El que las autoridades peruanas hayan levantado fuertemente el presunto armamentismo de Chile en la región, no constituye sino el cumplimiento de una estrategia evidente, además de anticipable, de ese país en torno a la demanda presentada ante la Corte Internacional de Justicia con motivo de su desconocimiento del límite marítimo entre ambos países, aunque en un ámbito absolutamente ajeno al mérito jurídico de lo discutido.En semanas anteriores se tuvo noticia de declaraciones provenientes desde nuestro vecino del norte en torno a la necesidad de celebrar un pacto de no agresión (seguidas de poco felices declaraciones del Ministro de Defensa chileno, Francisco Vidal), propuesta que fue reiterada por el canciller peruano ante la Asamblea General de la ONU (aunque refiriéndose a la región y no a Chile), así como la inconveniencia de realizar ejercicios militares entre varios países (Salitre 2009) en la Región de Antofagasta. En los últimos días, se sumó el llamado a una marcha pacífica en Perú por el Presidente García, supuestamente para contrastar el ánimo belicista que existiría en Chile, con una voluntar pacífica del Perú, así como señales en torno a tratar el mismo tema en el Vaticano, dos días después de que la Presidenta Bachelet sostenga un encuentro con el Papa.
Dicha estrategia, por cierto que ha tensionado en exceso la relación bilateral, haciendo cada vez más difícil la viabilidad de los “carriles separados” de este tema con el resto de la agenda entre ambos países. De este modo, mecanismos bilaterales como las reuniones del mecanismo 2+2 entre los Ministerios de RR.EE. y de Defensa de ambos países son ya demasiado difíciles de retomar en este escenario, pues aquí se trata de generar un ambiente internacional, que pasa por transmitir la idea de que Chile se está armando para una agresión en contra de Perú, lo que haría complejo para la Corte fallar a favor de Chile. Ello afecta gravemente el sano desarrollo de los intereses permanentes chileno-peruanos, y en nada contribuye a la tranquilidad hemisférica que, precisamente, tanto preocupa a Perú.
Como se ha señalado, si tal pudiere ser la estrategia peruana, se pueden esperar igualmente a futuro otras declaraciones semejantes para seguir aumentado la presión internacional. Incluso otras tendientes a obligar a la Corte de La Haya a resolver medidas provisionales sobre la zona pretendida[1].
Este escenario, cabe señalar que fue oportunamente advertido por los Senadores Romero (RN) y Larraín (UDI) en una carta pública hecha llegar al Ministro de RR.EE., Mariano Fernández el 11 de abril de este año. En dicha carta, expresamente se señaló por los Senadores, que Perú "ha buscado centrar la presentación de su reclamo en el plano político y comunicacional, lo cual puede inducir a la confusión y error de muchos que desconocen la realidad de nuestros derechos", agregando que "es imperioso que se refuerce la capacidad de previsión de escenarios de la Cancillería en la materia, toda vez que la estrategia peruana del caso muy probablemente mantendrá y propiciará nuevos escenarios de conflicto con nuestro país, lo que exige iniciativa y acción y no meramente reacción".
Pues bien, tal escenario de conflicto es hoy una realidad, y exige que no se actúe sobre la base de la improvisación. Chile no debe permitir que se tergiverse la realidad de tal manera y debe apelar a la inverosimilitud que tiene el plantear el supuesto armamentismo chileno con fines de agresión en el concierto internacional. Sin embargo, ello debe ir de la mano de mejores acciones de nuestra Cancillería y del mundo parlamentario para mantener este tema donde corresponde: en el ámbito jurídico y el de los sólidos fundamentos para Chile, explicando los mismos y advirtiendo la irresponsabilidad de construir un clima tan hostil entre ambas naciones.
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