En entrevista con “El Mercurio de Valparaíso”, ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, detalla las medidas con que se librará la batalla contra el crimen organizado.
No parece haber ni un milímetro de espacio en el Gobierno de Sebastián Piñera para un debate sobre cómo enfrentar el problema del narcotráfico y el crimen organizado que se potencia con este negocio. Entre quienes avalan la llamada Guerra contra las Drogas y quienes plantean legalizaciones controladas de ciertas sustancias, la opción ya está tomada: empezar a ganar a la batalla cuanto antes.
“Hace 10 años se decía que Chile era un país que no tenía grandes problemas de crimen organizado o severos problemas de narcotráfico. Hoy sí tenemos claros rasgos de que existe crimen organizado y tenemos problemas evidentes de narcotráfico, por lo tanto, la delincuencia es un problema real”, dice inflexible el Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, en su oficina en La Moneda.
“Aquellos países que no lo enfrentan con decisión o con realismo y, por el contrario, optan por el camino de la autocomplacencia o de minimizar el problema terminan estrellándose con él en las narices. Nosotros vamos a evitar eso y vamos a torcerle la mano a un destino que parece imposible de vencer”, agrega enfático en entrevista con El Mercurio de Valparaíso.
En la geografía variable del narcotráfico mundial, Chile era tan sólo una escala más para la cocaína que se elabora en las selvas de Perú y Bolivia y que termina siendo inhalada en el baño de una discoteca de Amsterdam o Madrid.
Una economía globalizada con puertos de alto rendimiento, así como las dificultades que presentan para su vigilancia las fronteras montañosas y las costas, posicionaron al país como una buena plataforma de tránsito del alcaloide.
Sin embargo, como para los narcotraficantes no hay cliente pequeño, lo que era sólo una parada, de pronto se transformó en un mercado residual. Ahora, según Naciones Unidas, los chilenos lideramos el consumo de pasta base de cocaína y marihuana per cápita en Sudamérica.
“Hace 10 años Chile tenía 100 mil consumidores de droga; hoy existen cerca de 600 mil y solamente tenemos 12 mil cupos para rehabilitar personas”, explica el ministro.
El 2009, además, se descubrió una nueva faceta del narcotráfico en Chile, cuando se interceptaron cargamentos de efedrina, una sustancia muy usada en los antigripales, pero que si se procesa de determinada manera puede servir para fabricar metanfetaminas.
Uno de estos decomisos ocurrió en el puerto de Valparaíso, gracias a la labor de agentes de la PDI y Aduanas que ubicaron 40 kilos en dos contenedores que tenían como destino Manzanillo, en la costa del Pacífico mexicano.
En la Región de la Valparaíso, por otra parte, ya se han vuelto comunes las incautaciones de marihuana paraguaya oculta en camiones que cruzan Los Libertadores y hoy crece la detención de “burreros” que entran con droga en sus estómagos en busca de evitar los pasos del norte.
-¿En términos del control del narcotráfico, hay planes específicos para la Región de Valparaíso? Queda la percepción de que la mayoría de los esfuerzos se concentran en el norte de Chile y que el problema se está desplazando.
“A medida que los controles se hacen más efectivos en los pasos del norte, uno advierte que empiezan a darse situaciones de tráfico en pasos del centro y sur de país, pero en todos ellos vamos a hacer inversiones para dotarlos de equipamiento de última generación que permita hacer los controles más exhaustivos.
Además, con Carabineros ya estamos haciendo una vigilancia con equipos muy sofisticados, como un avión que tiene una cámara infrarroja que permite hacer seguimiento a sospechosos y que ha permitido detectar una cantidad importante de ingreso de droga al país.
Así que vamos a concentrar los esfuerzos en el norte, pero también los vamos a empezar a ampliar hacia zonas como el Paso Los Libertadores y otras en el centro del país que antes estaban más libres de tráfico de droga.
