Navarrete (DC) y su renuncia a Chile Transparente: "Uno tiene que hacerse cargo y no mirar al techo"

Nota: La actitud del directorio de Chile Transparente es la típica de los que ocupan altos cargos en Chile. Se hacen los lesos. Dejaron mal parado a Chile y nadie se hace cargo. Al contrario, se perdonan entre ellos mismos su negligencia. Por lo menos, Navarrete demostró que -aunque son los menos- aún hay gente con ETICA en Chile. Chile "Transparente" ha quedado marcada con una tremenda mancha, y no sólo por el documento que publicaron, sino por la posterior actitud de los encargados de la institución.

Tras su renuncia al capítulo chileno de Transparencia Internacional, el abogado y analista político DC Jorge Navarrete, señaló que su dimisión al directorio del organismo se debe a que la cúpula de la institución debe reconocer las inexactitudes y carencias del cuestionado informe sobre el supuesto uso de información privilegiada que alude al candidato de la Alianza, Sebastián Piñera.

"Creo que cuando uno es director de un organismo, más allá de que nosotros no hayamos conocido el contenido informe, tiene que hacerse cargo de lo que sucede al interior de la institución y no puede mirar para el techo y ver como se dispara indiscriminadamente contra el honor y el prestigio de un conjunto de profesionales que se han dedicado a esta labor con mucho sacrificio", señaló a TVN.

En este sentido, añadió que con motivo de este episodio “se demostró que nuestra conducta como directores no había sido del todo diligente, no habíamos estado encima de la pega como probablemente tuvimos que haber estado y en esas condiciones sentía que lo más honesto era haber dado un paso atrás"

Consultado, respecto a que si, de acuerdo a su análisis, tuvo que renunciar todo el directorio de Chile Transparente, declinó referirse a las “decisiones particulares” del resto de sus colegas.

Respecto al documento que recogió el abanderado presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, para encarar a Piñera en el debate presidencial del pasado miércoles, reiteró que “nosotros no conocimos el tenor de este informe, ni de sus partes preliminares ni en términos definitivos", y que el desconocimiento no sólo fue de éste, sino que también de los anteriores.

"Yo creo que esta es una cuestión que se va a tener que revisar", concluyó.

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Transparencia Internacional y su filial chilena

Por Ricardo Israel

El tema de este artículo no es hablar del debate Frei-Piñera como tampoco del rol mundial de Transparencia Internacional. Me atreveré a opinar únicamente acerca de la filial chilena.

Lo primero que me ha llamado la atención es precisamente la falta de transparencia. Es decir, que ni su directorio, ni sus socios, ni su jefe de estudios ni los redactores del ya famoso informe hayan respondido por lo hecho, sobre todo, si creen estar en lo cierto de lo afirmado. Aún más, que estos últimos no hayan estado disponibles para consultas y cuestionamientos, y aún más insólito que la presidenta de la filial chilena, una ex ministra del actual gobierno, haya citado a una conferencia de prensa en que leyó un comunicado, sin aceptar ninguna, ni una sola pregunta.

En segundo lugar, me ha impresionado la falta de rigurosidad y responsabilidad (insisto en que no me refiero al contenido del Informe), ya que en qué tipo de organización pública o privada sería aceptable que el directorio no conozca lo que se envía en su nombre (el ex presidente de la filial chilena Luis Bates ya aclaró que no siempre fue así), y lo que se envió no fue algo menor, sino que era el capítulo chileno de un estudio mundial, donde las autoridades internacionales no pueden sino hacer fe de lo que le enviaba la filial chilena. Aún más, hasta el día de hoy no está claro si el Jefe de Estudios de la sección chilena estaba en sus funciones o con permiso médico en los días en que se envió y si tuvo o no conocimiento del contenido, y si lo aprobó o no. La pregunta es en cuantas organizaciones para algo de relevancia y de edición mundial, nadie asume la responsabilidad o funcionarios menores cuentan con total libertad para hacer lo que estimen conveniente a nombre de una organización de importancia , y según lo reconoce, el Directorio no se molesta en conocer o discutir el Informe.

