Nota: Los bolivianos vuelven al mismo error de siempre: negocian y luego desconocen lo negociado y quieren más. Habían acordado con Chile: a) que Chile debía pagar por la mitad de las aguas, b) que Chile pagará por la otra mitad, si luego de un estudio científico, se concluye que las aguas pertenecen en 100% a Bolivia, c) que Chile no pagaría por las aguas usadas retroactivamente por casi un siglo. Ahora, Bolivia desconoce todo eso y exige que: a) se le pague por el 100% de las aguas y b) que se le pague retroactivamente por un siglo de uso de esas aguas. Los bolivianos no son capaces de comprender que por ese camino, vamos a seguir igual que siempre, osea: a) Chile va a seguir aprovechando 100% de las aguas (por la inclinación del terreno no pueden fluir hacia territorio boliviano), b) Bolivia no recibirá un sólo dólar por el agua, c) Chile no les va a pagar por un siglo de agua, usada como parte de un acuerdo previo entre Chile y Bolivia y d) Si Bolivia interrumpe un flujo de agua internacional, crearía una situación que incluso podría derivar en el uso de la fuerza por parte de Chile, ya que estaría violando al derecho internacional con una acción unilateral. De más está decir que, al no aceptar el pacto actual, los bolivianos dejan de recibir $500.000 dólares mensuales (casi $300 millones de pesos), mientras el agua sigue corriendo hacia Chile.En medio de presiones internas a Evo Morales por el tema, La Paz planteará un pago retroactivo y fijar la propiedad de las aguas.
El 30 de junio pasado en La Paz, los vicecancilleres de Chile y Bolivia cerraron un acuerdo sobre uso y pagos por las aguas del Silala, antigua disputa histórica. Sin embargo, dos meses después, lo que era visto en Santiago como el principal fruto de la agenda bilateral quedó prácticamente desahuciado.
El jueves, el canciller de Bolivia, David Choquehuanca, anunció que pedirá a Chile modificaciones al acuerdo alterando lo anteriormente convenido. Tras una cita en la localidad de Quetena Chico con organizaciones sociales de Potosí, firmó un compromiso de que realizaría gestiones ante Santiago en esa línea.
En el texto suscrito ese día ante los grupos cívicos locales, Choquehuanca accedió a reponer en la negociación bilateral los dos puntos que han sido históricamente rechazados por Chile: primero, que el Silala es de "propiedad" de Bolivia, y segundo, que Santiago -o las empresas chilenas- debe pagar una deuda "histórica" por el uso que se hizo del caudal durante los últimos cien años. "Hemos recogido ya estas preocupaciones y vamos a precisar, complementar, y plantearemos en la comisión binacional incorporar estas modificaciones", dijo.
Precisamente, la exclusión de esos dos aspectos había posibilitado el acuerdo cerrado en junio por los vicecancilleres. Se trataba de un pacto con una duración de cuatro años, que entregaba "inicialmente" a Bolivia el control del 50% del caudal del Silala. Indicaba, además, que las empresas chilenas que usaran parte de ese porcentaje boliviano deberían "compensar" con un monto que sería fijado posteriormente por dicho país.
En ese contexto, el pacto no establecía quién tenía la propiedad del Silala ni zanjaba si se trata de un río internacional o de un manantial propio, como dice Bolivia. El acuerdo obligaba a ambos Estados a realizar estudios durante los próximos cuatro años para luego fijar definitivamente el porcentaje del caudal que sería controlado por La Paz.
En las últimas semanas, Choquehuanca había defendido con fuerza que este primer acuerdo no implicaba renunciar a la aspiración de poseer el 100% de las aguas, y que permitiría por primera vez recibir un pago desde Chile. Sin embargo, la oposición boliviana -incluyendo a algunos ex cancilleres- criticó que el gobierno de Morales renunciara a las que llamaron posturas históricas, como reclamar la condición de manantial propio para el Silala y la petición de un pago "retroactivo".
El cambio en la postura boliviana se produjo sólo días después de otro giro importante: el martes, Evo Morales dijo que esperaba una "propuesta" chilena para una salida al mar. Esta fue la primera vez que el gobernante emplazaba públicamente a La Moneda por este tema. Ambos giros, dicen en La Paz, son leídos como señales internas, ante presiones a Morales en medio de la campaña por su reelección.
