Se han cumplido cinco meses desde el terremoto. Si bien el Mundial de Fútbol y los debates sobre pobreza, indultos y conflictos de intereses han copado los medios, no nos podemos olvidar de que todavía hay un cuarto de millón de personas directamente afectadas, ni de que cientos de pueblos y ciudades del corazón de Chile luchan por volver a la normalidad.
No obstante, hay que reconocer los avances en la emergencia. ¿Cuánto hemos avanzado en la reconstrucción? Nadie puede exigir al gobierno soluciones inmediatas. Sabemos que es una tarea que tomará mucho más de cuatro años. Pero sí se le debe exigir un "Plan de Reconstrucción Urbana", que permita asumir solidariamente un diagnóstico de los daños, los objetivos, las prioridades de inversión y las formas de organización del Estado y la comunidad para abordar la implementación.
Aunque es destacable el esfuerzo por impulsar algunos planes urbanos integrales, el plan nacional aún no existe y sólo vemos avances en el trabajo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para articular los subsidios habitacionales, un buen primer paso hacia la normalidad.
¿Qué ha pasado con las ciudades y pueblos? En abril el gobierno anunció 72 planes de reconstrucción para las ciudades y pueblos más afectados. Transcurridos cuatro meses, menos del 10% se ha iniciado y la mayoría de estos planes son iniciativas privadas sin garantías de implementación. Preocupa que no existan definiciones de gobierno sobre cuáles serán las prioridades de inversión pública urbana, los límites de financiamiento o la forma de implementación, transformando estos planes, algunos de calidad, en sólo "buenas intenciones", lo que augura serios retrasos al inicio de la reconstrucción.
¿Qué lecciones podemos sacar luego de cinco meses? Primero, que la urgencia sin buenos diagnósticos y planificación pública sólo equivale a improvisación, dilata las soluciones, incrementa los costos y reduce la eficacia de la reconstrucción. Segundo, que sólo los "planes públicos" pueden coordinar las acciones de vivienda, regulación del suelo, infraestructuras y equipamientos públicos. Eso implica más y no menos presencia del Estado.
Una tercera lección es que la reconstrucción no se puede hacer desde Santiago. Se requiere fortalecer a las autoridades locales y regionales y crear instancias permanentes de participación. De no transferirse capacidades a ellos y sus comunidades, inevitablemente tendremos planes carentes de identidad local y viabilidad. Una cuarta lección es que cuando no existen previamente criterios fiscales de asignación de los recursos por ciudad y comuna, sólo se incentiva la creación de planes carentes de realismo, que compiten por capturar fondos públicos, jugando con las expectativas de la gente.
Finalmente, urge una visión compartida sobre la reconstrucción entre todos los actores políticos y sociales. La falta de voluntad de acuerdos de algunas autoridades augura un escenario de permanente beligerancia entre actores políticos y sociales, lo que atenta contra una reconstrucción que eleve la calidad de vida de cientos de comunidades. Un país que no aprende de sus catástrofes expone a su gente a la inseguridad, debilitando las bases mismas de la democracia y el desarrollo.
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