La porfiada inequidad del sistema tributario chileno

Colaboración de Mario

Nota: En lo personal considero que subir los impuestos en este momento sería un abuso y un atentado a la moral, básicamente, porque el Estado es demasiado ineficiente y dilapidador de los recursos que ya recibe. Antes de aumentar los impuestos, deberían gastar mejor los recursos ya recaudados, lo opuesto sería premiar la ineficiencia e ineptitud. Además, ¿para qué quieren más impuestos, si el Estado prácticamente no tiene deuda y cuenta con fondos multimillonarios invertidos en el exterior? fondos que le permiten al gobierno abrir la chequera fiscal a cada rato para tirar dinero por aquí y por allá (como los más de $5.000 millones de dólares que se tirarán sólo en parchar el Transantiago). Queda la impresión que la centro-izquierda pretende disculpar su ineficacia en una supuesta falta de recursos, algo que es falso. Parece que estas propuestas para aumentar los impuestos tienen un propósito más que nada político-electoral... se disputan -supuestamente- quién tiene más sensibilidad social: "voten por mi, yo tengo más sensibilidad social... subiré los impuestos", aunque en el fondo no es eso lo que se busca y si puede ser una medida que termine dañando las expectativas y la recuperación post-crisis internacional (ojo que ya se disputan quién está dipuesto a subir más los impuestos, quién es el "más sensible").

En nuestra actual contienda presidencial pareciera que el tema tributario, y con mayor razón una reforma tributaria, fuera un invitado de piedra al que hay que ignorar. El pensamiento conservador argumenta que dado que el precio del cobre empieza a recuperarse y la crisis global estaría viendo la luz al final del túnel, no hay que preocuparse de los impuestos, pues podremos seguir gozando de las rentas cupríferas sin tocar el sistema tributario.

En las grandes contiendas electorales que se dan en los sistemas democráticos es normal y sano que el tema tributario forme parte de la agenda de discusión política. En general los programas de gobierno que disputan la adhesión mayoritaria del electorado conllevan aumentos de gasto público que es necesario saber como se van a financiar o bien implican reducción de gasto o de impuestos de los que es importante conocer sus destinatarios.

En ambos casos no es menos relevante dar cuenta como estas proposiciones afectan el nivel de actividad económica y la distribución del ingreso. La discusión del tema tributario tiene la virtud, no obstante sus complejidades técnicas, de hacer confluir la economía y la política pues el sistema tributario puede ser modificado democráticamente por el Ejecutivo y el Parlamento. Por lo tanto en este campo no hay derechos adquiridos ni privilegios cuando el sistema depende de la voluntad ciudadana.

Ahora bien, en nuestra actual contienda presidencial pareciera que el tema tributario, y con mayor razón una reforma tributaria, fuera un invitado de piedra al que hay que ignorar. El pensamiento conservador argumenta que dado que el precio del cobre empieza a recuperarse y la crisis global estaría viendo la luz al final del túnel, no hay que preocuparse de los impuestos, pues podremos seguir gozando de las rentas cupríferas sin tocar el sistema tributario.

Si viviéramos en un país escandinavo, europeo o en los Estados Unidos podríamos pensar que en la actual situación y en lo inmediato el tema impositivo no es relevante, pero tengamos claro que el sistema tributario en esos países no está asentado en la volatilidad del precio de una materia prima y la equidad de dicho sistema es muy superior al nuestro. Tampoco la situación recesiva que vive nuestra economía es razón para ignorar el tema tributario aduciendo que ello puede afectar las decisiones de inversión. La verdad es que nadie hace una reforma tributaria que signifique menor crecimiento y menor inversión.

El problema de fondo es que el sistema impositivo heredado del régimen militar se caracteriza por su inequidad, es decir por los beneficios exagerados que ella contiene particularmente para las personas con mayor capacidad económica. La Concertación ha ido modificando parcialmente esta situación por la vía de: aumentar el impuesto a las utilidades de las empresas en 1990 y 2002, alcanzando actualmente a un 17%, mientras hace veinte años era de solo 10%; reducir la tasa marginal máxima de los impuestos personales primero en 1995 y después en 2002, llevándola desde el 50% existente en 1990 al 40% actual , todo ello para "desahogar a la clase media"; reducción de los aranceles a las importaciones de 20% al 6%; el 2005 se elimina la franquicia tributaria conocida como 57bis promulgada en los años 80 y que permitía a los accionista rebajar en 20% su base imponible por el valor de las acciones de primera emisión en su poder (beneficio al 1% más rico de los chilenos); nuevas normativas y mejoría en cantidad y calidad del personal de impuestos internos, para evitar la evasión y elusión el 2001 y que significaron el 2004 recaudar más de 900 millones de dólares por reducción de la evasión.

