Inédita aplicación de tobillera con GPS para controlar a imputado

El contador Nelson Podesta no puede salir del radio de tres comunas.

Nelson Podesta Esparza (50) estaba preso hasta ayer. Su defensa pidió su libertad, pero a cambio, el fiscal Alberto Aguilera le ofreció utilizar una tobillera con monitoreo GPS para que pueda movilizarse entre las comunas de Providencia, Ñuñoa y Las Condes. La defensa aceptó y el 4º Juzgado de Garantía también aprobó la solicitud, por lo que dictó la medida cautelar de arraigo en las citadas comunas.

Así, el imputado por una estafa de $250 millones utilizará exactamente el mismo sistema que controló el arresto domiciliario del millonario estafador Bernard Madoff.

De esta manera, además, la Fiscalía Oriente aplicó en forma inédita este sistema en nuestro país. Se trata de un plan piloto que contempla un contrato con la empresa "Familia en Línea" que, por el momento, aportó cinco aparatos de monitoreo.

"Permite saber dónde está una persona en tiempo real. La empresa tiene un sistema de monitoreo, pero no hace falta que alguien esté frente al computador, porque la información se va registrando. Al mismo tiempo, tiene un sistema de aviso para cuando la persona incumple la medida cautelar impuesta por el tribunal de garantía", explicó el fiscal regional oriente, Xavier Armendáriz.

El ministro de Justicia, Carlos Maldonado, afirmó que "estamos legislando para instaurar este mecanismo para el control de las penas alternativas a la prisión, para los casos más graves de delitos sexuales y de violencia intrafamiliar".

Existen dos sistemas disponibles: una tobillera con GPS que aporta todos los movimientos del imputado y un brazalete para controlar arresto domiciliario.

"Cuando la persona ingresa a la zona de restricción establecida por la fiscalía, nos envía un mensaje que indica que el imputado está burlando lo acordado. Inmediatamente, se toma contacto con el fiscal y se le avisa que la persona está en un área prohibida", dice Carlos Riera, ejecutivo de "Familia en Línea".

El sistema tiene un costo de 350 dólares mensuales ($180 mil). El GPS debe ser recargado a diario, durante una hora. Si no es recargado, el sistema envía una alerta y comienza a vibrar. Si el portador lo interviene o corta, también avisa. El imputado incluso se puede bañar con él.

Artículo original

Gendarmería (guardias carcelarios) recibe millonaria inversión en equipamiento e infraestructura

Colaboración de kENNY

El plan contempla más de mil millones de pesos en armas, cascos, chalecos antibalas y otros elementos. En infraestructura se apuesta a la habilitación de nuevos espacios para los detenidos.

Más de mil millones de pesos invirtió el Gobierno en Gendarmería y el sistema penitenciario, esfuerzo que el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, definió como "un esfuerzo no aislado, sino que se suma a la política consistente de fortalecimiento" que ha realizado el Ejecutivo.

La inversión en elementos y equipamiento de seguridad contempla casi 6 mil armas nuevas y aproximadamente medio millón de municiones; 5.411 cascos, escudos y chalecos blindados; 8.800 esposas y grilletes para traslados de internos; 300 paletas detectores de metales; 647 equipos de protección contra gases; 25 arcos detectores de metal y tres sistemas de rayos X digital; 211 implementes para combatir incendios y 495 radios portátiles de comunicación.

Maldonado sostuvo que el esfuerzo "encuentra su máxima expresión en dos grandes líneas de trabajo: una inversión ya aprobada y comprometida de 360 millones de dólares para infraestructura que nos va a permitir habilitar, entre este año y 2013, 16 mil nuevas plazas de alta calidad y seguridad y un gasto anual permanente adicional de 140 millones de dólares que nos va a permitir incrementar las dotaciones de Gendarmería en casi 6 mil nuevos cupos de aquí al año 2014 a través del proyecto que está en el parlamento".

Esto último contempla la ejecución de una inversión extraordinaria para Gendarmería a partir del segundo semestre de 2009, para aumentar en 2.336 nuevas plazas para internos la capacidad de siete penales del país con 19.803 metros cuadrados construidos, y una inversión total de 17.961.903 millones de pesos.

Así, la cárcel de Arica ampliará su capacidad en 600 plazas, el penal de Iquique lo hará en 184, el de Quillota en 88, el de Rengo en 102; Cauquenes, 312; Los Ángeles también en 312 y en la Región Metropolitana Colina I tendrá 738 plazas nuevas.

Maldonado agregó que la inversión en seguridad significa "destinar 10 veces lo que estaba en el presupuesto base para este año, por lo tanto creemos que va a ser un incremento sustantivo en las condiciones de seguridad de nuestros penales y de las condiciones de protección de nuestros funcionarios al interior de las unidades penales".

