Son minas antipersonales, en 168 zonas de la Cordillera. Deben desactivarlas antes del 2012. Pero informes chilenos revelan que no se llega. Relato desde un campo minado, a 30 años del conflicto.
El temporal retumba en el Estrecho de Magallanes. La barcaza que llega al lado chileno de la isla de Tierra del Fuego se sacude como una cáscara de nuez, pero logra anclar. Baja la compuerta y libera una docena de autos y camiones con mercaderías para la isla. La maniobra es intensa, porque el viento es de 120 kilómetros por hora. Las playas de Bahía Azul confunden a los visitantes, porque un cartel los saluda: "Bienvenidos a Chile" y otro los asusta: "Peligro, Campo Minado". Fueron colocados a dos metros de distancia y recuerdan la crispación que se vivió hace 30 años, cuando casi estalla la guerra con Argentina.
Todavía hoy, Chile tiene sus fronteras minadas. No desactivó 106.894 minas, que están desparramadas en 168 campos, al norte y al sur de la Cordillera de los Andes. Perú, Bolivia y Argentina son los tres países que limitan con esas barreras, herencia de la dictadura de Augusto Pinochet, pero amenaza vigente para la población civil.
El paso de los enviados de Clarín es advertido por un lugareño: "No se salgan de la ruta, porque si se adentran, corren serios riesgos". Pero hay que salirse y al menos sortear un alambrado caído para poder fotografiar y tomar nota de los carteles que confirman la presencia de esos artefactos, diseñados para diezmar a las tropas de desembarco.
En la Bahía Azul, las señales de alerta son rojas y verdes. Están en español, inglés y alemán, pero todas advierten lo mismo: que avanzar significa perder la vida o quedar mutilado. Un matrimonio de viajeros italianos pregunta desde la banquina: "¿Esto de las minas no será un invento para tener a raya a los argentinos?". Los informes oficiales son menos incrédulos: las minas están, son 3.636 en la zona costera y pueden explotar.
La constatación puede hacerse en la página Web de la Oficina para el Desarme de las Naciones Unidas. Allí está el Informe de Transparencia de la Comisión Nacional de Desminado Humanitario (CNDA) que creó Chile para cumplir con la Convención de Ottawa, que prohíbe el uso y la producción de minas antipersonales y ordena destruírlas.
Si se cruzan los datos, puede deducirse que Chile no llegará a desminar su territorio para el año 2012, como indica su compromiso original, y que necesitará una prórroga para llegar al objetivo. En 2002, Chile declaró tener 122.661 minas en zonas de frontera. Al año siguiente las contó mejor y reportó 123.443.
Para el año 2005, el país trasandino mejoró el ritmo del desminado, porque dijo tener instaladas 119.347 minas y menos cantidad en 2006: 117.108, según los documentos a los que accedió Clarín. El año pasado, el reporte chileno habló de 112.449 minas, mientras que en mayo último se notificó a la ONU la cifra actual, 106.894. Pasado en limpio, desde 2002, sólo 15.767 minas fueron encontradas, extraídas del suelo y anuladas en su capacidad de daño. Representan el 12,8 por ciento del total. Y quiere decir que el trabajo está lejos de completarse.
Marcela Ríos, oficial de Gobernabilidad del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, considera que "el proceso de desminado está en marcha y muy bien porque existe un fuerte compromiso del Estado de Chile y se han aumentado los recursos para hacerlo". Sin embargo, estima que "a pesar del fuerte impulso, es improbable que se cumpla con la meta del 2012 y quizás sea necesario extender dicho plazo".
El trabajo, sobre todo aquí, en el Sur, se dificulta por las condiciones climáticas (los expertos pueden trabajar sólo tres semanas al año) y los costos operativos. Poner una mina cuesta entre 50 y 200 dólares. Sacarla sale mucho más: 1.000 dólares. Hay países que hacen los dos trabajos: el negocio de la guerra y el negocio de la paz.
Las minas que se destruyeron más rápido fueron las que estaban almacenadas, el triple de las que permanecen activas. Según la Comisión de Desminado de Chile, en agosto de 2003 se completó la destrucción de las 300.039 que había en stock. Sólo se quedaron con un puñado para entrenamiento.
De las planillas documentales obtenidas por Clarín, también puede ponerse atención en las fechas de colocación de los explosivos. De ese ejercicio, salta un vínculo inmediato entre la instalación de campos minados y momentos clave en la Argentina gobernada por los militares. La mayoría de las minas fueron colocadas entre 1978 y 1979, cuando el conflicto por el Beagle estaba latente, y entre 1981 y 1983, cuando se produjo la guerra de Malvinas y el ocaso de la dictadura argentina.
"Hoy Chile está conforme con su statu quo territorial y no tiene reclamaciones pendientes con sus vecinos. Por lo tanto, su gran objetivo no es ofensivo, sino defensivo. Para materializar su defensa, ha escogido una estrategia disuasiva", aclaró la Comisión de Desminado en su página Web.
Del lado argentino, el ministro Gustavo Ainchil, de la Dirección de Seguridad Internacional, Asuntos Nucleares y Espaciales, explicó que Chile "no ha incrementado su gasto en Defensa, sino que lo mantiene constante, y eso es bueno, porque quiere decir que no está en una carrera armamentista".
Consultado sobre un posible pedido de prórroga de Chile, el funcionario dijo que la Cancillería "no pondría reparos", siempre que las tareas no se paralicen.
No se paraliza la barcaza que viene ahora hacia el lado chileno de la isla de Tierra del Fuego. Se bambolea como una hamaca. Pronto abrirá su boca de acero y soltará autos, camiones y acoplados, provenientes de la zona patagónica del continente. El Estrecho de Magallanes nunca se queda quieto, ni siquiera al tocar la playa de la Bahía Azul. Sabe que a unos pocos metros de allí, no sólo sus olas pueden provocar un estruendo.
Para volver a Ushuaia hay que pasar por San Sebastián, donde están los puestos de control fronterizo. A la vera de la ruta aparecen ovejas, zorros y guanacos. La nota está por terminar, pero, de pronto, una nueva advertencia: en San Sebastián hay otros cuatro campos minados. Activos.
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