Nota: Yo llegué a la misma conclusión. Los peruanos buscan influenciar al tribunal de La Haya creando la sensación de que, si no se divide el mar en dos partes, se puede crear una situación bélica. Por eso me parece desatinado que Bachelet haya puesto a un parlanchín como Vidal en el Ministerio de Defensa, creando las condiciones óptimas para que los peruanos hagan su juego.Enrarecer el clima bilateral e irradiar un supuesto armamentismo sólo sirve a quien pretenda dilucidar el caso, no a través de la aplicación del derecho, sino generando un ambiente donde aplicar las normas jurídicas parezca imprudente o inadecuado.
En las últimas semanas, y en forma cada vez más recurrente, autoridades peruanas han comenzado a emitir opiniones llamando la atención sobre el presunto armamentismo chileno y la necesidad de celebrar un pacto de no agresión militar -ideas reiteradas ayer por el canciller García Belaúnde ante la Asamblea General de la ONU, aunque para referirse a la región y no directamente a Chile-, así como sobre la inconveniencia de realizar ejercicios militares multinacionales en la zona de Antofagasta.
Lo anterior podría obedecer a una estrategia orientada a mejorar su débil postura jurídica ante la Corte Internacional de Justicia, generando un escenario de aparente conflicto e influyendo en los miembros del citado tribunal: que la controversia se resuelva por argumentos políticos basados en la existencia de una supuesta iniquidad, más que en la aplicación del derecho.
La debilidad jurídica peruana es consecuencia de los sólidos títulos jurídicos que acreditan la existencia de un acuerdo de delimitación marítima entre Chile y Perú, como asimismo de una práctica de ambos Estados por más de 50 años, que reconoce la existencia del referido límite, tal como también lo hace la comunidad internacional.
Enrarecer el clima bilateral, irradiar un supuesto armamentismo o suponer una inexistente beligerancia sólo sirve a quien pretenda dilucidar el caso, no a través de la aplicación del derecho, sino generando un ambiente internacional donde aplicar las normas jurídicas parezca imprudente o inadecuado. Así, se busca acceder a una negociación bilateral con Chile o a una decisión política del tribunal internacional que, prescindiendo parcialmente de los acuerdos jurídicos vigente y la práctica concordante, derive en una resolución que no soluciona el caso, no ayuda al entendimiento bilateral ni a los intereses permanentes chileno-peruanos, como tampoco a la tranquilidad hemisférica presuntamente afectada.
Si tal pudiere ser la estrategia peruana, se pueden esperar igualmente a futuro otras declaraciones semejantes para seguir aumentado la presión internacional. Incluso otras tendientes a obligar a la Corte de La Haya a resolver medidas provisionales sobre la zona pretendida.
En tales circunstancias, Chile debe necesariamente cuidar las declaraciones de sus autoridades y las medidas que se adopten a todo nivel. No reaccionar es un símbolo de debilidad, pero sobrerreaccionar favorece a una estrategia como la expuesta. Tener claro los objetivos estratégicos de nuestro contradictor es fundamental para anticiparse y no dejarse involucrar en un juego que a quien detenta a su favor el resguardo del derecho no le conviene. La tarea, entonces, es la serenidad y alentar el desarrollo armonioso de los vínculos políticos, económicos, sociales y culturales entre naciones vecinas.
En efecto, y como ha sido la constante desde que Perú formuló su demanda en La Haya, con la convicción de que el derecho internacional nos ampara, y en el marco de una política de Estado y unidad nacional, la Agencia chilena y su equipo de comités y profesionales asesores nacionales y extranjeros deben continuar en los preparativos de la sólida respuesta con que Chile refutará, con argumentos de hecho y derecho, la pretensión peruana que se desconozca el límite marítimo existente y se trace un límite distinto en su reemplazo.
Lo expuesto debe ser acompañado por el aumento de acciones de nuestra Cancillería y el mundo parlamentario para explicar a sus pares extranjeros de nuestros argumentos jurídicos y llamar la atención de los peligros que conlleva generar un clima hostil entre las partes.
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