Nota: Así se toma en Perú los fallos de tribunales internacionales, acusando a las cortes de emitir fallos "injuriosos". ¿Imaginan cual sería la reacción de los peruanos si llevan su débil reclamo marítimo ante una corte internacional, y pierden? ¿Acaso no acusarían a la corte de venderse a Chile?, etc. y además, ¿de qué se acusaría al gobierno peruano que presente la demanda? de ineptos, de traidores, de improvisados. Así, ¿qué gobierno peruano se aventurará jamás a demandar a Chile? Por eso que estos gobiernos, salvo emitir acusaciones contra Chile por la prensa e incitar al odio por Chile, no toman ninguna otra acción, salvo mostrarse agresivos y que ministros peruanos salgan a decir que Perú está listo para una guerra con Chile... curiosamente, al final, los agresivos somos los chilenos.
Gobierno provisional y toledista deben responderle al país.
El Perú ha sido conducido al borde de la humillación mundial por la acción directa de Sendero Luminoso y por la traición de los gobiernos de Valentín Paniagua y Alejandro Toledo, según se desprende del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que pretende que los peruanos desagravien a los terroristas.
Esta historia empezó el 18 de mayo de 1992, cuando el “comité de familiares de presos políticos y prisioneros de guerra”, apéndice de SL, acusó al Perú ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de haber cometido “genocidio” en las operaciones policiales realizadas del 6 al 9 de mayo de ese año para restaurar la autoridad en el penal de Canto Grande.
Corte rechaza
En ese presidio, los terroristas se habían amotinado y atrincherado bajo la consigna de “combatir hasta morir”. Durante cuatro días de resistencia armada murieron dos policías y 41 terroristas.
El 21 de octubre del mismo año, el Perú envió a la CIDH un informe de la Fiscalía de la Nación que esclareció los hechos.
La CIDH insistió y el 25 de noviembre del 92’ le pidió a la Corte IDH que dicte medidas provisionales a favor de los terroristas, lo cual fue rechazado por ese tribunal el 27 de enero de 1993, porque no había pruebas que respaldaran la versión senderista.
Allí murió el primer intento de culpar al Perú de la falsa “matanza”.
Segundo intento
El 5 de junio de 1997, la presunta senderista Mónica Feria Tinta, presentó una nueva denuncia por el mismo caso, con apoyo del abogado británico Curtis Doebbler, actual defensor del ex hombre fuerte de Iraq Saddan Hussein.
Feria acusó al Perú de haber cometido “tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes” contra los terroristas durante el “ataque” al penal y con posterioridad al mismo, pero su denuncia no prosperó.
Tres años después, el 5 de marzo de 2001, extrañamente y sin que hubiera nuevas evidencias, la CIDH reabrió el caso. Por coincidencia, las ONG habían llegado al poder con Diego García Sayán como ministro de Justicia, invitado por el gobierno provisional de entonces.
La traición
Rápidamente, el 16 de marzo de 2001, el nuevo gobierno presentó ante la CIDH un informe “de admisibilidad”, en el que, cobardemente, se allanó ante las acusaciones de Sendero luminoso contra el Perú.
Pero allí no quedó la traición, el 24 de abril la CIDH pidió que los acusadores senderistas y el Estado presentaran sus alegatos y pruebas, y el gobierno “caviar” perdió de pronto la rapidez y dejó correr el tiempo.
En una audiencia de la Corte IDH, del 14 del mismo mes, el Estado volvió a aceptar como verdaderas las acusaciones de SL, para “castigar” al gobierno anterior, sin medir las consecuencias que traería su actitud para el Perú.
Toledo también
El gobierno de Alejandro Toledo tampoco movió un dedo en defensa del Perú: nombró canciller a García Sayán, y dejó que el tiempo pasara.
En octubre de 2003 la CIDH aprobó su informe 94/03 en el que acusó al Perú de“violación de los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales y protección judicial” en agravio de los terroristas.
Además, pidió que se haga una investigación, para “establecer la verdad histórica de los hechos; procesar y sancionar a los responsables de la masacre”, y que se otorgue a los terroristas “una reparación adecuada”.
El gobierno toledista tampoco respondió, y permitió así que, el 13 de agosto de 2004, la comisión llevara el caso a la jurisdicción de la Corte IDH.
Nadie nos defendió
Antes de que la Corte IDH dictara la sentencia infamante contra el Perú, se realizó una audiencia clave, que se celebró el 26 y 27 de junio pasado, en San Salvador, a la que el régimen toledista envió como defensor al procurador de “derechos humanos” Óscar Manuel Ayzanoa Vigil, en vez de enviar al procurador antiterrorismo, Guillermo Cabala.
Ayzanoa Vigil, por cierto, es un conocido abogado “caviar” ligado al consorcio Justicia Viva, apéndice de la ONG Instituto de Defensa Legal (IDL), que defiende a presos por terrorismo.
En esa audiencia, Ayzonoa Vigil dijo que “el Estado reconoce su responsabilidad en los hechos acaecidos entre el 6 y 9 de mayo de 1992”.
Durante su exposición ante la Corte, el procurador se allanó a la acusación y se refirió a los presos como “internos, víctimas, miembros de un partido”, etc., ocultando su condición de terroristas.
Así fue el juicio
El juicio contra el Perú por el caso Canto Grande fue un “paseo” para los acusadores senderistas, porque el Estado les facilitó todo para que ganaran la causa, a sabiendas que era una denuncia injusta y política.
Desde el 2005 hasta setiembre pasado, cuando el tribunal dictó su sentencia, los demandantes hicieron desfilar ante los jueces a testigos y “peritos” que declararon a su favor.
Los testigos de cargo eran todos terroristas o familiares de terroristas, y los peritos “expertos” extranjeros que nunca estuvieron en el Perú pero opinaron a favor de SL a partir de las versiones acusadoras.
Los Gobiernos de Paniagüa y Toledo jamás llevaron a nadie que pudiera atestiguar la crueldad y vileza con que actuaban los terroristas contra personas inocentes en su accionar homicida y demencial.
Tampoco llevaron a nadie que atestiguaran que hubo combates, ni presentaron los vídeos de las fortificaciones que construyeron los senderistas en la cárcel; ni tampoco llevaron a los familiares de los dos policías que murieron o fueron heridos en el combate.
http://www.expreso.com.pe/Hoy_dia/politica/sec_pol_nota07.htm
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