Sin embargo, los cambios logrados en los últimos veinte años no permitieron volver a los niveles de carga tributaria de principios de los ochenta, cercanos al 20% (2006 fue 18%). La estructura tributaria se ha concentrado en los impuestos al consumo de naturaleza regresiva, priorizando la eficiencia en la recaudación por sobre los aspecto de equidad. Y el sistema tributario sigue caracterizado por su inequidad, y principalmente por la elusión y franquicias que en la práctica son una de las principales fuentes de la inequidad. Respecto a esta última el Servicio de Impuestos Internos (SII) publica anualmente un informe de lo que ellos llaman "Gasto Tributario", es decir la pérdida de recaudación asociada a las principales franquicias y tratamientos especiales en el IVA y el impuesto a la renta. De acuerdo al SII estas franquicias se estimaron para el año 2008 en 4,6% del PIB, es decir 7.800 millones de dólares.

El 70% de estas franquicias están en principio destinadas a estimular el ahorro y la inversión por la vía de postergar la tributación de las utilidades reinvertidas con lo cual el contribuyente tiene un crédito estatal a 0% de tasa de interés. Paradojalmente el ahorro privado se ha ido reduciendo sistemáticamente. como porcentaje del PIB de un 6% el 2003 a un 3,3% el 2007. Franquicias también se dan en la depreciación acelerada, y las rentas destinadas a fondos de pensiones; otras franquicias de este paquete benefician la actividad inmobiliaria vía exención del pago del IVA, la actividad de la educación y la salud, transporte, seguros y otros. Según estudio del SII del 2005 se constata una concentración de estas franquicias en el quintil de mayores ingresos.

En este sentido estas preferencias son claramente regresivas sin que se manifieste un crecimiento del ahorro. Una de las franquicias más regresivas es la de salud y educación, cuyos establecimientos al estar exentos de pago de IVA se les permite ofrecer servicios a precios más bajos a los sectores de más altos ingresos del país quienes son los que compran educación y salud.

Podemos concluir que en materia tributaria la Concertación no ha concluido su tarea de corregir la inequidad y aumentar la recaudación tributaria, el tema de las franquicias es uno de los ejemplos pues al parecer desde el punto de vista social muchas de ellas no se justifican.

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Factura electrónica ha significado ahorros por unos US$150 millones para empresas

Según un estudio de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), el 31% de las empresas migraría al sistema en los próximos dos años.

El 31% de las empresas que aún emite sus facturas y documentos tributarios en papel planea migrar al modelo de facturación electrónica del SII en los próximos 2 años. Una cifra aún mayor, el 57%, en tanto, cree que adoptará finalmente el modelo, aun cuando ello ocurra en un horizonte más lejano.

Así se desprende del estudio Factura Electrónica 2009 en Chile, desarrollado conjuntamente por la Cámara de Comercio de Santiago (a través de su Centro de Estudios de la Economía Digital) y el Servicio de Impuestos Internos. Esta investigación corresponde al seguimiento del primer estudio sobre la materia realizado hace siete años por la CCS, previo a la implementación del modelo por parte de la autoridad tributaria.

Desde aquella época, el porcentaje de empresas que espera finalmente adoptar el modelo se incrementó sustantivamente, desde el 40% en 2002 al 57%. En pequeñas empresas esta propensión subió del 39% al 55%, mientras que en las grandes subió de 75 a 82%.

De acuerdo a las cifras oficiales del SII, a abril de 2009 se encuentran autorizadas para facturar electrónicamente más de 13.500 empresas, las que en conjunto han emitido cerca de 360 millones de documentos tributarios electrónicos.

Los resultados son consistentes con investigaciones recientes de la CCS, que muestran que la existencia de un sistema básico de facturación electrónica gratuito para las MiPYMEs provisto por el SII ha contribuido a incrementar en forma significativa la adopción de estas nuevas herramientas en las empresas de menor tamaño. A diferencia de otras tecnologías que presentan una preocupante brecha de adopción entre pequeñas y grandes empresas, en el caso de este modelo se observa un patrón más homogéneo entre los distintos tamaños de firmas.

En el caso de las empresas que actualmente utilizan el modelo de facturación electrónica, los principales beneficios percibidos apuntan a la disminución de los riesgos de fraude, la agilización de los procesos de facturación y pago, la reducción de errores, la simplificación y pago de impuestos, y los ahorros de costos operacionales. Entre estos últimos, el timbraje de los documentos tributarios ante el SII, los costos de emisión y almacenamiento de facturas, y el procesamiento, envío y recepción de éstas figuran entre las principales ventajas para las empresas que operan en esta modalidad.

De acuerdo a estimaciones de la CCS realizadas en el estudio de 2002, dependiendo de su tamaño, una empresa es capaz de generar un ahorro de costos en el corto plazo de entre $100 y $360 por documento emitido (lo que representa entre un 40% y un 55% de los costos totales del proceso).

Considerando la cantidad de documentos electrónicos emitidos a la fecha, es posible estimar (a partir de un cálculo simple) que la implementación del modelo ha significado un ahorro de costos acumulado cercano a los US$150 millones para las empresas en su conjunto.

Las empresas usuarias constituyen una pieza fundamental del sistema de facturación electrónica en el país, no sólo por su rol como tomadores de nuevas tecnologías, sino también porque propician la adopción del sistema en otras empresas dada la integración productiva que existe en los círculos empresariales. Así, una empresa usuaria de facturación electrónica que ve los beneficios inherentes a esta tecnología, instará a las empresas con las que tiene negocios a adoptar la misma tecnología.

