Desde que asumió en La Moneda, el Presidente Sebastián Piñera se ha reunido dos veces con la CPC. En marzo, a solicitud de los empresarios, en medio de la discusión tributaria, y la semana última, por invitación del Mandatario y con agenda abierta, como relata su timonel, Rafael Guilisasti, “para conversar del gran interés en la reconstrucción, la recuperación; no sólo sobre el terremoto, sino de la agenda económica, la crisis mundial, las oportunidades”.
“Tenemos una relación bastante fluida con el Gobierno”, comenta.
—¿Cómo está el ánimo empresarial frente a las decisiones del Gobierno desde el 11 de marzo?
—El ánimo empresarial en Chile hace bastante tiempo es pro-país, pro-inversión. Hay elementos que se han construido a lo largo de mucho tiempo, como disciplina fiscal, la buena valoración del Estado de derecho, consensos básicos.
—La acción del gobierno, ¿tiene tranquilo al sector privado?
—No usaría la palabra tranquilos, estamos animados de una percepción que tiene el Presidente Piñera, de que efectivamente ser un país desarrollado está más cerca que nunca.
—¿Ustedes lo comparten?
—Sí, nosotros compartimos esa sensación, sabemos los proyectos de inversión que hay y más bien va a depender de que no cometamos errores nosotros mismos...como sociedad.
—¿Hay entendimiento?
—No tenemos ninguna fuente de discrepancia con el Gobierno hasta los 100 primeros días. Las iniciativas de financiamiento las entendimos y estamos más que entusiasmados con la actitud pro-inversión del Presidente. El resto tendremos que irlo viendo. Veo en el Presidente una clara voluntad pro-inversión.
—¿Y las confianzas?
—Bien.
—¿Es posible que la inversión llegue a 28% del PIB?
—Las metas están bien planteadas. Tenemos una oportunidad única. Lo más importante es la materialización de los proyectos en trámite o aprobados; es decir, que al cabo de estos cuatro años de Gobierno se materialice por sobre el 70% de los proyectos presentados.
Ahora alcanzar las metas de inversión no depende sólo de la autoridad central, sino de autoridades regionales, comunales, los servicios. Hay que respetar la normativa vigente, pero también con sentido de apremio.
—El Presidente ha puesto metas de crecimiento promedio de 6% y 200 mil empleos anuales. ¿Está dando las condiciones para que las empresas puedan contribuir?
—Sí. Chile es de las economías donde el sector privado tiene mayor participación, un rol muy protagónico. ¿Qué nos hace ser optimistas? Un mercado de capitales profundo, que esperamos ampliar; una banca sólida; innovación en el campo agrícola muy grande, y un comercio que cada vez se profesionaliza más. Y estamos por sobre los US$60.000 millones en proyectos de inversión, concentrados en Minería y Energía, pero en la medida que eso se materialice, va generando encadenamientos a otros sectores, están los proyectos del Gobierno por concesiones y la demanda que genera la reconstrucción.
Todos esos elementos están alineados para generar un ciclo positivo en nuestra economía.
—¿Hay alertas?
—Internamente, la reformas pendientes para agilizar el dinamismo; del exterior, que la crisis sigue golpeando fuerte a Europa y Estados Unidos. Pero vamos a ser objeto de inversiones: casi no nos había ocurrido en las post crisis anteriores estar en el lado más dinámico de la recuperación.
Estamos viendo el resultado de políticas estructurales de largo plazo, como la apertura de Chile. En la década del 2010 están dadas las condiciones para que se replique el gran boom de inversiones que se inició en los '90. Es más difícil, porque hay mayores exigencias.
—¿Hay dudas sobre la cultura pro-inversión?
—No, la cultura pro-inversión no sólo tiene que ver con el Estado. A veces nadie quiere tener una planta hidroeléctrica cerca. Tiene que haber una cultura que acoja la enorme inversión, y no que vea en ella una amenaza. No he visto en eso al Gobierno, sí en sectores de la sociedad civil.
—¿Qué le pareció la carta de navegación del 21 de mayo?
—Una cosa es la enumeración de las agendas. Esperamos ver la ejecución, para opinar en cada proyecto. Pero como marco, meta y aspiración, la compartimos.
—Vienen temas como el Sernac financiero...
—Somos una voz en la sociedad, pero no la única. Los empresarios tenemos que trabajar en la mejor relación con quien esté en el gobierno y con independencia hacer ver nuestra opinión.
—Que un empresario llegara a la Presidencia, ¿ha significado más empatía? ¿O sus proyectos los han sorprendido?
—El es un empresario por actividad, pero cuando se llega a la Presidencia, se representa a una coalición política y su condición de empresario es secundaria respecto al programa y al ideario de la coalición que representa.
—¿Hay luces amarillas en la próxima agenda del Gobierno?
—Más que en la agenda del Gobierno, las luces amarillas tienen que ver con que, para poder llevar adelante la meta ambiciosa de crecimiento, los 200 mil empleos anuales, el Gobierno no puede pecar de omisión en las reformas necesarias de realizar.
Se ha conversado bastante sobre las reformas para recuperar productividad. Los nuevos tiempos para emprender, cambios a la Ley de Quiebras para el reemprendimiento, reformas en capacitación, educación. En lo laboral, lo que más nos interesa es que se pueda pactar al interior de la empresa mayores niveles de adaptabilidad. Ya estamos con un gobierno instalado, y éstas son las agendas que hay que empujar. Es fundamental la colaboración pública-privada, y lo público no sólo incluye al Gobierno, también significa contar con el auspicio de la oposición.
—Pero la Concertación ha sido muy crítica...
—Tengo la impresión que al final se fue dando una racionalidad y se fueron aprobando las medidas.
Sobre el royalty, hay consenso que los contratos del Estado y los privados sean cumplidos sí o sí; el esquema para recaudar tributos tenía que ser con concurrencia voluntaria, tiene una arquitectura, y si se cae una pieza, se cae todo.
Zanjar la discusión sería positivo. Y la invariabilidad tributaria en la agenda de inversiones es importante, si los incentivos están bien alineados, la inversión se va a poder hacer. La incertidumbre no es buena. Por eso es adecuada la transitoriedad del alza de tributos (de primera categoría), porque permite a los inversionistas mirar con un horizonte de largo plazo.
—Aparte de la certeza jurídica en el plano minero...
—Que nunca estuvo en discusión...
—¿En otras áreas han pedido esa certeza?
—Al final del Gobierno anterior hubo una profunda discusión sobre la legislación del medioambiente. Parte de la certeza jurídica va a tener que ver con la puesta en marcha de la institucionalidad que se aprobó. Es clave.
—¿Les preocupa la regulación multiRut?
—Estamos abiertos a discutir cualquier tema. Pero no somos partidarios de cambiar el concepto de empresa. Sí se pueden tipificar delitos, aumentar sanciones.
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