Una revolución educativa para América Latina

Los países deberían invertir en una amplia variedad de acciones para que nuestros niños lleguen a la escuela listos para aprender.

¿Pueden los estudiantes de América Latina y el Caribe alcanzar a sus pares de países desarrollados?

La evidencia más reciente no es alentadora. A pesar de que el acceso a la educación se ha expandido considerablemente en nuestra región, las pruebas de evaluación de rendimiento estudiantil muestran que la calidad de nuestra educación pública está en los últimos peldaños de la escala internacional. Un tercio de nuestros estudiantes de tercer grado no entienden oraciones que comienzan con “había una vez” y casi la mitad de los de sexto grado no pueden resolver problemas con fracciones.

Hasta hace poco los esfuerzos para mejorar los logros educativos se enfocaban casi exclusivamente en mejorar la educación para niños mayores de seis años. Pero para entonces puede ser demasiado tarde. Para cerrar la brecha educativa, nuestros gobiernos y nuestras sociedades deberían asegurar que todos los niños reciban una estimulación adecuada, así como educación, salud y nutrición, antes de ingresar al primer grado.

Numerosas investigaciones señalan que el período entre el nacimiento y el ingreso a la escuela es crítico, ya que 80% de desarrollo cerebral tiene lugar antes de los tres años de edad. Sin una adecuada estimulación y nutrientes apropiados durante esta etapa clave, los niños pueden padecer retrasos de aprendizaje.

Las conclusiones de dichos estudios tienen enormes consecuencias para América Latina y el Caribe, donde unos 46 millones de niños menores de seis años (muchos de ellos provenientes de hogares humildes) no están matriculados en programas de desarrollo infantil temprano o de preparación para el aprendizaje.

Los niños de familias pobres que participan en buenos programas de desarrollo infantil temprano tienen 40% menos probabilidades de requerir educación especial o de tener bajas calificaciones, en comparación con aquellos que no participan en tales programas. Además, tienen 30% más probabilidades de terminar la secundaria y el doble de probabilidades de llegar a la universidad.

Éstas podrían ser razones suficientes para darle prioridad a la educación infantil temprana, pero estos programas resultan atractivos hasta desde un punto de vista estrictamente económico. En Estados Unidos las evaluaciones de un vasto programa de educación infantil temprana indican que cada dólar invertido generó un retorno de 17 dólares. Los beneficios se acumulan tanto en los niños, ya que como adultos pueden ganar mejores salarios, como en toda la sociedad, porque se reduce la dependencia de programas de asistencia social y disminuye la tasa de delincuencia. Tan sólo los ahorros asociados con el hecho de evitar delitos sumaron 11 veces el costo del programa.

Algunos gobiernos de América Latina y el Caribe están haciendo hincapié en la importancia de la educación infantil temprana y la preparación para el aprendizaje. Uno de ellos es Chile, donde existen varios proyectos, entre los cuales se cuenta una iniciativa conjunta innovadora entre el gobierno y el BID para la educación parvularia. La idea es monitorear y medir posteriormente los progresos que se realicen en esta área, la que está viviendo una expansión sin precedentes en este país.

En base a lo que sabemos sobre los beneficios y recompensas de estos programas, nuestra recomendación es muy simple: nuestros países deberían invertir en una amplia variedad de acciones para que nuestros niños lleguen a la escuela listos para aprender. Tanto las sociedades como los gobiernos deben asumir responsabilidad por estas inversiones, por lo cual estos programas deben ser rigurosamente evaluados. Por esto los especialistas de educación del BID están apoyando un sistema regional de medición.

Según nuestros cálculos, los países de la región tendrían que invertir unos US$ 14.000 millones al año para reducir la brecha en preparación para el aprendizaje entre los niños de hogares más y menos pudientes. Esa suma puede parecer exorbitante en estas épocas de estrechez. Pero en el último año la región gastó tres veces más en sus fuerzas armadas y en subsidios para reducir el precio de combustibles.

