Parece llegado el momento de que los gobiernos renuncien a la discrecionalidad con que asignan presupuestos a los órganos de control.
El índice de percepción de corrupción (IPC) de Transparencia Internacional 2010, dado a conocer la semana pasada, se construye sobre la base de encuestas y juicios de expertos. Dicha metodología, que incluye estudios de los últimos dos años, impide sacar conclusiones categóricas cuando se observan cambios leves en los puntajes o contradicciones entre las diversas fuentes consultadas. Por eso mismo, la propia organización advierte que sólo nueve países muestran un avance sólido, puesto que en ellos la mejoría en el puntaje es tanto significativa como consistente en todas las fuentes utilizadas.
Entre esos nueve países está Chile, que subió de 6,7 a 7,2 puntos (el máximo es 10), ubicándose en el lugar 21º a nivel mundial, primero en el mundo iberoamericano y superando levemente a Estados Unidos. Aunque no pocos critican la metodología de un ranking construido a partir de percepciones, lo cierto es que el IPC se ha consolidado como el estudio comparativo más utilizado y respetado a nivel mundial, por lo que el buen desempeño de Chile refuerza positivamente la imagen del país y lo distingue de un contexto regional de pobre desempeño en la materia.
Al revisar los aspectos abordados por los siete estudios utilizados en el caso de Chile, será posible reconocer nuestras fortalezas: libertad de expresión, ausencia de impunidad, independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, claridad y objetividad de las regulaciones y transparencia de la función pública. Todas ellas son, finalmente, expresiones de la limitación y control jurídico y social sobre el poder político. Y es que, inevitablemente, las políticas públicas contra la corrupción deben ser aprobadas por los mismos que serán objeto de las restricciones, controles y limitación de poder y discrecionalidad que le son esenciales.
Por eso cuesta avanzar y rara vez faltará la corrupción en los sistemas autoritarios que buscan concentrar el poder. Por eso se requiere desprendimiento republicano en gobernantes y legisladores para imponer controles, transparencia y rendición de cuentas a cambio de discrecionalidad, secretismo e impunidad.
Es fácil aplaudir la buena posición de Chile en el ranking aludido. Más difícil es aceptar que la consolidación de nuestros avances requiere recortes adicionales a la discrecionalidad de los gobernantes y sistemas de control más robustos. Entonces, cuando se discute el perfeccionamiento del Sistema de Alta Dirección Pública o mayores presupuestos para la Contraloría o el Consejo para la Transparencia, se están tomando decisiones que van a la raíz de nuestra capacidad de preservar la probidad y eficiencia del sector público.
En tal sentido, parece haber llegado el momento en que los gobiernos renuncien formalmente a la discrecionalidad con que asignan los presupuestos a los órganos de control, evitando así la tentación de imponer "austeridad" a quienes están llamados, por definición, a incomodar a la autoridad que le asigna los fondos. Mientras no se rompa ese conflicto de interés estructural en la asignación presupuestaria, subsistirá el riesgo de que los controles sean más débiles de los necesarios o, peor aun, de que el presupuesto pueda usarse como represalia o chantaje.
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