En tercer lugar, una revisión de la página web muestra que en ninguna parte figura lo más elemental como debiera ser la lista de conflictos de intereses que podrían tener en aspectos puntuales sus directores, socios y funcionarios, lo que es elemental desde el punto de vista ético y de transparencia. Al mismo tiempo, en los currículos de sus funcionarios, sean el jefe de estudios o los redactores del informe, nada evidencia que tienen la preparación puntual (no basta con exhibir sus grados académicos) para hacer los estudios que se le encargan. En otras palabras, cuales son los otros estudios o investigaciones que han hecho, que nos permita tener la seguridad que tienen las habilidades específicas y la experiencia para suscribir o dirigir un informe de la naturaleza del que estamos comentando. Impresentable en cualquier centro de estudios de importancia mucho menor. Además las listas de directores y socios que figuran, dan una sobrereprentación de la Concertación y de la Alianza, lo que por cierto es empobrecedor, ya que el país es más que eso.

En cuarto lugar, es penoso lo que ha ocurrido, ya que más allá del manto de duda que se ha creado sobre la organización, es una acción que afecta el trabajo de quienes habían transformado a Transparencia Internacional en una entidad de gran relevancia internacional y nacional.

En quinto lugar, hemos observado la repetición de una enfermedad nacional, donde nadie al nivel mas alto, nacional e internacional, parece aceptar la responsabilidad ética que les corresponde y el hilo se corta por lo más delgado, responsabilizando a quienes escribieron el informe. ¿Cuántas veces hemos visto lo mismo a todo nivel en nuestro país y criticado en sus informes por Transparencia Internacional?

Más allá de la desilusión personal, las conclusiones son tres:

1. Una lección para los medios de comunicación (y no solo en Chile) que no pueden aceptar en forma acrítica, sin hacer su propia investigación, lo que reciben de estas organizaciones.
2. Que desde el punto de vista ético, las exigencias para las instituciones informantes deben ser al menos iguales, si no superiores, a las que ellos exigen de los informados.
3. Que las ONGs no deben pretender, sin prueba, una superioridad moral sobre otras organizaciones privadas o las públicas.

Es una lástima lo que pasó con la filial chilena de Transparencia Internacional, ya que las sociedades necesitan de organizaciones y personas que eleven los niveles éticos, que es lo que ha perdido esa organización junto con prestigio.

Para recuperar parte de lo perdido, al menos debiera haber una muy fuerte autocrítica a nivel chileno, una opinión de la organización madre, y sobre todo, responder la pregunta de quien asume la responsabilidad, quienes renuncian, a quienes se les pide la renuncia, y sobre todo, como se aplican a si mismo los mínimos niveles de transparencia que por tanto tiempo les han exigido a otros.

Reitero que el tema no es Frei o Piñera, sino como descubre, o mas bien la filial chilena de Transparencia Internacional y sobre todo su directorio, redescubre una palabra de solo cinco letras: ETICA.

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Estado indemnizará con $73 millones a familiares de pareja que no fue notificada y murió de sida

Nota: Ahora, tenemos que pagar entre todos los miles de millones que nos costarán las ineptitudes del gobierno (esa es la indemnización sólo de 2 de los 512 afectados). Pero no es todo, vamos juntando dinero, porque luego vamos a tener que indeminizar a las familias de las mujeres muertas en el hospital Félix Bulnes, y a las que les extirparon el útero, también producto de las ineptitudes y mala administración... y después vienen los que demandaron al Estado por el Trasantiago. Ese dinero es plata que sale del bolsillo de todos los chilenos, ningún político concertacionista pone un sólo peso (deberían responder primero con su propio patrimonio, luego con el del Estado). Despilfarra nuestro dinero, y peor, le destruye la vida a los chilenos de menos recursos.

512 fueron los no notificados en el primer informe elaborado por el Minsal, de noviembre de 2008. CDE adoptó la decisión de indeminizar, que ahora está sujeta a la aprobación del Juzgado de Familia de Iquique y de Hacienda. Familia desconoce el acuerdo y afirma que no han recibido información desde el año pasado.

El Estado de Chile deberá indemnizar con 3.500 UF ($73.370.000 al cambio de ayer) a las familias de dos personas que fallecieron y destaparon los casos de VIH sin notificar, Dearnny Aguilar, quien murió en julio de 2008 sin saber que tenía sida, y su marido Juan Sarabia, quien falleció tres meses después por la misma causa.

Así lo acordó el Consejo de Defensa del Estado (CDE) con los abogados representantes de las familias de las víctimas, que eran pacientes del Hospital de Iquique, pese a que se refiere sólo al caso de la mujer, pues respecto de Sarabia aún no hay novedades.

