estatal que permita el pago de una jubilación a un representante electo luego de los 65 años. En una sociedad de mercado como la chilena, el servicio público en cargos de representación popular constituye un serio problema no sólo para la renovación, sino que para el acceso al poder.
La tercera cuestión se asocia con las trayectorias de la militancia. La carrera política circula en torno a quienes participan del aparato estatal y muy pocas veces fuera de éste. Las fuerzas emergentes difícilmente han podido contrarrestar el peso de las dirigencias y su nutrida red de repartición de cargos—en el gobierno y la oposición— a nivel local y/o nacional. Como además tenemos un sistema electoral que inhibe la competencia, las posibilidades reales que nuevos grupos puedan “golpear la mesa” son francamente mínimas.
Al evaluar el ciclo de renovaciones en el PPD, PS, UDI, RN y PDC se refleja una todavía tímida transición. Y no podría ser de otro modo. En las actuales condiciones, a los grupos emergentes les resulta casi imposible romper con dinámicas que están ya instaladas en las tiendas partidistas. O pactan, o se van para la casa.
En síntesis, el mayor promedio de edad de nuestros dirigentes (con la excepción de Tohá en el PPD) se explica por tres condiciones básicas: falta de democracia en los partidos, ausencia de recursos para los más débiles, y redes de poder.
Que no se mal interprete. No tengo nada contra los mayores de edad. La batalla que planteo no es ni puede ser generacional. Más bien, se trata de terminar con los perversos incentivos que impiden refrescar y fortalecer las tiendas partidistas. La solución pasa, entonces por encarar las siguientes cuestiones: primero establecer simples pero efectivas normas de convivencia en los partidos (limpiar padrones, primarias, votaciones directas); segundo, incentivar la participación real de las mujeres, y tercero, un cambio profundo al financiamiento de los partidos para estimular una competencia interna menos desigual.
La reforma de los partidos resulta esencial en esta coyuntura. Un contexto como el actual debilitará la democracia, profundizará el clientelismo y creará tendencias plebiscitarias en nuestra sociedad.
Esperemos que la sabiduría de los nuevos dirigentes impulsen una agenda reformadora de sus propias prácticas.
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