"El caso que fortalece tendencias nacionalistas en Lima", por Alvaro Vargas Llosa

Aunque el caso del espía Víctor Ariza se percibe, lógicamente, como un asunto bilateral entre Perú y Chile, en Lima las dimensiones de lo sucedido son tan o más importantes. La filtración de la información a través de una radio peruana dos semanas después de detectado el "topo" ha abierto una ventana sobre las corrientes encontradas al interior del Estado peruano, especialmente en el estamento militar, con respecto de las relaciones con Chile y, más ampliamente, la política exterior y de Defensa. También, aunque en menor grado, las luchas de facciones por los puestos medios y altos. Además, la revelación ha descolocado a los sectores, incluyendo los del propio gobierno, interesados en promover unas relaciones con Chile maduras y con visión de futuro, y reforzado a los sectores nacionalistas.

El civil a cargo del Ministerio de Defensa peruano es un político desprestigiado y sin experiencia en la materia, a quien García colocó allí porque calculó que sus antecedentes fujimoristas y su obediencia al Opus Dei blindaban al gobierno por su derecha. La filtración de la información cuando el gobernante peruano participaba en la reunión de la APEC en Singapur y en plena campaña peruana en Sudamérica para frenar el armamentismo fue un torpedo contra las autoridades civiles. Puso en evidencia que el Ministerio de Defensa no controla a sus militares, o que de inteligencia sabe poco (alguien bromeó que no les vendría mal empezar por leer la trilogía de Stieg Larsson).

Entregar a los medios la información antes de haber detenido a los cómplices de Ariza, alguno de los cuales, al parecer, tuvo tiempo de huir, no parece profesional. Ante la Comisión de Inteligencia del Congreso, en sesión reservada, el responsable de Inteligencia de la Fuerza Aérea, Nicolás Asín, mencionó que la red de espías probablemente incluye a varias personas más. Las investigaciones preliminares abarcan a personajes de alto nivel en dicha arma, incluyendo al Jefe del Estado Mayor de la FAP, teniente general Carlos Samamé.

Si los sectores desestabilizadores que promueven desde el interior de las Fuerzas Armadas una carrera armamentista para contrarrestar a Chile querían debilitar la posición de la actual jerarquía, algo de éxito tuvieron. La prueba está -entre otras cosas- en los esfuerzos que ha hecho el servicio de inteligencia de la FAP para tratar de salvar su responsabilidad, en la sesión reservada en el Congreso. Pero en última instancia, lo que todo esto revela es una lucha de facciones al interior.

A estas alturas, es menos lo que se sabe que lo que no se sabe en relación al caso del suboficial. No se sabe si entregó o no información realmente comprometedora para el Perú, y si tuvo acceso al "Núcleo Básico de Defensa", como se denomina al plan de compra de armas más o menos correspondiente a la década del 2000 por parte del Perú. Tampoco se sabe si sus contactos chilenos actuaban de acuerdo con una estrategia dirigida desde la alta jerarquía en Santiago, o si el asunto en realidad no pasó de un chanchullo entre pelagatos chilenos y peruanos. Esto último no se puede descartar teniendo en cuenta la chapucería con que se realizó todo, incluidas las huellas de elefante que dejaron unos y otros.

La imagen de Chile, a juzgar por la repercusión mediática, sale afectada porque alimenta el estereotipo que se ha ido instalando en el imaginario latinoamericano, en parte por su política de reequipamiento militar y el uso político que otros gobiernos hacen de esa circunstancia. Santiago puede negar el espionaje, como es de rigor en estos casos, pero en política importan las percepciones.

El caso de Ariza viene a reforzar la imagen de un Chile atrincherado en la sicología defensiva contra sus vecinos. Si la Interpol, como pide el gobierno peruano en una astuta imitación de lo que hizo el colombiano Alvaro Uribe a propósito de las computadoras incautadas tras el ataque al campamento del narcoguerrillero Raúl Reyes, acepta investigar el caso y confirma el espionaje, Santiago quedará descolocado internacionalmente. Eso, en el actual contexto latinoamericano de carrera armamentista y crecientes conflictos, puede no parecer significativo. Pero eventualmente puede llegar a serlo.

Perú tampoco gana mucho, aunque en lo inmediato sea la parte ofendida. La declaración de García, que en Chile ha sido vista como agresiva, pero que aísla a Bachelet y a su gobierno de toda sospecha directa y expresa respeto por el pueblo chileno, inevitablemente hace concesiones a los nacionalistas. Ningún Presidente peruano podría hacer otra cosa sin ser acusado de traidor a la patria. Pero García, en esta compleja trama, intenta evitar que el caso descarrile las relaciones y al mismo tiempo protegerse contra el nacionalismo.

En cualquier caso, este episodio sólo sirve para reforzar a las corrientes antichilenas y antimodernas, que es precisamente lo que buscan quienes filtraron la información, y podría convenir a un Ollanta Humala venido a menos en los últimos tiempos, o al militarismo fujimorista. Olfateando una clara oportunidad, Humala ha pedido "romper relaciones" con Chile.

Se pensó en un momento que el hecho de tratarse de dos democracias cuyas economías están enrumbadas por fin en la misma dirección iría colocando en su justa proporción la eterna disputa bilateral. Ese fue, por ejemplo, el criterio de las "cuerdas separadas" que planteaban separar el diferendo marítimo y la integración política y económica. Pero la dinámica de la relación, como este caso lo confirma, sigue bajo la influencia de corrientes nacionalistas de ambas partes con capacidad para torpedear cualquier avance. Y los políticos siguen bailando al son de esta música, sin atreverse a apagarla.

Por Alvaro Vargas Llosa
Corresponsal en Washington.