La cifra acordada es el máximo que puede entregar el Estado en casos de mediación; sin embargo, aún no hay aceptación por parte de las familias de los fallecidos de la cifra propuesta por el CDE. Así lo expuso la abogada de ambos, Yenny Aliaga, quien explicó que en el caso de Dearnny la primera mediación (en diciembre del año pasado) falló y sigue en curso la idea de presentar una demanda civil. Ésta todavía no ha sido presentada porque están a la espera del sumario administrativo y la investigación criminal que desarrolla la fiscalía. En dicho contexto, a la fiscalía hace un mes le llegó el sumario del hospital, pero el fiscal estaba con licencia y recién lo está conociendo porque es muy extenso.

Dearnny desarrolló la enfermedad entre 2004 y 2008 (muriendo en julio). Su marido, Juan Sarabia, falleció en octubre, por la misma enfermedad, sin que supiera hasta la etapa más avanzada qué patología padecía. Sarabia se enteró sólo cuando su mujer había sido desahuciada.

Lo que falta

Se trata de dos de los tres casos de fallecidos que fueron conocidos el año pasado tras el escándalo en Iquique.

El acuerdo se alcanzó mediante el proceso de mediación del Consejo de Defensa del Estado y fue aprobado por los consejeros.

Ahora, sólo está sujeto a la aprobación del Juzgado de Familia de Iquique, y luego a la aprobación del Ministerio de Hacienda para liberar los recursos a las familias.

Los beneficiados son Juan Sarabia Tolosa y María Isabel Soria Díaz, padres de Juan; Gloria del Carmen Campusano Veas y Fernando Aguilar Vargas (padres de Dearnny), y Duarnny Suyeins Sarabia Aguilar y Mildren Andrea Sarabia Aguilar (las hijas de la pareja fallecida), quienes en total recibirán los poco más de $73 millones que se repartirán de distinta manera entre los familiares.

En otras cuatro mediaciones el CDE no había podido llegar a ningún tipo de acuerdo.

Una de ellas fue un caso en contra del Servicio de Reloncaví, X Región, el que fue fallado por el Primer Juzgado Civil, que condenó al recinto a pagar $60 millones a los afectados.

Se trata de un paciente que no fue notificado de ser portador del VIH en 2006 y la demanda fue interpuesta en enero de 2007. El hombre, que tiene residencia en Chile y Argentina, se encuentra en buen estado de salud.

Sin información

Cero contacto e información sobre el caso judicial por la muerte de Dearnny Aguilar (34) tiene su madre Gloria Campusano, quien señala que desde diciembre del año pasado nadie se ha entrevistado con ella o su esposo.

La última oportunidad en que habló sobre el tema fue en la mediación fallida que sostuvo con representantes del Consejo de Defensa del Estado en diciembre del año pasado, donde como indemnización le ofrecieron 30 millones de pesos.

• 512 fueron los no notificados en el primer informe elaborado por el Minsal, de noviembre de 2008.
• 117 los pacientes que aún no habían sido ubicados en diciembre del mismo año.
• 88 casos fue el saldo del último reporte, en febrero de este año.

Las víctimas

DEARNNY AGUILAR (34)

En 2004 se enfermó, y la primera vez que se internó en el Hospital de Iquique fue por una amigdalitis infecciosa. Luego le diagnosticaron una osteoporosis. Nunca más se pudo volver a parar. Murió el 10 de julio del año pasado, y sólo durante los últimos días, ya desahuciada, pudo enterarse cuál era la enfermedad que la aquejaba. Cuando lo supo, le dijo a su madre, Gloria Campusano, que "ya estaba entregada a las manos de Dios".

JUAN SARABIA (35)

Trabajaba en la zona franca de Iquique. Se enfermó en 2005, lo que lo obligó a dejar su trabajo en la Zofri, por lo que comenzó a manejar un taxi. Estuvo durante 14 años casado con Dearnny Aguilar y tuvieron dos hijos. Murió el 8 de octubre, por la misma enfermedad que se llevó a su mujer tres meses antes.

Lento avance en las medidas propuestas tras crisis de Iquique

Seis grandes puntos se propusieron para lograr cambiar el desolador panorama de los casos no notificados de VIH que explotó en Iquique y que luego se expandió por el país.

El hecho obligó a renunciar a la ministra de Salud de entonces, María Soledad Barría, quien fue reemplazada por el actual secretario de Estado, Álvaro Erazo.

Éste llegó con una serie de propuestas que en el papel mejorarían radicalmente la detección y seguimiento de los casos de VIH. Entre ellas se cuenta la modificación de la ley del sida, cosa que si bien no se ha concretado, ya cuenta con un informe elaborado por el comité asesor que se creó en la oportunidad, que fue entregado al ministro en mayo pasado.

