Transparencia de la capacidad militar y confianzas

El seminario «América Latina en la perspectiva estratégica», organizado por el Ejército de Chile con la participación del Instituto Internacional para Estudios Estratégicos, de Londres (IISS), y del Centro de Estudios Internacionales de la UC, incluyó un interesante panel que recogió la creciente preocupación por el gasto y las capacidades militares en la región y sus implicancias.

Christopher Langton, investigador del IISS, expuso sobre la generación de confianzas a partir de la transparencia en el tema. Desde fines de los años 50, el IISS ha ido recopilando y evaluando información de defensa, hasta establecer tendencias y acumular datos de 170 estados. El origen de la evaluación anual que se divulga en The Military Balance fue entregar información de las fuerzas militares de la URSS y de Occidente, con la creencia de que un mayor grado de transparencia ayudaría a enfriar una guerra fría que se estaba calentando. Ese principio aún los sigue inspirando y lo creen perfectamente aplicable a otras realidades.

En América confluyen diversas iniciativas en la misma materia. La OEA instauró la Convención Interamericana sobre Transparencia en la Adquisición de Armas Convencionales; la Red de Seguridad y Defensa en América Latina publica información militar, y Flacso ha llevado a cabo una amplia labor con el objetivo de ayudar a prevenir conflictos. Además, existe un trabajo importante de fomento de confianza y seguridad entre Chile y Argentina, que comenzó con el documento de Cepal sobre metodología comparativa de gastos en defensa. Una iniciativa similar con Perú no ha podido concretarse.

Al intervenir en el seminario, el comandante en jefe del Ejército, general Oscar Izurieta, manifestó que la información relacionada con cuánto y cómo se invierte en defensa es cada vez más pública, pero que, paradójicamente, esa misma transparencia no ha estado exenta de controversias y suspicacias. Se ha llegado a insinuar que nuestro país estaría en una carrera armamentista.

La política de defensa chilena sostiene que el Estado debe proteger a su población, resguardar los intereses nacionales, salvaguardar su independencia política, su soberanía nacional y su integridad territorial. La inversión en defensa debe estar en función de estos objetivos. Suponer que las adquisiciones deben hacerse como respuesta a lo que otros estados deciden sería entrar a una competencia abiertamente contradictoria con la generación de confianzas y, consecuentemente, con todos los proyectos de cooperación e integración regionales.

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