Faltan sólo 33 días y los nervios en Lima se hacen sentir. Desde fines de 2008, el equipo de juristas peruanos que está a cargo de la redacción de la memoria que ese país presentará a más tardar el 20 de marzo por el diferendo marítimo que dice tener con Chile, tiene instrucciones precisas de la Presidencia del Perú sobre cómo manejarse en este caso.
Partiendo por la orden de no comentar materias del caso por teléfono -para evitar "chuponeos", como llaman en Lima a las escuchas telefónicas- y la solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores al Congreso de elaborar una ley especial para exceptuar de la obligación de publicar en el diario oficial los viajes que hagan el Canciller y otros altos funcionarios a La Haya u otros países por este mismo tema.
El hermetismo ha dado pie incluso para burlas, ya que fuentes diplomáticas limeñas aseguran que se ha llegado al absurdo de guardar con celo documentos relacionados con el litigio que en Chile están en páginas web y son de dominio público.
Con todo, estas medidas han alimentado el misterio no sólo en la Cancillería chilena, sino también en equipos diplomáticos de Ecuador y Bolivia, que están siguiendo el proceso peruano en detalle.
El equipo de expertos peruanos que dirige el ex ministro de Defensa y dos veces ex canciller Allan Wagner -bajo el primer gobierno de Alan García y luego con Alejandro Toledo- es bastante extenso y diverso. La columna vertebral la integran, además de Wagner, los embajadores Jorge Chávez Soto, Hugo de Zela, Eduardo Ferrero Costa (ex embajador en Washington), Roberto Mac Lean Ugarteche y Juan Vicente Ugarte del Pino.
Les siguen los geógrafos Scott Edmonds (EE.UU.) y Jaime Valdez Huamán, así como un grupo de altos oficiales de la Armada en servicio activo. Y la cierran tres abogados extranjeros: Alan Vaugham Lowe (Gran Bretaña), Rodman Bundy (EE.UU.) y Alain Pellet (Francia).
Junto con ello, Lima está comprando asesorías jurídicas a decenas de expertos extranjeros en derecho internacional. El objetivo -reconocen en ese gobierno- es que Chile se vea imposibilitado de recurrir a esos mismos juristas, una práctica común en casos como éste en el reducido mercado de los especialistas del rubro.
La presencia de Pellet es particularmente significativa para nuestros vecinos. Este último asesoró al gobierno nicaragüense en un complejo conflicto de delimitación marítima que ese país contendió contra Honduras en la Corte Internacional de Justicia, entre 1999 y 2007. El mismo al que -junto con otro diferendo entre Ucrania y Rumania recientemente resuelto en La Haya- la Comisión Consultiva peruana que litiga contra Chile en Holanda asigna una importancia especial (ver entrevista).
Asumiendo las debilidades propias
Pese a la extrema reserva con que se manejan, hay aspectos que -admiten- ineludiblemente estarán contemplados. Por ejemplo, el punto de partida de la frontera terrestre.
Lima insistirá en que ésta debe partir desde la orilla del mar, en el punto que ellos denominan "Concordia", mientras que Chile tiene claro -porque así lo ha asumido Perú en diversos documentos que después ha enmendado- que se inicia en el Hito 1 con situación "orilla del mar".
En 1952 y 1954 ese país aceptó, en sendos documentos suscritos oficialmente con Ecuador y Chile, que la línea de frontera que divide a Tacna y Arica es un paralelo. En Torre Tagle saben que ahí empiezan sus problemas. Al punto que no pocos entendidos peruanos admiten que la postura de su país es evidentemente más débil que la chilena.
En primer lugar reconocen que los actos propios que tanto Lima como Santiago realizaron a partir de entonces -asumiendo esa delimitación y el carácter de esos tratados, más allá de la nomenclatura empleada- constituyen la mayor fortaleza de nuestra postura.
Por ejemplo, asumen como un gran error el que Perú construyera en 1972 un faro en el Hito 1 que alumbraba hacia el mar en dirección al paralelo, para que los pescadores no traspasaran la línea de la frontera. Con eso asumió expresamente que esa línea se iniciaba en el Hito 1.