Lo que sí está más avanzado es la creación de un registro único en línea, que ya está completamente diseñado y que advierte de cualquier falta en el proceso de notificación. A éste se acoplarán el sector público y el privado.

También se estipuló la reestructuración de Conasida, que llegó a operar sólo con 4 funcionarios a cargo de Aníbal Hurtado, quien afirma que ya cuenta con una dotación "cercana a las 13 personas".

¿Cuáles son las medidas adoptadas por el CDE?

Ya a fines del año pasado el Consejo de Defensa del Estado implementó medidas "para reforzar" las mediaciones por los 512 casos de pacientes no notificados de sida, con el fin de llegar a un acuerdo conveniente y evitar los juicios indemnizatorios, que son más largos.

En esa oportunidad, el presidente del organismo, Carlos Mackenney, aseguró a "El Mercurio" que se envió al jefe de la Unidad de Mediación a Iquique, una de las ciudades más afectadas, para preparar y supervisar a los equipos en terreno. El CDE también destinó más dinero para garantizar una mejor atención.

Desde 2005 que por la Ley del Auge el organismo tiene la misión de mediar entre los pacientes, familiares y los distintos recintos públicos de salud, cuando una persona crea que se ha visto afectada o dañada. Ésta es una gestión gratuita, en la que no es necesario presentarse con un abogado y, en caso de no llegar a ningún acuerdo entre las partes, los afectados quedan en absoluta libertad de acción para presentar una demanda por daño moral. El CDE garantiza que los abogados que participaron en la mediación no lo harán en el juicio, en caso de que el servicio de salud pida que el organismo lo defienda (también pueden tener abogados particulares).

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Cancillería de Perú condena actos de espionaje a militares chilenos

Ministro García Belaunde no descarta dialogar con su homólogo chileno sobre el espionaje privado y deslindó vínculos del Gobierno con la empresa Business Track.

El canciller peruano, José García Belaunde, no descartó hablar con su par chileno, Mariano Fernández, el lunes próximo para aclarar la posición de Lima sobre el presunto espionaje a militares chilenos de una empresa privada peruana, propiedad de un ex jefe de inteligencia naval.

"Es posible que el día lunes (3 de agosto) me pueda comunicar con él (Mariano Fernández, canciller chileno) para reiterar que el gobierno de Perú condena los actos de espionaje y no tiene lazos con esa empresa", dijo a la AFP el canciller.

El tema se volvió público luego de que la revista "Caretas" publicó el jueves que, en el marco de una investigación por intercepciones telefónicas ilegales, se encontraron correos electrónicos interceptados a militares chilenos y ecuatorianos en el computador del gerente de la empresa Business Track, Elías Ponce, ex jefe de inteligencia de la Marina peruana.

El jefe de la diplomacia peruana señaló que Lima no había recibido ninguna nota oficial por escrito de la cancillería chilena en torno a este caso, que ha generado reacciones en Chile que la prensa peruana destaca.

"Es obvio que se trata de información de un caso que está bajo jurisdicción (judicial) y con reserva de instrucción. No hay mucho más que decir", indicó García Belaunde para explicar la sequía informativa sobre el caso.

"El Gobierno peruano no tiene ni ha tenido vínculo alguno con la empresa privada Business Track", había dicho García Belaunde la noche del sábado en una declaración difundida por la cancillería con la posición oficial de Lima.

En la declaración el canciller enfatizó que "en ningún caso hechos delincuenciales deben afectar el normal desarrollo de las relaciones entre los países".

Elías Ponce se retiró de la institución naval en 2001. Los correos electrónicos inteceptados a los militares chilenos datan de 2004. Chile y Perú mantienen una disputa por los límites marítimos en la Corte de Justicia de La Haya desde el 2009.

Perú busca con la demanda recuperar parte de un área de 95 mil km2 en el Océano Pacífico, actualmente bajo soberanía chilena.

La zona es rica en recursos marinos, principalmente anchoveta, el principal insumo utilizado para la fabricación de harina de pescado, de la cual Perú y Chile son sus principales productores mundiales.

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Ahora Don-Aire culpa a Chile por matanza amazónica

- Relacionado: Premio Nobel de la Paz critica a Alan García por matanza en la amazonía, y acusa que la conspiración extranjera para incitar el odio en Perú, reclamada por García, es una farsa.

