Compensaciones por más de US$ 45 millones recibirá la región por proyectos de centrales eléctricas

Las comunas más beneficiadas con el proyecto de ley que ingresará al Congreso Nacional son Puchuncaví y Quintero. Alcaldes de ambas ciudades aplauden la iniciativa. Comente esta noticia

Como una “medida justa” calificaron ayer diversos representantes del sector público y privado de la zona el proyecto de ley de compensaciones que en los próximos días ingresará a tramitación en el Congreso Nacional, con el objeto de compensar económicamente a las comunas donde se emplazarán centrales eléctricas.

De acuerdo al cálculo realizado por el gobierno, las compañías que conecten unidades de generación a un sistema eléctrico con una capacidad instalada igual o superior a 200 megawatts (MW), que actualmente corresponde al SIC y al Sing, tendrán que cancelar un impuesto específico de beneficio municipal correspondiente a 270 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) por cada MW de potencia.

Según esta fórmula, el aporte que deberán realizar las generadoras de electricidad a los municipios de la región superaría los US$ 45 millones, mientras que a nivel nacional la contribución llegaría a los US$ 300 millones.

COMUNAS FAVORECIDAS

Para el alcalde de Quintero, José Varas, se trata de una “excelente y justa iniciativa” para todas aquellas comunas en que se emplazan este tipo de proyectos. “Las ciudades pierden espacio territoriales en otros ámbitos como el turístico, por lo que la medida de compensación que lanzó la Presidenta permitirá invertir los nuevos recursos en más oportunidades de desarrollo para las localidades afectadas”, explicó el jefe comunal.

Recordó que esta problemática fue abordada en el último Congreso Nacional de Municipalidades que se realizó en Antofagasta, por lo que “es una tarea que estaba pendiente y que ahora espero se concrete con su aprobación en el Parlamento”.

Precisó que este pago por parte de las empresas eléctricas no “es una moneda de cambio para que sigan contaminando. Nosotros no vamos a cambiar plata por salud y calidad de vida de las personas. Las compañías tienen que ponerse con la tecnología de punta para no contaminar, aquí nosotros no estamos diciendo que como estas empresas van a generar recursos se les va a permitir contaminar, por el contrario estamos diciendo que porque nos quitan una posibilidad de crecimiento como en el ámbito turístico, vamos a potenciar otros polos de desarrollo”, subrayó Varas.

Bajo este cuerpo legal, el proyecto Central Quintero de Endesa debiese generar a la comuna un monto de US$ 4,3 millones, puesto que su capacidad instalada será de 240 MW.

Sin embargo, no sólo los quinteranos se verán beneficiados con la normativa que elaboró el Ministerio de Energía. Puchuncaví es por lejos la comuna que más recursos recibirá por este concepto en la región.

De acuerdo a las estimaciones de dicha cartera, los proyectos Ventanas, Río Corriente, Campiche (hoy paralizado) y Nueva Ventana generarían aportes por US$ 41,1 millones.

De ahí que para el alcalde de Puchuncaví, Agustín Valencia, la decisión del gobierno de fijar en números el aporte que deberán realizar las generadoras eléctricas a los municipios cuando instalen una planta en su jurisdicción represente una “estupenda iniciativa”.

“Es una medida que responde al esfuerzo que han hecho todos los municipios de Chile para que el Estado tome en definitiva cartas en este asunto, porque este tipo de proyectos de alguna u otra forma alteran la condición medioambiental de las comunas y evidentemente eso tiene que retribuirse, pagando las empresas los costos que significa aquello. No puede ser que hoy la ecuación esté apuntando solamente al tema del desarrollo energético y que no sea equilibrada con la sustentabilidad de las ciudades”, aclaró el personero.

Al igual que Varas, dijo que este tema se planteó a la Asociación Nacional de Municipalidades en el último plenario, oportunidad en la que se aprobó la creación de una Comisión de Energía y Medio Ambiente para velar por todas las comunas del país afectadas con proyectos de esta índole.

Financiamiento y prioridades

Consultado respecto a cómo se designarán los recursos que perciba el municipio en caso de que la iniciativa se convierta en ley, dijo que aún es prematuro para hablar de ello.

“No deberíamos pronunciarnos tan improvisadamente al respecto, lo único que puedo decir es que estoy feliz de que exista esta medida que espero se apruebe. Sin embargo, creo que para poder darle uso a este eventual aporte, tenemos que crear un banco de proyectos que tenga directa relación con la mitigación medioambiental versus la producción de energía que hoy tenemos. Estos (recursos) tienen que ser asignados a los lugares más afectados, por lo que espero armar una comisión de profesionales, de tal manera que nosotros sepamos cómo tenemos que priorizar esta inversión”, expresó el edil, enfatizando además en la necesidad de que el Estado modernice las normativas medioambientales.

Más específico fue el alcalde José Varas, quien afirmó que priorizará los nuevos recursos en áreas tales como salud y educación. “Hoy la bahía de Quintero está totalmente contaminada, por lo que nunca se podrá invertir para que llegue un hotel de cinco estrellas o un trasatlántico, entonces con esta compensación económica debemos reconvertirnos y crecer en otros sectores de la comuna como Ritoque, donde hay 12 kilómetros de playa y donde se puede explotar el desarrollo turístico e inmobiliario, pero también es necesario inyectar recursos en la salud municipalidad y en la educación para que pasemos a ser el país desarrollado que todos queremos”, manifestó el jefe comunal.