Si bien la defensa y el transporte tienen su lugar en los presupuestos nacionales, darles a 46 millones de niños las oportunidades que se merecen ayudaría a emprender en mejores condiciones la larga batalla contra la desigualdad. ¿Cuál es el precio de esa victoria posible y necesaria?

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Analfabetos funcionales podrían llegar a los 4 millones en Chile

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El 95,7% de los chilenos saben leer y escribir, lo que acerca a nuestro país a ser declarado libre de analfabetismo. Sin embargo hay un grupo de personas que -si bien- aprendieron estas operaciones básicas no pueden aplicarlas en su vida cotidiana. Son los analfabetos funcionales. Con certeza hay más de un millón de ellos, pero podrían ser cuatro millones.

No pueden leer esta nota, ayudar a sus hijos en sus tareas escolares ni ejercer sus derechos ciudadanos o políticos. Están condenados a un rincón de la sociedad. Son los que no saben leer ni escribir, los analfabetos absolutos, que en el mundo son 776 millones de adultos y en Chile 480.865 personas: el 4,3% de la población mayor de 15 años, según datos del censo de 2002.

Chile pasó de tener un 11,7% de analfabetos en 1970 a un 4,3% en el 2002 y a pesar de los avances, está detrás de países como Cuba (0,2%), Uruguay (2,3%) o Argentina (2,7%), todos con menos de un 3%:la barrera que establece la entidad internacional para declarar a un país “libre de analfabetismo”.

El Ministerio de Educación (Mineduc) considera nuestra cifra como residual, no obstante trabaja para superarla a través de campañas de alfabetización (analfabetos absolutos) que llegan a unas 15 mil personas anualmente. “Siguiendo y aumentando la cobertura de la campaña, se calcula que en cuatro años más, Chile podrá tener menos de un 3% de analfabetismo”, estima María Isabel Infante, encargada de educación de adultos del Mineduc.

Sin embargo, nuestro país presenta un desafío mayor en la materia (que debe resolver antes que el analfabetismo digital): los analfabetos funcionales. Se trata de las personas que aprendieron a leer y escribir en niveles muy básicos (con tres, seis o nueve años de escolaridad dependiendo del país y el contexto), pero que sus competencias no son suficientes para utilizar la lectura, la escritura y el cálculo matemático en distintos dominios de la vida social, familiar y en el ejercicio de la ciudadanía, “careciendo de aspectos relevantes para su identidad y su inserción social”, según explica Alfredo Astorga, especialista regional de educación de Unesco en Chile.

Nivel muy limitado

Aunque tanto en Unesco como en el Mineduc afirman que es difícil cifrar la cantidad de analfabetos funcionales que puede tener un país, datos que manejan ambos organismos indican que en Chile, aproximadamente 1 millón 200 mil personas mayores de 15 años tienen tres años o menos de escolaridad. La cifra incluye a los 480.865 analfabetos absolutos, pero también a 691.059 personas alfabetizadas, pero con un manejo muy precario de la lengua escrita y las operaciones matemáticas básicas. Ellos son analfabetos funcionales, según la definición de Unesco.

Ahora, si se lleva la cifra al piso mínimo que se impone el país -12 años de educación obligatoria, establecida ésta como la base para lograr las capacidades para saber desenvolverse en la sociedad- la cifra sorprende con 4 millones de personas que no completan dicha instrucción.

Según el informe de la Unesco “De la alfabetización al aprendizaje a lo largo de toda la vida: Tendencias, temas y desafíos de la educación de personas jóvenes y adultas en América” (2009), los programa de educación de adultos, en todas sus modalidades, atendían a 200 mil personas en nuestro país el año pasado, lo que significa para el organismo que “a ese ritmo en 20 años recién podría cubrir esa cantidad de gente” .

Astorga sostiene que “ellos quizá tienen un primer mapa para orientarse, pero no mucho más. Pueden resolver algunas operaciones, manejar dinero, pero con un nivel muy limitado. Se mueve por sobrevivencia, pero no puede acceder a una participación más específica”, afirma.