En los primeros 60 días de gobierno, decomisamos aproximadamente la misma cantidad de pasta base que el 2009 en 6 meses -la droga de mayor influencia en la juventud más vulnerable-. Lo mismo ha ocurrido con los precursores químicos, donde hemos incautado cantidades que permiten producir cerca de 8 millones de dosis de cocaína y que equivalen a lo que se decomisó el año pasado en la materia”.
-Usted habla de una modernización en el tema del control fronterizo. Cuando uno recorre parte de la frontera de Estados Unidos con México puede ver que la Patrulla Fronteriza maneja estaciones de monitoreo que transmiten información a unidades aéreas y terrestres. ¿El Gobierno de Chile está analizando este modelo?
“Tengo entre mis carpetas de proyectos pendientes, un proyecto de cerco electrónico muy moderno que efectivamente combina torretas de infrarrojo, autos y motoristas, que permiten detectar especialmente el paso de droga por lugares no habilitados y que son básicamente cuestiones que se están produciendo en la zona norte del país. Vamos a estudiarlo. Yo tengo la impresión de que vamos a tener que pasar por ahí si queremos convertirnos en un país que combata la droga.
Nosotros en el norte limitamos con países que son grandes productores de droga. Desafortunadamente, Perú y Bolivia producen una cantidad significativa de la cocaína o pasta base que se consume en el mundo entero. En consecuencia, nuestro país tiene un riesgo permanente de ser un mercado final de la droga o país de tránsito.
Creo que no vamos a poder quedarnos simplemente con introducir tecnología en los pasos formales o habilitados para detectar el paso de droga, sino que vamos a tener que de alguna manera buscar alguna fórmula como la que estoy señalando para controlar nuestra frontera en su totalidad: pasos habilitados y también pasos ilegales”.
-La Oficina para Control de Drogas y el Delito de la ONU informó el 2009 que la superficie de coca sembrada en la región andina bajó en Colombia, el principal productor (-18%), pero creció en Perú (+4%) y Bolivia (+6%). ¿Usted cree que Chile está preparado ante la eventualidad de que sus vecinos se conviertan en el primer y segundo productor mundial de cocaína algún día?
“Desafortunadamente, Perú y Bolivia concentran en conjunto quizá la mayor producción de coca en el mundo y, por lo tanto, nuestro país va a estar -mientras este problema no se resuelva- expuesto a ser un mercado final o un país de tránsito. Por eso, digo que no sólo vamos a tener que incentivar el control en los pasos habilitados y los otros pasos, sino también por vía marítima. Porque se ha empezado a producir algún de tráfico de droga por vía marítima y eso es algo que hace cinco o seis años no existía. Hoy todavía eso es incipiente, pero vamos a tener que equipar a la Armada con las lanchas rápidas necesarias para capturar y prevenir cualquier intento de traspasar droga por vía marítima”.
-¿Este tráfico por vía marítima se estaría dando por buques que salen de puertos de Chile, aprovechando la buena fama comercial del país para “blanquear” el origen de la carga ilegal?
“No, no, no, el tráfico por vía marítima es absolutamente ilegal y se produce con lanchas muy rápidas que cruzan el límite marítimo de Perú a Chile y que dejan paquetes de droga flotando en el mar, identificados con posición GPS y posteriormente otro barco lo recoge al día siguiente o al día subsiguiente y están ingresando al país de esa manera. Tenemos detectadas algunas formas de operaciones en esa materia y estamos adoptando las medidas para evitar que eso se produzca a una escala que pudiera ser peligrosa. Todavía, como digo, esa forma de traspasar droga es incipiente, pero un gobierno no sólo tiene que controlar o combatir los problemas actuales, sino tiene que prevenir los problemas futuros”.
-Detrás de toda estrategia contra la delincuencia y el narcotráfico, me imagino que también debiera venir una batería de reformas legales.