Lo mismo sucede dentro de la empresa con otros desarrollos tecnológicos asociados a la factura electrónica. Entre los servicios o desarrollos asociados a la implementación de factura electrónica más adoptados están los servicios de impresión (25%), llamando la atención que los sistemas de pago digitales sólo presenten un 13% de adopción. El uso de factura electrónica simplifica enormemente la logística de la empresa, pero podría simplificarse mucho más si los canales de pago fueran igual de expeditos.

FACTURACIÓN MIPYME

El Sistema de Facturación Electrónica MIPYME, tiene como objetivo proveer a estos contribuyentes de una funcionalidad básica que les permita emitir y gestionar facturas electrónicas y en general cumplir con toda la normativa que el SII ha establecido para los contribuyentes autorizados a operar bajo esta modalidad.

Entre las MIPYME existe muy buena percepción del servicio proporcionado por el SII, calificándola con una nota promedio de 6 sobre un máximo de 7. Entre los aspectos positivos destacan la rapidez del sistema (17%) y facilidad de uso (16%).

Respecto al uso del servicio de facturación electrónica MIPYME, ésta ha tenido una acogida bastante auspiciosa; 96% de los usuarios declara que recomendaría su uso y 91% cree que la factura electrónica es fácil de usar, lo que lo convierte en una muy buena alternativa de modernización empresarial.

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Perú: Recaudación tributaria en caída libre

Acaban de salir las cifras de la recaudación de febrero del 2009 y, según la Sunat, los Ingresos Tributarios del gobierno central cayeron en 10.7%, con respecto a febrero del 2008. En enero sucedió lo mismo, pues los ingresos tributarios cayeron 9.5%. Ya se sienten los efectos de la crisis internacional y se aleja la aspiración de la Sunat de superar la recaudación del 2008.

Sin embargo, al analizar las cifras se aprecia que algunos tributos suben (un poco), mientras otros bajan (bastante). Por ejemplo, el IGV interno aumentó en 4.5%, “lo que guarda relación con el crecimiento de la demanda interna de 5%”, dice la Sunat. Pero, ojo, ya no estamos en los niveles superiores al 10% de hace unos meses.

Lo que ha bajado, y fuerte, es el IGV a las importaciones (cayó 8.5%) debido sobre todo a la reducción de los precios del petróleo y de las gasolinas importadas. Hay que decir, sin embargo, que las importaciones de bienes de consumo y bienes de capital siguieron subiendo, pero no pudieron “compensar” la enorme caída petrolera.

Así, el IGV total (interno e importado) cayó 1.5% con respecto a febrero del 2008. Como el IGV explica cerca del 50% de la recaudación del gobierno central, las “cifras rojas” ya suenan alarmas. Cálculos realizados por nosotros sumando la recaudación de los últimos 4 meses (noviembre y diciembre del 2008, más enero y febrero del 2009) nos dan una proyección anual de caída del IGV de 3.2% en el 2009.

De caer el IGV, además del fisco se verán afectadas las municipalidades, pues el 94% de los ingresos del Foncomún provienen de allí. Como se sabe, del 19% del IGV el 17% va al gobierno central y el 2% restante va al Foncomún. En el 2008, de los S/. 10,800 millones presupuestados para las municipalidades en todo el Perú, S/. 3,010 millones eran del Foncomún (algo menos del 30%).

Sin embargo, la baja del IGV palidece frente a la “caída libre” de la recaudación del Impuesto a la Renta (IR). En enero cayó 9.7% y en febrero nada menos que 19.5%. Dice Sunat que “esto se explica principalmente por los menores pagos de las empresas del sector minero”. Agreguemos que también ha caído el IR de las petroleras.

Como estos sectores explican el 45% del total recaudado por Impuesto a la Renta (S/. 17,169 millones en el 2008), el impacto en el Presupuesto va a ser significativo. En el gráfico se aprecia que en el 2006 el IR a la minería oscilaba alrededor de S/. 500 millones al mes, lo que aumentaba en marzo y abril, debido a la regularización del pago del IR, como producto de los buenos precios de los minerales. En el 2007 y el I semestre del 2008, la recaudación aumentó a S/. 600 millones a S/. 700 millones mensuales.

Pero a partir de agosto pasado, los precios caen en picada y en enero del 2009 se recaudaron solo S/. 160 millones. Además, en marzo-abril no habrá una regularización del IR como antes. Esta menor recaudación afecta al fisco y, también, al canon (que es el 50% del IR que pagan las empresas mineras). Aquí sienten la pegada los gobiernos regionales y, también, las municipalidades (en el 2008, su Presupuesto de Apertura tenía S/. 2,500 millones de canon minero) que, como vimos, también sufren por el IGV.

Lo peor es que la recaudación seguramente continuará esta misma tendencia durante el 2009. Había que haber guardado pan para mayo, lo que no se hizo.

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