Recursos adicionales

Adicionalmente, a través de proyectos presentados al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, para el período 2008-2009, Gendarmería obtuvo recursos adicionales por 2 mil 149 millones 538 mil pesos, lo que se traduce en el mejoramiento de diversas instalaciones de los recintos y reposición de equipamiento de seguridad.

Se suma el plan de construcción de nuevos establecimientos penitenciarios, que contempla un recinto para mujeres en Arica, una nueva cárcel en Calama, otra en Copiapó, un segundo penal para Valparaíso, uno en la Región del Bio Bio interior (Los Ángeles o Chillán) y otro en Temuco. En conjunto aportarán 5.600 nuevas plazas para el año 2012.

También, una vez concluido el grupo 2 de cárceles concesionadas, Antofagasta (1.160) y Concepción (1.190), actualmente en ejecución, se dispondrá de otras 2.350 plazas. Dicho programa concluye con la construcción de la nueva cárcel de Talca (1.852 nuevas plazas app) en etapa de diseño, y Santiago II con un aporte de 2.500 nuevas plazas app. al año 2013.

Artículo original

Procesados por compra de tanques Leopard I

La resolución fue adoptada por el ministro Manuel Valderrama contra el general (R) Luis Iracabal y el brigadier (R) Gustavo Latorre.

Por malversación de caudales públicos fueron procesados los primeros militares por la investigación referida al pago de comisiones en la adquisición que en 1998 (gobierno de Eduado Frei), realizó el gobierno chileno de 202 tanques Leopard I Holanda

De esta forma el ministro en visita Manuel Valderrama determinó encausar al ex director de Famae, general (R) Luis Iracabal Lobos y el brigadier (R) Gustavo Latorre. Ambos militares serán derivados hasta el batallón militar de Peñalolén.

Los procesamientos fueron adoptados por dos depósitos de US$ 298 mil dólares producto de las comisiones.

En la resolución el ministro establece que " los hechos que vienen de describirse son constitutivos del delito de malversación de caudales públicos, toda vez que dos funcionarios públicos que tenían a su cargo caudales o efectos públicos y que desempeñaban los cargos de Director y Gerente Comercial de FAMAE, respectivamente, correspondiéndoles, en tal virtud, un rol fundamental en las negociaciones de la adquisición de los 200 tanques Leopard I-V, sustrajeron cada uno la suma de US$ 298.154,50, dinero éste que deriva directamente o no puede sino provenir del precio solucionado por Chile por la compra del referido material bélico, traspasando dichos fondos públicos al ámbito de su disponibilidad personal”.

CASO LEOPARD I

Lavado de dinero es el presunto delito que investiga la Fiscalía Metropolitana Oriente, por el supuesto intento de blanqueo en Chile de los dineros procedentes del pago de comisiones por la compra de 202 tanques Lepoard a una empresa intermediaria holandesa, en 1998.

La indagatoria comenzó en 2007, cuando la Unidad Análisis Financiero (UAF) informó al Ministerio Público una operación sospechosa en un banco con sucursal en Providencia. Desde un paraíso fiscal había llegado una remesa de, aproximadamente, US$ 1,5 millón a una sociedad formada por ex militares y civiles.

Según las pesquisas iniciadas por la fiscalía, esta sería sólo una de varias transferencias que se hicieron desde el extranjero a los integrantes de esta firma, por lo que el monto indagado podría ascender a los US$ 8 millones.

De esta misma empresa formó parte el general (R) Víctor Lizárraga, procesado por asociación ilícita en el marco de la investigación por el asesinato del coronel Gerardo Huber, en 1991.

Los ingresos de estos dineros llevaron al fiscal Vinko Fodich a viajar, en mayo de 2008, a Holanda para interrogar a los principales socios de la firma. Uno de los entrevistados fue el ex director de la empresa, Joep van den Nieuwenhuyzen, quien reveló el pago de comisiones en el negocio. Incluso, hizo entrega de las planillas con los dineros supuestamente cancelados.

La operación comenzó a ser indagada en 2005, en el marco de la investigación por los dineros de Augusto Pinochet, luego de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) entregó un informe al entonces ministro de la causa, Sergio Muñoz, donde se aseguraba que parte de la fortuna del ex comandante en jefe del Ejército provendría de comisiones relacionadas con la compra de armamento y habrían sido depositadas en EE.UU., por medio de una sociedad creada por el ex albacea de Pinochet, Oscar Aitken.

Fueron interrogados militares y civiles supuestamente. En 2008, el ministro Manuel Valderrama asumió la investigación y abrió un cuaderno reservado. Hasta ahora no hay ningún imputado por el delito.

Sin embargo, en las diligencias realizadas en el extranjero, la fiscalía habría recabado información que hace sospechar que las comisiones fueron mayores y, además, habrían sido percibidas por militares que en ese entonces estaban en servicio activo.

Artículo original