“Hay muchas leyes que cambiar, pero no soy partidario de quienes piensan que el problema de la delincuencia se resuelve solamente con leyes. Confío mucho en que también el problema se resuelve con convicción, reingeniería de procesos y decisión política, y eso es algo que este gobierno tiene y tiene mucha.
Pero sí hay cosas que deben resolverse con leyes, por ejemplo, en el caso de los precursores químicos. La Ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, condena a los que fabrican, preparan, exportan o importan precursores o sustancias químicas para producir droga, pero no sanciona al que las transporta o a los que las comercian. En consecuencia, ahí requerimos una modificación legal”.
-¿Han pensado en proponer algún tipo de ley de extinción de dominio, como en Colombia? Ahí el Estado puede expropiar bienes obtenidos por medios ilícitos en procesos muy rápidos, donde son determinantes la ausencia de justificación del patrimonio y la presentación del supuesto propietario en el tribunal -cosa que no suele ocurrir-.
“Usted se anticipa a algo que estoy pensando. Es una materia delicada, porque el derecho a propiedad sobre los bienes es un derecho muy importante y está establecido en nuestra Constitución y, por lo tanto, cualquier paso que demos en la línea de confiscarle cualquier bien a una determinada persona que puede estar sometida a un proceso judicial y que todavía no está condenada, es jurídicamente una cuestión que uno tiene que analizar con mucha precisión.
Obviamente, tenemos algo que hacer y regular el destino de los bienes de los narcotraficantes y de los delincuentes. Yo me doy cuenta cada vez que concurro a algún decomiso de las policías, que no sólo hay cantidad de millones de pesos en efectivo, sino también autos último modelo, camiones y una serie de otros bienes que valen mucho dinero, y que quedan en una suerte de estado indefinido mientras dura el juicio, se envejecen, se pierden y nadie los reclama. A mí me gustaría poder buscar la fórmula para que, respetando el derecho de propiedad, esos bienes pudieran, con la mayor rapidez posible, ser rematados, y el dinero, por ejemplo, se destinara a planes de rehabilitación de drogadictos.
Me parece que esa es una fórmula interesante que estoy explorando y si encuentro una solución que combine las necesidades de proteger, resguardar o cautelar las garantías constitucionales con dar una solución rápida a estos bienes que quedan en una especie de limbo legal, voy a promover una iniciativa para que el Congreso se pronuncie sobre ello”.
-Usted mencionó el tema de las policías, nuevas medidas de control y posibles modificaciones legales, pero qué hay con el tema de los jueces. El Presidente ha hablado de trancar la “puerta giratoria” y algunos jueces en el pasado han dicho que más que “puerta giratoria”, lo que falta es que las fiscalías aporten más evidencias en los juicios…
“Hay ‘puerta giratoria’ desde el momento en que la gente siente que los delincuentes no son debidamente sancionados por el sistema judicial. Si es más responsabilidad de los fiscales o de los jueces es una discusión importante, pero que parte de la base que todos convenimos en que hay “puerta giratoria”.
Hay quienes dicen que la “puerta giratoria” no tiene que ver, por ejemplo, con las libertades provisionales o con las prisiones preventivas, sino que tiene que ver con un muy mal control de las medidas cautelares, un muy mal control de las condenas que pueden cumplirse en libertad.
Por ejemplo, si una persona es condenada y puede cumplir su condena en libertad, no existe una cantidad suficiente de agentes del Estado o de Gendarmería que controlen que esa persona esté cumpliendo la condena que se le impuso. Si deja de ir a firmar nadie se da cuenta o se dan cuenta mucho después que dejó de ir a firmar, entonces eso también genera la sensación de “puerta giratoria”.
La discusión de por qué existe el concepto y quién tiene más responsabilidad es amplia, pero como Gobierno lo queremos eliminar haciendo los ajustes que corresponda. El concepto en el fondo se traduce en dos cosas muy dañinas en la sociedad: frustración con el sistema punitivo del Estado y temor. Vamos a trabajar para que esas dos variables se erradiquen”.
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