Caso Karadima: Episodios inéditos de la secreta investigación eclesiástica

Desde que explotó la denuncia por presuntos abusos que habría cometido el ex párroco de El Bosque, Fernando Karadima, han surgido todo tipo de versiones respecto a la investigación que desarrolla la Iglesia chilena: ¿Las denuncias comenzaron el 2003 o el 2005?, ¿por qué el proceso estuvo detenido tanto tiempo?, ¿a qué respondió el cambio del promotor de justicia que indagaba los hechos?, ¿qué injerencia ha tenido la Santa Sede?... Pese al hermetismo que rodea la investigación, La Segunda entrega nuevos antecedentes para comprender el caso que probablemente más ha remecido a la Iglesia de nuestro país en los últimos años.

Verano de 2005. Primeros días de febrero...

Pocos días habían pasado desde que el senador Jorge Lavandero había sido desaforado por las denuncias de abusos sexuales reiterados contra menores de edad. Verónica Miranda llegó hasta el Arzobispado de Santiago con una misión muy clara: denunciar al sacerdote Fernando Karadima Fariña, entonces párroco de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de El Bosque, por el "abuso psicológico" con que éste habría "manipulado" a su marido, James Hamilton, durante los últimos 20 años.

Quien recibió la acusación -en su calidad de "promotor de justicia"- fue el sacerdote español Eliseo Escudero, actual párroco de la iglesia de Santo Toribio Mogrovejo en Las Condes. Tras relatar los hechos, la mujer fue consultada por las motivaciones que la habían llevado hasta esa instancia. Y Miranda, según asegura un sacerdote que ha seguido muy de cerca el proceso, contestó que buscaba la nulidad eclesiástica de su matrimonio con Hamilton, entregando como principal argumento que el hombre no había dado el "sí" con absoluta libertad de conciencia, sino presionado por el padre Karadima.

Hacía un par de semanas Jimmy, como le conocen sus más cercanos, había dejado de participar de las labores apostólicas de la «Acción Católica» tras discutir con el párroco sobre la posibilidad de rehacer su vida con otra mujer. Hacía ya varios meses que no vivía junto a Miranda y ambos querían tomar rumbos por separado. La respuesta de Karadima fue una contundente negativa.

El sacerdote Escudero, tomándole el peso a lo denunciado por Verónica, le explicó que según la normativa del Código de Derecho Canónico tenía que ser la propia víctima la que, por escrito y ante un notario eclesiástico, debía realizar la acusación. Sólo así se podría proceder con una investigación.

La "complicada" cercanía del promotor con Karadima

Miranda entonces convenció a Hamilton para que se animara a entregar su testimonio... y fue en mayo de ese mismo año cuando la Iglesia, mediante el padre Escudero, recibió la primera acusación formal en contra de Karadima: el grueso de la denuncia destacaba el "sometimiento pleno" en el que Jimmy vivió durante sus años en El Bosque, en cuanto a que no habría sido capaz de tomar ninguna decisión sin antes consultarla con su párroco. En el documento, aunque muy escuetamente, Hamilton también le imputó "actitudes deshonestas" a su ex director espiritual siendo él menor de edad.

Un aspecto -que, en alguna medida, "explicaría la lentitud inicial con que se inició el proceso dentro de la Iglesia", sostiene un obispo chileno experto en Derecho Canónico- es que el sacerdote Escudero fue compañero de seminario del padre Karadima y que, además, tenía con él una relación de amistad muy estrecha.

Investigar a Karadima le resultaba, al menos, incómodo. Sin ir más lejos, el 2008 junto a otros dos sacerdotes, ambos celebraron sus bodas de oro sacerdotales.

Esta suerte de "objeción de conciencia" habría sido planteada por Escudero al arzobispo Francisco Javier Errázuriz, quien suspendió la investigación a la espera de nuevos antecedentes porque, entre otras razones, "sobre los presuntos hechos echaba su sombra la prescripción", tal como lo expresó el cardenal en su reciente carta «En Oración, Justicia y Caridad» que se leyó en todos los templos católicos del país, el domingo pasado.

A la denuncia de Hamilton (hoy de 44 años), paulatinamente se habían sumado otros dos denunciantes que derechamente acusaron a Karadima de abusos sexuales. Los tres hicieron las denuncias por separado. Luego del gastroenterólogo vino la acusación del periodista Juan Carlos Cruz (46) y finalmente se concretó la del abogado Fernando Batlle (33 años).

Los antecedentes finalmente fueron llevados hasta Roma para que peritos vaticanos los analizaran en detalle.

La denuncia que no fue considerada

La historia tiene un antecedente previo. Ya en 2003 -y según lo confirmó una hermana del denunciante- el estudiante de Sociología José Andrés Murillo había llegado hasta la oficina del sacerdote Juan Díaz, entonces vicario para la Educación, para estampar su declaración en contra de Karadima por sobrepasarse sexualmente con él cuando tenía 18 años. La denuncia no prosperó, entre otras razones, por una traba burocrática: "No contaba con el timbre del notario eclesiástico", señala un sacerdote que sabe del caso.

James Hamilton (40) asegura que los abusos partieron cuando era menor de edad. Lo mismo sostiene Fernando Batlle.

