Negligencia inexcusable

La Teoría de la Imprevisión exime a las partes de la obligación de cumplir cuando surgen circunstancias posteriores a la celebración del contrato, que no se previeron ni pudieron lógicamente preverse. El acontecimiento debe ser ajeno a su voluntad .

Sucede que ante las críticas recibidas por el Gobierno por el mal manejo del terremoto este se defiende esgrimiendo, precisamente la Teoría de la Imprevisión; es decir, que los hechos no se pudieron prever lógicamente. En el caso del maremoto que causó la mayor parte de las víctimas y destrucción se dice que no hubo tiempo de alertar a la población, sobre todo en las comunas más alejadas por la caída de las comunicaciones y la falta de tiempo. Que la incomunicación impidió a la autoridad conocer lo que realmente estaba sucediendo, sobre todo respecto del quebrantamiento del orden público y los saqueos y que de haber contado con la información oportuna habría despachado sin demora a los efectivos militares. En otras palabras, las autoridades no tienen responsabilidad alguna por la forma en que se abordó la emergencia y que, bajo las circunstancias y considerando la dimensión de la tragedia se hizo todo lo que era humanamente posible hacer.

No se puede discutir que un terremoto grado 8.8 es necesariamente devastador y ciertamente inevitable. Pero el punto es otro: ¿Pudo la autoridad haber adoptado medidas con antelación al hecho para garantizar capacidad de reacción oportuna una vez verificada la emergencia y amortiguar su impacto?

Chile es un país sísmico y con alto riesgo de maremotos, como lo ilustra nuestra historia. Estas tragedias no solo causan enormes pérdidas en vidas humanas, sino que también daño económico. De hecho, se estima que el costo de la reconstrucción superará el 15% del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, invertir para enfrentar estos desastres y minimizar los daños es una obligación absoluta. Y es precisamente en este punto donde Chile falló. La precariedad de nuestro sistema de emergencia quedó al desnudo e impresiona. Si la Onemi hubiese adquirido y distribuido a tiempo un elemento tan sencillo, disponible en el mercado y barato como los teléfonos satelitales las comunicaciones esenciales no se habrían interrumpido en ningún momento, la autoridad habría podido conocer la magnitud de la tragedia y advertir en tiempo real a la población sobre el tsunami. La destrucción no se habría podido evitar, pero las muertes si.

Los teléfonos satelitales se venden en Internet (claro está que un gobierno no necesita recurrir a ese medio para adquirirlos). Son baratos, valor unitario es de $9.555.000 (comprado en forma individual y de seguro que el Estado obtiene un mejor precio). No falla nunca porque no depende de las red de comunicaciones terrestres sino que se comunica directamente vía satélite (como un GPS). Se puede enchufar al encendedor de un vehiculo de modo que si la batería de alta capacidad con que opera estuviese descargada no hay problemas; se habla desde una patrulla de carabineros o carro bomba. Están diseñados para condiciones extremas y son resistentes al agua y a los golpes. 500 minutos cuestan $300.000 con sistema de prepago (cosa que el estado no necesita). Si, como debería ser, en cada comisaría (Iloca, Constitución, Tome, Talca, Concepción, Talcahuano, Lota, etc.) hubiese habido solo uno, otro gallo cantaría. Encontré humillante que la Secretaria de Estado Norteamericana, al bajar de su avión le entregara uno a la Presidenta. Fue como decirle "mire como es posible que ustedes. no tengan estos aparatitos".

Por eso considero que en todo este episodio hubo falta de previsión, no de este gobierno sino que de por lo menos los últimos cuatro, negligencia inexcusable que no se puede ni debe ignorar.

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