La demanda marítima peruana, la manipulación de la verdad

Nota: Nada nuevo bajo el sol. Esto se hace sistemáticamente en Perú.

Quien defiende los intereses de un país no debería hacerlo a costa de manipular la información que llega a sus conciudadanos, situación que constantemente ocurre cuando se intenta conseguir triunfos políticos sin sustentos. Esto se dio con los comentarios de Raúl Villanueva Pasquale –ex asesor de la Embajada peruana ante los Países Bajos y quien sería uno de los encargados de la elaboración de la memoria peruana ante el Tribunal Internacional de Justicia  respecto a la demanda marítima que el país del Rímac interpuso en contra de Chile– en una entrevista que ofreció a la revista peruana Siete.

El jurista peruano pretende revelar –a través de una lectura sesgada de un informe de asesoría jurídica solicitada por la Dirección de Fronteras a la cancillería nacional en 1964 –la inexistencia de la delimitación marítima que hoy defiende nuestro país, acusando a Chile de manipular la “verdad”, tratando de enlodar, además, la imagen de un jurista nacional de vasta reputación.

Ante todo esto, debo señalar que la posición del jurista peruano es equívoca y poco rigurosa, ya que distorsiona el verdadero sentido del informe con el objetivo de que la ciudadanía del Rímac se convenza que su visión es un potente argumento en vista a la fase oral, sustentando así la hipotética no existencia de un tratado que “literalmente” establezca los límites marítimos entre nuestros países.

En ese sentido, Villanueva Pasquale se esfuerza por desvirtuar la defensa de Chile en función de demostrar una inconsecuencia que no existe, pero lo más extraño es que el “pecado” con el que acusa a la defensa de Chile es al parecer su motivo de orgullo, ya que justifica una demanda que desconoce la vasta práctica peruana así como el reconocimiento que hizo Lima del sentido delimitador que tiene el paralelo en virtud de los tratados de 1952 y 1954

En consecuencia, Villanueva Pasquale pretende –con su lectura– dar el carácter de prueba de fondo del asunto a una apreciación aclaratoria del informe; al instrumentalizar frases sin considerar el contexto de la obra. En ese sentido, cuando el documento de asesoría señala que el Tratado de 1952 no constituye un pacto expreso que determine el deslinde lateral de los mares territoriales de los Estados firmantes, lo contextualiza señalando que ese instrumento entiende que ese deslinde coincide con el paralelo que pasa por el punto en que la frontera terrestre toca con el mar; así lo demuestran las actas firmadas en la Conferencia de Santiago que se adoptaron con la participación del eminente jurista peruano Ulloa y del delegado Fernández de Ecuador. Así mismo, el jurista peruano olvida intencionalmente mencionar el párrafo anterior al que cita para sostener su hipótesis, párrafo en el que se establece la plena afirmación –por parte de quienes realizan la asesoría– de la existencia de un acuerdo delimitador entre Chile y Perú; acuerdo que per se tiene preponderancia sobre otras maneras de delimitación establecidas en el derecho internacional.

Frente a esto, el pueblo peruano merece saber que la referencia al informe de 1964 omite párrafos contundentes como aquel en donde se dice expresamente que la Declaración de Santiago de 1952 es un instrumento obligatorio para Perú, Ecuador y Chile, y donde se afirma la existencia del límite; lo cual es reiterado en el Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima de 1954. Sobre éste, dice el informe que: “los mismos tres países formulan una declaración que no sólo parte del supuesto de que el deslinde marítimo entre cada uno de ellos corre por el paralelo geográfico, sino que así lo reconoce en forma explícita”. A su vez, el asesor técnico no toma nota tampoco de la frase que recuerda que la Declaración de Santiago “se limita a reafirmar en forma enfática y positiva un hecho preexistente en el que Chile, Perú y Ecuador están de acuerdo: el hecho de que, entre sus mares territoriales, el deslinde es un paralelo geográfico”.

Villanueva Pasquale desconoce lo expresamente señalado en una serie de instrumentos que demuestran el carácter delimitador del paralelo, como lo son: el decreto supremo nº 781 que su gobierno emitió en 1947; la denominada “ley del petróleo” de marzo de 1952; la resolución suprema nº 23 del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú de 1955; la Convención para la Preservación del Medio Marino de 1981 –hecha en virtud de los tratados de 1952 y 1954–; el Acuerdo de Galápagos relativo a la Conservación de los Recursos Marinos Vivos elaborado en función de la misma delimitación anterior; los ejercicios navales combinados durante la década recién pasada, entre otros. A su vez, el jurista peruano tampoco se pronuncia respecto de la importancia que alcanzan las actas y acuerdos generados por las comisiones mixtas encargadas de los trabajos de materialización del límite de 1968 y 1969.

De esta forma, puedo señalar que la postura del jurista peruano minimiza la importancia de las reglas de interpretación de los tratados en el derecho internacional, de las fuentes consuetudinarias  del derecho internacional y del valor de la práctica comprobada y sistemática que ha hecho el Perú, así como el origen de la idea del paralelo como método delimitador de las fronteras marítimas entre Chile y Perú, y las fronteras marítimas entre Perú y Ecuador.

Por todo esto, la hipótesis de Villanueva Pasquale no puede aceptarse como válida, ya que la verdad política y jurídica debe impregnar la verdad histórica y es esto lo que más se extraña en esta posición.

Por último, no puedo dejar de cerrar esta reflexión citando el párrafo final del informe que se ha pretendido invocar en contra de nuestra defensa: “el deslinde marítimo entre Chile y Perú corre por el paralelo en que su frontera terrestre choca con el mar, porque así lo han determinado ellos soberanamente mediante un acuerdo cuyo alcance y características señalaron ellos mismos en los instrumentos internacionales a que se ha hecho referencia”.

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