En TVN se dio a conocer que "Informe Especial" empezó a trabajar en el caso Karadima en agosto pasado, cuando exhibieron un reportaje sobre el fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, y recibieron un llamado donde les decían que había un caso similar en Chile.

Fue en paralelo a la realización de ese trabajo periodístico que los denunciantes empezaron a buscar otros testimonios para avalar sus acusaciones en contra del ex párroco de El Bosque.

Lo que aconsejó el Vaticano

Para entonces ya había llegado a nuestro país la respuesta desde el Vaticano: se aconsejaba -según lo que ya públicamente había dicho el Papa Benedicto XVI a raíz de escándalos por abusos de clérigos en contra de menores en otros países- que se investigara sin atender a la posible prescripción. Es que, según la norma establecida en 2001desde Roma, los casos de abuso sexual prescriben diez años después de que el menor cumple los 18. Pero el 2002 Juan Pablo II determinó que la Congregación para la Doctrina de la Fe (fiscal del Tribunal de la Santa Sede) puede derogar ese límite, y normalmente se concede.

Fue esta razón la que habría llevado al cardenal Errázuriz a nombrar "ad hoc" al sacerdote Fermín Donoso, de la congregación The Holy Cross.

La idea de las autoridades eclesiásticas era investigar a fondo los hechos, examinar la veracidad de las denuncias y ofrecer a Karadima la posibilidad de defenderse. Justo en momentos en los que la curia romana evalúa quién sucederá a Errázuriz en su calidad de arzobispo metropolitano, lo que busca la Iglesia chilena es zanjar esta cuestión: conseguir la declaración de inocencia o aplicar las medidas internas pertinentes.

Según la forma en que han operado este tipo de casos en otras diócesis del mundo es posible que, de demostrarse algún grado de culpabilidad de Karadima en los hechos, éste sea sancionado sin necesidad de pasar por un tribunal sacerdotal. "Lo que se está haciendo a nivel eclesiástico es una suerte de auditoría o sumario interno, no un proceso estrictamente judicial", advierte un abogado.

Las indagaciones eclesiásticas, resguardadas bajo un estricto sigilo, "se encuentran bastante avanzadas" -tal como lo indica uno de los involucrados- y podrían arrojar un resultado próximamente.

Mientras, sigue avanzando la indagación penal que encabeza el fiscal regional de la Zona Oriente, Xavier Armendáriz.

Experta considera que podrían venir cambios en los procedimientos ante abusos

Quienes conocen el mundo episcopal chileno señalan que, por los indicios entregados hasta ahora, se avecinan cambios en los procedimientos para tramitar las denuncias de abusos deshonestos que afectan a sacerdotes.

Estas modificaciones tendrían como norte facilitar más a las personas el procedimiento que los mismos obispos establecieron en abril de 2003.

Se presume que en poco tiempo se conozca un documento con los nuevos lineamientos sobre esta materia, que estaría afinando una comisión de cuatro o cinco prelados.

Este camino de ajustes lo ha seguido la Santa Sede. Por ejemplo, "hasta el 2001 se estudiaban los casos de menores de 16 años y desde entonces de menores de 18", explica Ana María Celis, especialista en Derecho Canónico y profesora de la Universidad Católica. Lo mismo pasó, asegura, en materia de prescripción, que desde 2005 permite investigar todo, sin límites de plazos.

"Por eso no es de extrañar que vengan nuevas normas de la Santa Sede para mejorar el procedimiento", plantea.

En Chile cualquiera puede denunciar

En la 85ª Asamblea Plenaria, de abril de 2003, la Conferencia Episcopal estableció un sistema en donde el "promotor de justicia de cada diócesis, tiene la misión específica en esta materia de escuchar, acoger y discernir las eventuales denuncias que se formulen y presentar después al obispo un informe fundado para adoptar las medidas que correspondan".

Respecto de quién puede hacer la denuncia "no hay tanta especificación, no se habla de víctima, sino de denunciante. Lo que más importa es que haya un mínimo relato de los hechos como para ver si están los elementos esenciales de lo que podría ser un delito y si se identifica a una persona responsable de estos hechos", explica Ana María Celis. En el caso de un menor de edad, puede ser éste, uno de sus padres o un tutor.

Tras ello se levanta un acta que el denunciante debe firmar, "pero no hay grandes formalidades, salvo que la denuncia no sea anónima y que se describa la situación y la persona eventualmente culpable. Recién allí se inicia la investigación previa y, por lo mismo, no hay tiempos exactos".

Los plazos dependen de muchas cosas "entre ellas que el acusado confiese, pero si no lo hace hay que buscar nuevos antecedentes porque no se puede hacer un caso sólo por conjeturas".

Si las autoridades eclesiásticas consideran que hay indicios serios, el caso será enviado al Tribunal Apostólico de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en la Santa Sede, en Roma, organismo que dictará las instrucciones del caso para proceder al juicio canónico criminal conforme a las normas del Derecho Canónico, asegurándole al acusado el ejercicio de la legítima defensa y del debido proceso.

Respecto de las denuncias ante los tribunales de justicia, los obispos plantean en el documento elaborado en 2003 que es "un derecho de las víctimas, y se debe respetar su ejercicio. Es más, podría ser un deber en determinadas circunstancias. No corresponde presionar moralmente a las víctimas para que se abstengan de denunciar, si esa es su voluntad".

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