Gobierno construirá 4 cárceles donde todos los prisioneros tendrán que trabajar

Gobierno construirá cuatro nuevas cárceles según la peligrosidad de los reos y en las que todos trabajarán. Estos penales no serán tradicionales ni concesionados, ya que su diseño y administración estarán a cargo del Estado y algunos servicios los prestarán terceros.

Hoy en la ex Penitenciaría, un preso se levanta y no hace más que conversar, caminar por el óvalo (el lugar donde ocurren las brutales riñas con estoques) y cocinar su comida dentro de su celda, en medio de la suciedad y del mínimo espacio que queda como consecuencia del hacinamiento del 300%.

Esa imagen de la cárcel es la que intenta eliminar el Gobierno con el proyecto elaborado por el Ministerio de Justicia y el grupo de especialistas de la Consultora Altegrity Risk International.

De hecho, el bosquejo del plan -que el Presidente Sebastián Piñera anunciaría a fines de abril- proyecta la construcción de cuatro nuevos penales en la zona central del país, en los que los reos contarán con literas propias, compartirán efectivamente su espacio con otros condenados por hechos similares, su comida será entregada lista y trabajarán como si estuvieran en libertad.
En las últimas semanas se han intensificado las reuniones entre el ministro Felipe Bulnes; el director nacional de Gendarmería, Luis Masferrer, y los analistas estadounidenses para afinar los detalles del proyecto.

Según lo planificado hasta ahora, los penales se ubicarían entre las regiones de Valparaíso y del Maule. Se encargó a personal del Ministerio de Obras Públicas la búsqueda de terrenos para la edificación: hay uno ya escogido en el sector de Panguilemo, en las cercanías de Talca, y hay otros tres que aún no están definidos.

Actualmente, una cárcel ocupa una superficie de unas 30 a 35 hectáreas, pero estos recintos serían construidos en paños por sobre las 70 hectáreas. ¿Por qué? En el área tradicional se ubicarán las dependencias destinadas para la reclusión, y en el espacio restante se habilitarán talleres de trabajo. Allí, según se concibe en el Gobierno, hasta se podrían instalar "sucursales" de algunas empresas.

Los penales tendrían una capacidad de entre 2.000 y 2.500 presos, abarcando un 20% de la población penal actual (que supera las 50 mil personas). Con esta iniciativa, sumada a la serie de beneficios penitenciarios a los que se acogerían unas 10 mil personas, se disminuirían ostensiblemente los críticos niveles de hacinamiento que afectan al sistema carcelario.

La infraestructura de los recintos (considerados "livianos" por quienes conocen el proyecto) va a ser acorde con la peligrosidad de los reos. Por ello, se modificaría el actual sistema de clasificación de los internos (baja, media y alta peligrosidad), generando una gama más amplia de categorías para cumplir con una segmentación más específica.

En las cárceles proyectadas todos los presos trabajarían a diario y en jornadas similares a las del resto de los chilenos: algunos se encargarían de cubrir los servicios básicos de las unidades (comida, aseo, lavandería, etc.), mientras que el resto de los internos se desempeñaría en los talleres y en la empresa privada.

La administración de los recintos no será tradicional ni concesionada en su totalidad, se proyecta la implementación de un sistema mixto, en el que la construcción y dirección serán estatales, pero algunos servicios serán prestados por terceros.

51.171 personas están recluidas en el país.
89% de la población penal son hombres (47.116).
Promedio de hacinamiento en las cárceles supera el 60%.
$242.520 cuesta mantener a un preso en una cárcel tradicional ($8.804 al día).
10 mil reos serán beneficiados con la serie de medidas que anunció el Gobierno en marzo.

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