Al calor de la geotermia

Algunas de las deficiencias tantas veces advertidas en torno al gobierno societario de las empresas públicas quedaron en evidencia con los problemas acaecidos en El Tatio.

La compañía Geotérmica del Norte, controlada ahora por la italiana Enel y la fiscal ENAP, recibió hace un par de años, y de buena gana, el beneplácito del gobierno para desarrollar la exploración y posterior explotación en la zona aledaña al campo geotérmico El Tatio. Se trataba de cumplir, como aún señala el Ministerio de Minería en su página web, con “el desafío de promover la exploración de geotermia en el país”. El eventual impacto en la actividad turística, así como la oposición de la comunidad local, eran entonces enfrentados por la subsecretaria de Minería de la época, quien sostenía que “no tendría por qué afectar (al turismo) porque se encontraría lejos del parque y la idea es que sea una convivencia amable, consentida”.

Qué contraproducentes resultan hoy estas declaraciones a la luz de los hechos ocurridos en el norte y de las opiniones de personalidades públicas y privadas. Desde un destacado empresario turístico de la zona, que acusa un doble estándar en la aprobación ambiental de los proyectos cuando estos provienen de compañías fiscales, hasta el director regional del SAG que amenaza con sanciones a Geotérmica del Norte por “diversas faltas” (y no sólo los hechos recientes) que han significado un perjuicio directo a la flora y fauna del lugar.

Hoy los dardos apuntan a la firma controladora italiana, pero difícilmente el Estado puede desconocer su respaldo al proyecto. Desde su concepción, a cargo de Codelco y ENAP, las solicitudes de exploración, la compra del campo geotérmico El Tatio en mayo de 2005 a Corfo y la venta, seis meses después, del 51% de la sociedad a Enel. En definitiva, todo un proceso conocido y aprobado por las autoridades competentes, incluyendo al ministro de Minería que también hace las veces de presidente de los directorios de las mismas ENAP y Codelco. Por ello que el problema surgido en El Tatio, más allá de las graves consecuencias ambientales y turísticas, revela también las deficiencias en materia de gobierno societario y termina incrementando las dudas en torno a la transparencia y ecuanimidad de los procesos de aprobación cuando se trata de iniciativas públicas.

De paso, es muy probable que la crisis de El Tatio se traduzca en una paralización del proyecto en cuestión y del resto de las iniciativas que en materia de geotermia se desarrollan en el país. Un potencial de 16.000 MW, según el gobierno, que quedarán a merced de una investigación que recién comienza.

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