La declaración del Canciller peruano, García Belaunde, según la cual Chile deberá acatar el fallo que imponga el tribunal de La Haya es la última de una serie de declaraciones provenientes de la clase política de dicho país en cuanto a que la sentencia del tribunal en cuestión es vinculante y que Chile deberá aceptarla.
Esta campaña declaratoria peruana tiene los tintes de una suerte de guerra psicológica: Se nos señala que Chile perderá la demanda, que esta pretensión es justa y que el Perú lo demostrará. Aún no se conocen los argumentos oficiales peruanos, pero ya se establece que éstos se impondrán jurídicamente. Una retorica triunfalista se está haciendo sentir desde el norte.
Claramente esta estrategia tendría dos objetivos: el primero y ya ampliamente conocido: encantar al electorado interno. Tal y como ya lo señalé anteriormente, se aprecia que la primera fase de la pre campaña electoral 2011 debutó, hoy conocimos que se perfilan dos candidatos, ninguno de ellos pertenece ni al APRA (partido gobernante-izquierda) ni a los sectores nacionalistas. Keiko Fujimori y Luis Castañeda aparecen como los mejores posicionados eletoralmente para las próximas elecciones, la primera hija del ex mandatario, Alberto Fujimori, y el segundo, Alcalde de Lima, de tendencia centro-derecha . En otras palabras, encontramos que dos lideres políticos peruanos se benefician con ventilar el tema de La Haya: el Gobierno aprista(por medio de su canciller) y Ollanta Humala con su neocacerismo.
El segundo objetivo de esta campaña parece ser debilitar psicológicamente a la cancillería chilena, y de paso, generar en el medio social y político chileno incertidumbre frente al proceso de estudio, análisis y respuesta a la memoria peruana. Se podría estar buscando generar las codiciones para presionar al Estado chileno a "tranquilizar" a opinión pública, constriñendo La Moneda y su canciller a ventilar aspectos centrales de la respuesta chilena. El pasado histórico, específicamente Laguna del Desierto, reforzarían esta apuesta limeña.
Otro punto repetitivo, proveniente desde las altas esferas políticas del nortino país, está dado por la lógica de la solución de la controversia por medios pacíficos, estableciendo indirectamente que “otros medios” no están descartados. Es natural establecer los escenarios ante la demanda en cuestión, pero resulta doblemente peligroso generar expectativas ante la opinión nacional junto con asociarlas a una posibilidad de utilizar los medios bélicos para garantizar su cumplimiento. Lo anterior es lejos más complejo sí tomamos en consideración un sondeo de opinión realizado en enero del 2008 por el diario peruano El Comercio en donde quedaba establecido que un 61% de la población peruana encuestada señalaba que, en caso de perder la demanda, Perú no debería acatar el fallo. Hoy, un 21% considera que habría que hacer respetar los límites de “otra manera”. Lo precedente, tiene un efecto político interno en el vecino país, en especial, al legitimar el proceso de modernización bélico ante el electorado.
De toda evidencia, la demanda ante La Haya enrarecerá aún más las complejas relaciones con el Perú. Abre una caja de pandora que, de toda evidencia, no será cerrada luego de conocerse el fallo, en unos años más, todo lo contrario, esta quedará abierta ya que las condiciones y determinados actores políticos en el vecino país se alimentan políticamente de ello. Si Chile hace valer sus fundamentos jurídicos y consuetudinarios, esta victoria se transformará en una derrota para los sectores políticos peruanos más pragmáticos y moderados, pero en una clara victoria para las fuerzas nacionalistas. Si el Perú obtiene su línea equidistante, la victoria alimentará a estos mismos sectores nacionalistas, los que de toda evidencia verán en este hecho una “señal” para “recuperar” todo lo “perdido”.
La demanda peruana, como un hecho político, plantea un hito en las relaciones con Perú. Claramente, en la relaciones Chile-Perú habrá un antes y un después de La Haya.
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