Sin embargo no es posible saber si la totalidad de ellos son analfabetos funcionales, pues es necesario un conjunto de pruebas y evaluaciones complejas para llegar a esa certeza, que son costosas y de difícil aplicación. “No hay mecanismos para una medición precisa, sin embargo, “se suele calcular tomando como dato aproximado un número de años de escolaridad: cuatro, seis o diez según el contexto del país” y agrega que por ello a nivel internacional se están impulsando nuevas metodologías de medición como el Programa de Evaluación y Monitoreo de la Alfabetización (LAMP).

El Mineduc dice que la cifra depende de las condiciones de mayor o menor complejidad de la sociedad, pero admite que “se considera que los que tienen menos de cuatro años de escolaridad son analfabetos funcionales, y por ello, se trabaja especialmente en llegar a esta población. Aunque dados los avances de la sociedad chilena, las personas deberían tener escolaridad completa (básica y media) para poder desenvolverse adecuadamente en el campo laboral y social”, estima la encargada de educación de adultos del Mineduc que hace hincapié en los esfuerzos que realiza nuestro país en este sentido, aumentando la cobertura de la educación de adultos (impulsada por el programa ChileCalifica), además de los empeños por mejorar su calidad a través de una reforma.

Qué hacer

Para Astorga la universalización de la educación básica es fundamental, pero también su calidad. “Mientras mejor sea la educación básica, más duraderos y más útiles serán sus conocimientos”.

También cobra importancia la solidez de la educación pública. De hecho, el experto de Unesco explica a través de ésta el hecho que Argentina haya erradicado antes que Chile el analfabetismo absoluto. “Creo que se debe a la fortaleza de la educación pública gratuita, incluso con mayor prestigio que la privada. Si tienes una educación pública accesible a todos de muy buena calidad, no existe conflicto respecto de la privada, sin embargo, a veces en la educación pública están los más pobres y es donde se recibe la peor educación”.

Un tema, que a su juicio, deben analizar los estados como el chileno, pues “de lo contrario, tenemos un problema de discriminación que hace el mercado”.

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83% de padres de colegios públicos está a favor del despido de profesores de bajo desempeño

Nota: Esto es absurdo. A cualquier empleado que no es bueno en su trabajo, lo pueden despedir sin mayor problema, pero si se trata de un profesor, no se puede... o es demasiado difícil. Absurdo. La presidenta habla mucho de la "igualdad" entre hombres y mujeres, pero aquí tenemos un caso de discriminación alentada por el propio Estado ¿Por qué hay trabajadores de "primera" y de "segunda"? ¿Por qué un profesor va a ser distinto a un ingeniero o un arquitecto? Peor aun, porque un mal profesor le destruye la vida no sólo de una generación, sino de varias. Esto es herencia de Lagos.

La mayoría de los apoderados es partidario de que los docentes reciban incentivos económicos según rendimiento. El 62% de los padres de escuelas públicas prefiere que la administración de éstas sea traspasada al Estado.

Los malos profesores deben ser despedidos. Así opina la mayoría de los padres con hijos en colegios subvencionados por el Estado consultados por la encuesta "La Otra Aula", elaborada por la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo y la Fundación Jaime Guzmán.

No sólo el 83% de los apoderados de establecimientos municipales está de acuerdo con que se desvincule a los maestros con mal desempeño -con lo que se permite mejorar las plantas docentes-, sino que también el 88% de los padres con hijos en recintos particulares subvencionados apoya la idea.

Aunque la mayoría de los padres da su consentimiento frente a la posibilidad de despedir a los profesores con mal desempeño, el 90% de los "apoderados municipales" es partidario de que reciban incentivos económicos, como bonos o premios, si es que tienen un buen rendimiento, medible a través del Simce.

Es más, los padres están de acuerdo con que los docentes pierdan estos beneficios si tienen malos resultados. En los colegios municipales, el 90% de los padres considera positivo que parte de la remuneración de los docentes se entregue según desempeño. Y en los particulares subvencionados, el 78% de los apoderados opina lo mismo.

