-En su calidad de experto en temas tributarios, ¿cómo observó lo que ocurrió con la declaración de inconstitucionalidad del ICIR y las reacciones que el fallo generó?
-El fallo era en cierto modo previsible, pues existía consenso técnico sobre los apartamientos que la ley presenta respecto de la Constitución. Pero, con plena conciencia de que la Suprema Corte de Justicia tiene absoluta independencia técnica, supuso un gran alivio y golpe de confianza en el sistema. Quienes patrocinamos a algunos de los afectados sabemos que están lejos de identificarse con el modelo de "empresario tradicional de campo", contra el que existen proverbiales prejuicios. Se trataba en muchos casos de verdaderos innovadores, que han hecho significativas inversiones y contribuciones al desarrollo tecnológico del sector en nuestro país.
Pero las reacciones posteriores sobre al fallo son muy preocupantes. Nuestro sistema constitucional, luego de una larga y atribulada evolución, ha llegado a la fisonomía actual en la que se crean impuestos sobre la propiedad inmueble rural, y la Suprema Corte de Justicia lo reconoció. Siempre puede opinarse sobre un fallo, pero desde los otros poderes debe cuidarse la lealtad institucional. El actual Estado de Derecho, un Estado "Constitucional" de Derecho, no sólo exige el respeto de las decisiones de un Poder Judicial independiente, sino la aceptación por los otros poderes de la "función educadora" del control constitucional. La rigidez constitucional refleja que la sociedad ha excluido algunos aspectos de los vaivenes coyunturales. Por eso, una reforma de la Constitución nunca puede originarse en un fallo considerado "adverso", sino en una profunda y civilizada reflexión. Las reacciones viscerales e insensatas no sólo deterioran la calidad de la democracia, sino que tienen, a mediano plazo, un impacto económico en la percepción de los inversores de un país pequeño, para el que el respeto del Estado de Derecho es crucial, mucho más que para países de grandes riquezas naturales.
-¿Por qué ha señalado que Uruguay debe seguir a Chile y ponerse como objetivo ingresar a la OCDE? ¿Qué puede ofrecerle la OCDE a un país como Uruguay?
-Creo que el ejemplo del ICIR es oportuno. Demuestra que no logramos consensos en políticas tributarias y ello es imprescindible; experimentamos una reforma sistémica hace pocos años que supuso un régimen consistente, y estamos discutiendo si debemos repensarlo. Y es solo un ejemplo, pues lo mismo puede decirse de otras áreas sensibles de políticas públicas, como la educación. No se trata de excluir el debate, sino de encauzarlo, institucionalizarlo en un proceso de convergencia a los más altos estándares internacionales. Sin dudas hemos conocido la peor cara de la OCDE, y nadie duda que sus posiciones son en muchos casos una defensa acérrima de los intereses de sus miembros. Pero nuestra actitud como sociedad no debe ser a mi juicio demonizarla, ni mucho menos llorar cuando nos golpean, sino dar un paso adelante, evitar los golpes y estar en contacto fluido con los decision makers mundiales.
Porque la OCDE es hoy el centro de diseño de la arquitectura económica mundial, y se destaca en aspectos que, precisamente, para Uruguay son fundamentales: fiscalidad, modernización del Estado, buen gobierno corporativo, educación, medioambiente.
Aunque las ventajas tangibles son muy difíciles de medir, procesos como el de Chile demuestran que ayuda a converger hacia estándares modernos en todas las áreas, con una asistencia adecuada para hacerlo.
Pero en el caso uruguayo, un proceso como éste tiene todavía más relevancia, por el contexto político: un partido de gobierno heterogéneo, donde conviven muchas sensibilidades de izquierda, algunas más modernas que otras. Por ello Chile es modelo a seguir, pues su proceso de ingreso a la OCDE fue muy oportuno y útil para que la Concertación pudiera emprender y completar reformas imprescindibles sin sufrir el bloqueo de los sectores extremos de la coalición.
-¿Qué debe hacer Uruguay para formar parte de ese selecto club? ¿Hay estructuras institucionales y/o mentales a derribar para lograr ese objetivo?
-He estudiado seriamente el tema, aprovechando en ello mi experiencia internacional. Aunque el ingreso como miembro pleno a corto plazo no es realista, no debería desecharse como objetivo. En el camino, deberían explorarse alternativas factibles, como participar en un proceso de enhanced engagement, como en el que hoy está Brasil, o involucrarnos en órganos técnicos concretos como observadores regulares, algo que se ha iniciado en materia fiscal, pero no debería quedar allí.
-¿Le falta al Uruguay fijarse metas institucionales a mediano y largo plazo?
-Sin dudas. Aunque ningún proyecto, en un mundo tan dinámico, puede permanecer estático durante mucho tiempo y exige ajustes, un proyecto de país es imprescindible. Tanto en lo colectivo como en lo individual, siempre actuamos a corto plazo, es algo inexorable, pero si no lo hacemos en forma consistente con la mirada a largo, el resultado no será bueno.
Tenemos como sociedad el deber de pensar a largo plazo, anticipándonos a nuestro tiempo, como hacía por ejemplo Ortega y Gasset al proponer, ya en 1959, una España más europea. Y hay que hacerlo ya, porque tenemos las herramientas para hacerlo. No olvidemos que las decisiones, más que buenas o malas, son reversibles o irreversibles.
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