Por Guillermo L. Ordóñez | Ph.D.(c) en economía de la Universidad de California (Ucla)
Un reciente estudio de la Unesco muestra que nuestro país gasta sólo 450 dólares al año por alumno universitario. Comparado con otros países de América latina, que gastan el doble, o con países desarrollados, que gastan 10 veces más en promedio, representa un obstáculo para la formación de profesionales de alta calidad. Esto no sólo se debe a que el Estado invierte poco (0,6 por ciento del PIB contra dos por ciento en países desarrollados), sino también a la inmensa cantidad de matriculados (casi dos millones en el año 2000) que no siempre usan los recursos de manera productiva.
El éxito de una universidad no se puede medir por la cantidad de alumnos sino de egresados y en este aspecto nuestro país es muy ineficiente. Sólo 4,3 alumnos de cada 100 se reciben, cuatro veces menos que en países desarrollados. Para colmo, en promedio, los pocos egresados terminan en el doble del tiempo considerado regular.
Una universidad con muchos alumnos crónicos y pocos egresados es una universidad de contención social para jóvenes y no una universidad formadora de profesionales e investigadores de excelencia. ¿Es eso lo que queremos como sociedad?
La universidad actual tampoco es tan equitativa como se pinta. Hay muchos que enfatizan como un logro que en nuestro país accede a la universidad la misma cantidad de pobres que de ricos, pero no aclaran que hay ocho veces mas jóvenes pobres que ricos en edad de entrar. Entonces... ¡El ingreso no es tan equitativo!.
Pero lo peor es que el egreso lo es menos aún ya que la cantidad de pobres que se reciben es casi nula. Cientos de estudios demuestran que en Argentina los principales beneficiarios de la educación superior son los ricos, que obtienen sus títulos... ¡financiados por los pobres!
De manera más informal, propongo un simple ejercicio para cualquier estudiante universitario a favor de la educación gratuita en pos de la equidad. ¿Cuántos compañeros conocen que vivan en casas con piso de tierra? ¿y cuántos que vayan a clases en auto? Apuesto a que sus respuestas son, ninguno y varios. Les tengo una noticia: la universidad gratuita es tan equitativa que permite que aquellos que viven en piso de tierra y que pagan impuestos (cada vez que compran pan, leche o remedios) les compren el auto a un estudiante que, en cualquier otro país del mundo, hubiera tenido que usar ese dinero para pagar sus estudios.
Pero, ¿por qué el actual sistema está siendo consumido por ineficiencia, baja calidad e inequidad?... ¿Quizá porque el Estado aporta poco? ¡Seguro!.. Pero más importante todavía, y sin olvidar que el Estado somos todos nosotros, porque aporta de manera equivocada.
Dos políticas a evitar
Hay definitivamente dos políticas que se deberían evitar: la gratuidad de la educación superior y el ingreso irrestricto, dos temas tabú que no son apropiadamente discutidos porque aseguran muchos enemigos a quienes osan mencionarlos.
La provisión de cualquier servicio se asienta sobre tres pilares. Precio, cantidad y calidad. Cuando las cosas se dan gratis hay muchas personas que las quieren, aun cuando no las necesiten o valoren. Esto hace que la cantidad de demandantes sea grande. Cuando los recursos son limitados, si no se restringe la cantidad, la que sufre inevitablemente es la calidad. La única manera de lograr una educación de excelencia en el largo plazo es actuar sobre el arancel (precio del servicio) y/o sobre la cantidad de alumnos.
En realidad, ni siquiera hay justificación para que la educación superior sea gratuita. El individuo que se educa es el principal beneficiado (los profesionales ganan cinco veces más que los que no lo son), por lo que debe ser el que más aporte en esta inversión.
El Estado debería establecer un sistema de aranceles diferenciados, subsidios y becas basados no sólo en la situación socioeconómica sino también en el rendimiento académico. Aquellos que no tienen recursos pero que muestran capacidad podrían obtener becas que les permita estudiar sin trabajar o pagar con trabajo dentro de la universidad. Además, debería promoverse un sistema de crédito universitario o impuestos sobre las rentas diferenciales de los profesionales, para que los estudiantes paguen en el futuro si no pueden hacerlo mientras estudian.
Esto liberaría recursos para que el Estado se preocupe por lo que debe, como financiar la investigación, articular la enseñanza media con la universidad y a ésta con el mercado laboral y promover un sistema equitativo en que todos tengan las mismas oportunidades reales, no ficticias.
Entrar a la universidad porque es gratis y sin restricciones es una igualdad de oportunidades ficticia, porque estudios secundarios mediocres generan deserción de los más necesitados. El Estado debe usar sus recursos para ofrecer a todos una educación de calidad en las etapas de formación elemental y media y que los pobres en la universidad tengan las mismas armas para enfrentarla que los ricos. Esta sería una igualdad de oportunidades real.
Este sistema reduciría la cantidad de estudiantes pero incrementaría la cantidad, calidad y equidad de los egresados. No podemos esperar que estas propuestas sean apoyadas por la universidad y por los alumnos, quienes verían comprometida su estabilidad (y comodidad) en el actual sistema. Pero una reforma es esencial desde el punto de vista de toda la sociedad y son los políticos, nuestros representantes, los que deben tomar cartas en el asunto con el coraje que se requiere para afrontar estos cambios.
Artículo original