Nota: Cómo si en Chile hubiesen indigenas de rasgos amazónicos, que podrían pasar desapercibidos. Como si en Perú no tuviesen motivos ni agitadores propios para incitar a la violencia, ¿no?. Como si la policia peruana y el gobierno peruno no fuesen culpables por no saber controlar la situación y provocar decenas de policias y nativos muertos... Así siempre es fácil para los políticos (y ex militares) populistas peruanos. Cualquier cosa que suceda en ese "país", es culpa de los chilenos... ¡van a dejar atrás "muy pronto" su tercermundismo! sin hacerse reponsables por lo que les sucede.

Donayre: País mapochino es el principal interesado en fracaso del desarrollo peruano

(nota: ¡claro! las empresas chilenas invierten miles de millones de dólares en Perú, para que a los peruanos les vaya mal. Desean que los peruanos pierdan sus trabajos y no tengan dinero para alimentarse, para eso los chilenos han comprado la cadena de supermercados Wong e invierten cientos de millones de dólares en publicidad de Falabella, Ripley, Wong, Lan, etc. Para que no haya peruanos con capacidad de comprarles... si pues... como se ve, los chilenos "son los más interesados" de que Perú fracase. Otra idiotez populista de peruanos antichilenos, que se aprovechan del resentimiento de los peruanos con Chile, para llevar agua a sus molinos).

El gobierno del presidente Alan García, en su sano propósito de llevar el desarrollo a la amazonía, ha errado y generado un conflicto étnico de proporciones por tratar inadecuadamente la pluriculturalidad e identidad cultural de los pobladores selváticos, con lo cual le ha dado en la yema del gusto a los gobiernos de Chile, Venezuela y Bolivia, cuyas probables injerencias en la manipulación de los actores del conflicto debe ser investigada por los servicios de inteligencia, sostuvo el ex comandante general del Ejército y líder del partido Bien Peruano, Edwin Donayre Gotzch.

El destacado ex jefe del Ejército hizo este comentario en declaración exclusiva a LA RAZON, brindada en la ceremonia de presentación de su primer libro “El silencio de los héroes”, realizada viernes en el auditorio de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), que estuvo a cargo del rector de la universidad Alas Peruanas, Fidel Ramírez Prado, el tribuno y jurista Javier Valle-Riestra, el ex decano del Colegio de Abogados de Lima, Vladimir Paz de la Barra, y el presidente del Consejo de la Paz, Francisco Diez Canseco Távara.

De los gobiernos de los tres países mencionados, explicó, el más interesado en la ocurrencia de un fracaso peruano es el de Chile, por su interés en el naufragio de la demanda peruana presentada en la Corte de La Haya para la fijación de una frontera marítima y porque no le conviene que en la competencia económica que sostenemos los dos países podamos arribar y superar las altas tasas de crecimiento que el país del sur tiene en la región.

“Por esta razón no podemos descartar una injerencia supranacional orientada a soliviantar los ánimos de los nativos a través de sus actores políticos en el entendido de que estamos en una guerra económica en la que tenemos elevadas posibilidades de superar ampliamente a Chile, por lo que cualquier entorpecimiento que podamos tener repercute sin duda alguna en sus intereses de bloquearnos y superarnos”, acotó.

Pluriculturalidad

Donayre, si bien fue enfático en esperar las investigaciones sobre los responsables políticos de la tragedia de Bagua, resaltó que entre los dos estilos conocidos de solución de los conflictos, como son los de la evasión y la agresión, que nunca los resuelven, se abre la alternativa del diálogo en un espacio adecuado, donde los actores convocados tengan la oportunidad de exponer sus preocupaciones y necesidades y de ser respetados en sus características pluriculturales.

“El origen del conflicto es haber ignorado nuestra pluriculturalidad e identidad cultural. Cuando trabajé por espacio de cuatro años, antes y durante el conflicto del Cenepa, pude palpar conductas aparentemente incomprensibles. Por ejemplo, cuando fui criticado por los nativos por presuntamente inducirlos en prácticas femeninas, por el hecho de haber introducido sembríos de café y cacao entre los varones sin saber que estas eran actividades de las mujeres, esto me alertó que previamente debía haber dialogado con ellos”, explicó.

Propuesta de ley

Respecto de los temores de los nativos sobre una probable contaminación ambiental como consecuencia de futuras inversiones petroleras y mineras en la amazonía, propuso la aprobación de una ley para capacitar a los nativos en materia de control ambiental, de modo que sean ellos los que tengan a cargo el monitoreo del impacto ambiental y los que establezcan los rangos de contaminación.

Acerca de las sanciones políticas a los responsables de la tragedia de Bagua, expresó que “si alguien del Gobierno tiene el valor y coraje de reconocer que ha fallado y generado este grave problema, debe hacerse una autocrítica y dar un paso al costado”.

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