A ello se suma que, en 2001, Perú demarcó territorialmente a Tacna, asegurando que la frontera de esta región se iniciaba en el Hito 1. Esto, que fue considerado por ellos como un "desaguisado", se corrigió en 2008 y volvió a decirse que la frontera peruana partía en el Punto Concordia.
Por último, tienen presente que la delimitación entre Kuwait e Irak no estaba definida por un tratado fronterizo, sino mediante un acta. Y cuando Irak invadió Kuwait aduciendo la inexistencia de fronteras, fue repudiado por la comunidad internacional.
Con todo, los entendidos en Chile reconocen a su vez que la postura peruana goza de dos aspectos a su favor: uno de forma y otro de fondo.
Reconociendo las fortalezas ajenas
En primer lugar, los tratados de 1952 y 1954 no son completamente claros, ya que dan a entender que hay un límite, pero no precisan dónde está exactamente.
En cuanto al fondo, el argumento que esgrimirá Perú respecto a la situación de inequidad en que el paralelo deja a ese país -porque los territorios marítimos no son proporcionales a las costas- puede hacer sentido a la Corte de La Haya.
"Sin embargo, acoger la demanda peruana provocaría otro problema, que es encerrar a varios puertos chilenos y trasladar la inequidad a Chile. Perú no tiene puertos que se vean afectados por la situación actual, ya que el puerto natural de Tacna es Arica y ahí tienen facilidades portuarias", precisa una fuente involucrada en el tema.
Aún así, en el edificio José Miguel Carrera, sede de la Cancillería, afirman que más allá de la expectación con la que aguardan la presentación de la memoria peruana, están tranquilos por la solidez de los argumentos chilenos.
Y aunque nuestro país puede presentar la "excepción preliminar" dentro de los tres meses posteriores a la presentación de la memoria peruana -lo que significar impugnar la competencia de la Corte Internacional de Justicia para ver el tema-, están conscientes que si lo hacen habrá un costo.
La batalla comunicacional
En Lima apuestan a que el equipo chileno en La Haya se verá obligado a esgrimir la incompetencia de ese tribunal para resolver el tema (un argumento de forma) aduciendo que ya existen documentos que resolvieron la frontera con Perú.
En ese caso, estiman que La Haya no fallará sobre la forma porque, si asume que esos documentos valen como tratados, indirectamente estaría fallando sobre el fondo, admitiendo que sí hay una frontera marítima. Por lo mismo, creen que se pronunciará sobre su competencia y sobre la frontera final al término de la contienda, es decir dentro de 6 a 8 años.
Eso implica rechazar el argumento chileno, lo que si bien no tiene mayor importancia dentro del proceso, sí la tiene en términos comunicacionales: Perú lo aprovechará mediáticamente como un primer triunfo a su postura. Y en Santiago están conscientes de eso.
¿A dónde quiere llegar Perú? Para su diplomacia está claro que cualquier determinación que tome La Haya, diferente a la delimitación ya existente, será una victoria. Chile, por su parte, tiene que apostar a que todo quede como está, bajo la premisa de que su vecino admitió hace tiempo que la frontera es una línea paralela.
El peor escenario para Lima sería ese. Pero como ven que el mejor escenario (que la Corte acoja el 100% de su planteamiento) es casi imposible, al que aspiran llegar es a uno intermedio: que La Haya considere válido el "Punto Concordia", pero que trace desde allí el paralelo como división fronteriza. Ello le permitiría ganar unos 37 km2 en tierra y una porción de mar.
Otro aspecto que intentará reivindicar en su memoria es la soberanía sobre las 200 millas hacia el oeste. Así, ya sea que la Corte resuelva trazar el paralelo desde el Punto Concordia o dejarlo en el Hito 1, la parte norte de las 200 millas chilenas quedaría atrapada por una frontera de mar peruano que dificultaría el tránsito normal de las embarcaciones. Chile también ha considerado que ello puede suceder y su postura será que esa porción son aguas internacionales.
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