Colombia está de moda en América Latina, y se reconoce tanto el buen rumbo que tiene el país, como la solidez de nuestras instituciones.
Tienen razón estas empresas en poner sus ojos en Colombia. Luego de décadas de sufrimientos por la violencia y el narcotráfico, hoy existe una sociedad y un país conscientes de su presente y confiados de su futuro.
No es que los problemas se hayan resuelto completamente, pero sí hay una manera exitosa para lidiar con ellos. El clima de unidad nacional impulsado por el presidente Santos juega un papel decisivo. Se oye a la oposición y se tienen en cuenta sus iniciativas. Hay voluntad y renovadas propuestas para luchar contra la corrupción. Estamos haciendo uso de la diplomacia para convivir armónicamente con nuestros vecinos.
Hoy, somos conscientes de que no hay legitimidad ni validez en la guerrilla o los paramilitares, y que su lucha a través de la intimidación o el terrorismo nunca nos doblegarán. Lo más importante es que la única vía para enfrentarlos y derrotarlos es dentro de la democracia, con la Constitución y la ley como marco de acción.
Dentro de este proceso disuenan las declaraciones de esta semana del ex presidente Uribe. ¿Qué puede pensar o hacer un colombiano de a pie, un campesino, un micro- empresario, luego de escuchar al ex mandatario decir que en Colombia la justicia no ofrece garantías? ¿Qué puede pensar o hacer un ciudadano que hoy enfrenta la justicia colombiana, en cualquier proceso, al oír a Uribe alentar a sus ex funcionarios para que busquen asilo en otro país, porque la justicia de su patria no es independiente?
¿A lo largo de ocho años, Uribe no repitió todos los días que Colombia era un país confiable para vivir, trabajar, invertir, que por supuesto lo es? ¿No fue esencia y éxito de sus dos mandatos crear confianza para que todos se quedaran en Colombia? El fortalecimiento de la justicia fue uno de los componentes principales de su política de Seguridad Democrática.
Una cosa es que el ex presidente crea y defienda la inocencia de sus funcionarios acusados por diversos asuntos, lo cual es respetable y normal, y otra muy distinta que cuestione la integridad e independencia de las instituciones de justicia de Colombia. El presidente Santos, rápido y directo, dijo las cosas como son: en Colombia la justicia sí ofrece las garantías para investigar y procesar a estas personas.
En este episodio no está en juego si los colaboradores del Gobierno Uribe son culpables o inocentes. Ellos tienen su legítimo derecho a la defensa y la presunción de inocencia, que debe respetarse. Lo que está en juego es si nuestras instituciones de justicia y control -Fiscalía, Procuraduría, Corte Suprema de Justica, jueces, magistrados- son idóneas para investigar e impartir justicia con independencia, transparencia y al margen de las pasiones políticas, o no.
Lo que está en juego es la vigencia de nuestras instituciones o lo contrario, sálvese quien pueda porque en este país no hay garantías.
Las responsabilidades de cada cual son claras: la del popular ex presidente ser coherente y dar ejemplo de respeto a las instituciones, lo cual no es incompatible con defender a sus colaboradores. La de magistrados y jueces, cumplir con el mandato constitucional de impartir justicia con independencia y apego a los hechos.
Y si no lo hacen así, enfrentar ellos mismos la justicia. La de los ex funcionarios realizar su defensa, exigir garantías y enfrentar los procesos. Todos observamos.
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