El objetivo del estudio fue medir los niveles de satisfacción y las expectativas de los padres respecto de la educación que reciben sus hijos y sobre los cambios que está enfrentando el sistema escolar chileno.

La encuesta fue aplicada a 1.016 apoderados de escuelas municipales y particulares subvencionadas pertenecientes a las 66 comunas más grandes del país durante el 25 de mayo y el 2 de junio de este año. Su margen de error fue de 2,8% y el nivel de confianza de 95%.

"Las familias están dispuestas a que se les pague más a los profesores si lo hacen bien, e, incluso, están dispuestos a que no sigan trabajando como profesores si lo hacen mal. Esas ideas son contradictorias a las posiciones que ha tenido tradicionalmente el Colegio de Profesores", asegura Miguel Flores, director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán.

El coordinador de la encuesta y académico de la U. del Desarrollo, Mauricio Bravo, explica que "los padres están dispuestos a flexibilizar más el sistema, que sea más eficiente, lo que no se condice con la realidad porque sabemos que el salario docente es 99% fijo".

Además, la encuesta reveló que el 57% de los padres de colegios municipales cree que los profesores son mal pagados. A su vez, el 40% de los de planteles particulares subvencionados tuvo la misma percepción.

El estudio mostró que el 62% de los padres de colegios municipales y el 66% de los de establecimientos particulares subvencionados creen que las escuelas debieran ser dirigidas por el Estado porque las municipalidades no saben administrarlas.

"La gente percibe que el municipio funciona mal", dice Eugenio Guzmán, decano de la Facultad de Gobierno de la U. del Desarrollo, quien advierte que las comunas carecen de recursos suficientes ni la autonomía para gestionar la educación pública.

Los encuestadores también detectaron inconsistencias en las respuestas de los padres. Mientras el 66% de los apoderados de colegios municipales dijo saber si le había ido bien, mal o regular en el Simce al establecimiento de sus hijos, en una segunda pregunta, sólo el 8% respondió qué puntaje sacó realmente.

Profesores: "El problema de fondo es la política educacional"

"No me extraña que los apoderados opinen así, porque todo padre quiere que su hijo reciba una educación de calidad", sostuvo el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo.

"Pero hay que tener presente -advirtió- que los profesores tienen malas condiciones laborales, los despiden en cualquier momento, a la mayoría los contratan a plazo fijo y sin la infraestructura mínima. Todo eso afecta el desempeño profesional".

"Ahora bien, el responsable de fondo del problema es la política educacional impulsada por el Mineduc y la municipalización de la enseñanza".

"Es fundamental hacer una evaluación del sistema educativo y las condiciones laborales de los maestros. En muchos casos, la formación depende también del entorno del maestro; por ende, la solución de fondo no pasa por despedir profesores".

Los alcaldes

CLAUDIO ARRIAGADA
Vicepresidente de la Asociación de Municipalidades

"No soy partidario de despidos inmediatos, sino que primero tengan la oportunidad de recuperarse, pero el problema de fondo está en la formación".

PABLO ZALAQUETT
Pdte. de Comisión de Educación de Alcaldes

"Los padres no están dispuestos a que sus hijos tengan mala educación. El Gobierno debiera leer de esto que los buenos docentes sean premiados, y los malos salgan del sistema".

Los realizadores

MIGUEL FLORES
Director F. J. Guzmán

"Durante los últimos 20 años, el Estado les ha entregado atribuciones a los municipios que no financia, entonces los alcaldes están quebrados. El sistema se salta al municipio en la toma de decisiones".

MAURICIO BRAVO
Investigador UDD

"Los municipios no tienen ninguna facultad técnico-pedagógica; sin embargo, el Estado les exige resultados en el Simce. Por eso, ha tenido que financiar una función que debiera cumplir el Mineduc".

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Evolución de los niveles de analfabetismo en Sudamérica