También muy conforme con la iniciativa legal se mostró el gerente general de Asiva, Jorge Rivera, quien comentó que “es muy importante que las empresas compartan el destino de la propia comunidad. Las empresas no pueden trabajar solas y sin ‘inflar’ al resto de la comuna, por lo tanto cualquier esfuerzo que se realice por parte de las propias empresas y del Estado por construir un futuro conjunto nos parece muy bueno y apropiado”.

Y con el propósito de cautelar que los recursos compensatorios lleguen a ‘buen puerto’, planteó la necesidad de crear mesas tripartitas en las distintas comunas. “Por una parte tiene que estar el Estado, entendiéndose el gobierno regional y local, además de la comunidad representada en sus diversos sectores, a fin de que los recursos sean bien destinados”, concluyó el ejecutivo.

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Bolivia altera acuerdo con Chile por las aguas del Silala

Nota: Los bolivianos vuelven al mismo error de siempre: negocian y luego desconocen lo negociado y quieren más. Habían acordado con Chile: a) que Chile debía pagar por la mitad de las aguas, b) que Chile pagará por la otra mitad, si luego de un estudio científico, se concluye que las aguas pertenecen en 100% a Bolivia, c) que Chile no pagaría por las aguas usadas retroactivamente por casi un siglo. Ahora, Bolivia desconoce todo eso y exige que: a) se le pague por el 100% de las aguas y b) que se le pague retroactivamente por un siglo de uso de esas aguas. Los bolivianos no son capaces de comprender que por ese camino, vamos a seguir igual que siempre, osea: a) Chile va a seguir aprovechando 100% de las aguas (por la inclinación del terreno no pueden fluir hacia territorio boliviano), b) Bolivia no recibirá un sólo dólar por el agua, c) Chile no les va a pagar por un siglo de agua, usada como parte de un acuerdo previo entre Chile y Bolivia y d) Si Bolivia interrumpe un flujo de agua internacional, crearía una situación que incluso podría derivar en el uso de la fuerza por parte de Chile, ya que estaría violando al derecho internacional con una acción unilateral. De más está decir que, al no aceptar el pacto actual, los bolivianos dejan de recibir $500.000 dólares mensuales (casi $300 millones de pesos), mientras el agua sigue corriendo hacia Chile.

En medio de presiones internas a Evo Morales por el tema, La Paz planteará un pago retroactivo y fijar la propiedad de las aguas.

El 30 de junio pasado en La Paz, los vicecancilleres de Chile y Bolivia cerraron un acuerdo sobre uso y pagos por las aguas del Silala, antigua disputa histórica. Sin embargo, dos meses después, lo que era visto en Santiago como el principal fruto de la agenda bilateral quedó prácticamente desahuciado.

El jueves, el canciller de Bolivia, David Choquehuanca, anunció que pedirá a Chile modificaciones al acuerdo alterando lo anteriormente convenido. Tras una cita en la localidad de Quetena Chico con organizaciones sociales de Potosí, firmó un compromiso de que realizaría gestiones ante Santiago en esa línea.

En el texto suscrito ese día ante los grupos cívicos locales, Choquehuanca accedió a reponer en la negociación bilateral los dos puntos que han sido históricamente rechazados por Chile: primero, que el Silala es de "propiedad" de Bolivia, y segundo, que Santiago -o las empresas chilenas- debe pagar una deuda "histórica" por el uso que se hizo del caudal durante los últimos cien años. "Hemos recogido ya estas preocupaciones y vamos a precisar, complementar, y plantearemos en la comisión binacional incorporar estas modificaciones", dijo.

Precisamente, la exclusión de esos dos aspectos había posibilitado el acuerdo cerrado en junio por los vicecancilleres. Se trataba de un pacto con una duración de cuatro años, que entregaba "inicialmente" a Bolivia el control del 50% del caudal del Silala. Indicaba, además, que las empresas chilenas que usaran parte de ese porcentaje boliviano deberían "compensar" con un monto que sería fijado posteriormente por dicho país.

En ese contexto, el pacto no establecía quién tenía la propiedad del Silala ni zanjaba si se trata de un río internacional o de un manantial propio, como dice Bolivia. El acuerdo obligaba a ambos Estados a realizar estudios durante los próximos cuatro años para luego fijar definitivamente el porcentaje del caudal que sería controlado por La Paz.

En las últimas semanas, Choquehuanca había defendido con fuerza que este primer acuerdo no implicaba renunciar a la aspiración de poseer el 100% de las aguas, y que permitiría por primera vez recibir un pago desde Chile. Sin embargo, la oposición boliviana -incluyendo a algunos ex cancilleres- criticó que el gobierno de Morales renunciara a las que llamaron posturas históricas, como reclamar la condición de manantial propio para el Silala y la petición de un pago "retroactivo".

El cambio en la postura boliviana se produjo sólo días después de otro giro importante: el martes, Evo Morales dijo que esperaba una "propuesta" chilena para una salida al mar. Esta fue la primera vez que el gobernante emplazaba públicamente a La Moneda por este tema. Ambos giros, dicen en La Paz, son leídos como señales internas, ante presiones a Morales en medio de la campaña por su reelección.