Siete profesionales fueron formalizados por la muerte y lesiones de los habitantes del edificio.
Estaban a pocos metros de distancia. Por un lado, los sobrevivientes del emblemático edificio Alto Río, y del otro, los representantes de Socovil, empresa constructora de la torre que colapsó en el terremoto del 27 de febrero, en Concepción.
El escenario fue una colmada sala, donde por más de tres horas se formalizó a siete miembros de la constructora por cuasidelito de homicidio y lesiones graves.
Los familiares de los ocho fallecidos que dejó el desplome de la estructura y los siete heridos de gravedad llegaron portando claveles blancos. Del otro lado, los dueños y principales profesionales de la firma: Pedro Ortigosa de Pablo, René Petinelli, Juan Ignacio Ortigosa, Felipe Parra, Ricardo Baeza, José Paredes y Héctor Torres, llegaron en el más absoluto silencio, acompañados de sus abogados. Mario Valeria no se presentó a la audiencia por tener licencia médica.
El fiscal jefe de Concepción, Julio Contardo, realizó por más de 40 minutos una exposición de las deficiencias que habían ocurrido en la construcción del edificio. Apoyado por un estudio del Idiem de la U. de Chile, se enfocó en los estudios de mecánica de suelo y en las fallas estructurales, principalmente, en algunos pilares del primer piso, los que se transformaron un factor determinante de la tragedia.
La parte querellante solicitó arraigo nacional a los imputados y decretar la medida cautelar real de prohibición de celebrar actos y contratos sobre los bienes inmuebles, durante el período que dure la investigación, lo que fue acogido por la jueza Cecilia Aravena, que decretó un plazo de cuatro meses para la investigación.
"Queremos que se haga justicia. Nosotros seguiremos con esto hasta el final", dijo el abogado querellante Fernando Saenger.
Por su parte, el ex gerente general de Socovil, Juan Ignacio Ortigosa, enfatizó en que ellos no son responsables de lo ocurrido: "Siempre hemos estado llanos a conversar con todas las personas y lo hemos manifestado a los abogados de la parte contraria con las personas que no hemos podido conversar. Estamos tristes por todo lo que ha acontecido y el dolor que se ha provocado".
"Queremos la verdad"
"Ellos han sido inhumanos, ni siquiera se inmutan. Murieron ocho personas. Yo estuve 12 horas enterrada con mi esposo. Perdí el sueño de mi vida. Yo quedé muy grave de mi columna y mi marido con problemas a su corazón. Estamos con síndrome postraumático severo. Es muy difícil, hemos tenido que comenzar de cero. Esto no puede quedar así, necesitamos justicia", manifestó Edith Bravo, quien viajó desde Chillán a participar de la formalización.
Los querellantes esperan que los familiares de los fallecidos reciban $ 300 millones y $ 200 millones para cada uno de los lesionados.
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