Nota: Este tipo de actitudes, que busca entorpecer que los chilenos tengan acceso a la información de empresas QUE LES PERTENECEN, resultan demasiado sospechosas. Peor aun es saber que el gobierno ha pretendido "chantajear" a los parlamentarios, para que no busquen realizar una mayor fiscalización sobre esas empresas. La Moneda se enfrenta al Congreso por atribuciones a diputados para fiscalizar empresas públicas. Iniciativa permitirá acelerar multas a ejecutivos que no entreguen información a la Cámara e incluso abre la puerta para su destitución.
"Parece que al ministro Viera-Gallo se le olvidó que alguna vez fue parlamentario", lanzó el senador RN Alberto Espina para distender el ambiente de la comisión mixta donde se discute el proyecto de la ley orgánica del Congreso.
Era la tarde del lunes y los ánimos estaban crispados por una serie de reparos que el ministro José Antonio Viera-Gallo comenzaba a hacer, en público y en privado, sobre la iniciativa.
El proyecto es clave para el Congreso. Allí se concentró la batería de medidas promovidas por las mesas que dirigen los UDI Rodrigo Álvarez, en la Cámara de Diputados, y Jovino Novoa, en el Senado, para mejorar la imagen parlamentaria.
Entre ellas, la creación de un consejo resolutivo de asignaciones parlamentarias -común para ambas cámaras- y de un comité de auditoría.
La pugna, sin embargo, se produjo porque la iniciativa también incluye un aumento de las facultades fiscalizadoras de los diputados en relación a las empresas públicas. Y es que en los artículos 9 y 10 del proyecto se refuerza el deber de éstas de proporcionar información requerida por los diputados, pero además se abre el paso para que en 30 días la Contraloría sancione a los ejecutivos interpelados por el o los diputados con multas e, incluso, de reiterar la falta se llegue a su destitución.
Los artículos causaron preocupación en La Moneda y, en especial, en el Ministerio de Hacienda, donde se teme una ofensiva que -aseguran- afectaría la competitividad de las empresas públicas al poner a disposición de los diputados información comercial de carácter privilegiado (nota: como si los que manejan la información en el propio gobierno y sus allegados no la utilizaran ¿serán tan "angelicales"? sólo hay que recordar que cuando salen del gobierno, van corriendo a ocupar sillones en las empresas privadas que antes fueron sus contrapartes. Además, ¿cómo va a estar por sobre los intereses del Estado, los interes de una empresa y sus ejecutivos? Finalmente, es absurdo que los congresistas pueden conocer SECRETOS DE ESTADO, pero no información sobre el uso de los recursos DE LOS CHILENOS, administrados por un grupo de "amigotes" designados a dedo? El secretismo, sólo invita a la corrupción...).
"Las facultades de los diputados tienen que darse en modo tal que no vulneren la confidencialidad de la información estratégica que toda empresa debe tener para competir en el mercado", afirmó Viera-Gallo.
Los mensajes del Gobierno a los parlamentarios oficialistas se han sucedido toda la semana. Pero lo que más ha molestado a los diputados de la Concertación es que el Gobierno interpuso una reserva de constitucionalidad para la creación del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, lo que se interpretó como una señal de molestia por el apoyo oficialista a las nuevas atribuciones sobre las empresas públicas. "El Congreso no puede ser rehén de otras negociaciones; por ejemplo, lo que tiene que ver con la fiscalización de las empresas públicas", aseguró el jefe de la bancada PS, Marcelo Díaz.
"Hay medidas para salvaguardar intereses legítimos de las empresas del Estado, nadie quiere perjudicarlas. Si el Estado quiere dedicarse a labores empresariales, está muy bien, pero sigue siendo Estado y usando recursos públicos", afirmó el diputado Alberto Cardemil.
En La Moneda descartan una vinculación entre ambos temas, pero explican la reserva constitucional señalando que -a juicio del Ejecutivo- la creación de un Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, que externalizará los recursos entregados a los legisladores, necesitará de recursos y funcionarios. Y eso sólo puede autorizarlo el Gobierno.
Una postura que, sin embargo, ha sido rechazada por los parlamentarios. "La ley orgánica del Congreso nos da atribuciones de formar estas comisiones sin necesidad de patrocinio del Ejecutivo", afirmó el presidente de la Cámara, Rodrigo Álvarez.
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