Inédita aplicación de tobillera con GPS para controlar a imputado

El contador Nelson Podesta no puede salir del radio de tres comunas.

Nelson Podesta Esparza (50) estaba preso hasta ayer. Su defensa pidió su libertad, pero a cambio, el fiscal Alberto Aguilera le ofreció utilizar una tobillera con monitoreo GPS para que pueda movilizarse entre las comunas de Providencia, Ñuñoa y Las Condes. La defensa aceptó y el 4º Juzgado de Garantía también aprobó la solicitud, por lo que dictó la medida cautelar de arraigo en las citadas comunas.

Así, el imputado por una estafa de $250 millones utilizará exactamente el mismo sistema que controló el arresto domiciliario del millonario estafador Bernard Madoff.

De esta manera, además, la Fiscalía Oriente aplicó en forma inédita este sistema en nuestro país. Se trata de un plan piloto que contempla un contrato con la empresa "Familia en Línea" que, por el momento, aportó cinco aparatos de monitoreo.

"Permite saber dónde está una persona en tiempo real. La empresa tiene un sistema de monitoreo, pero no hace falta que alguien esté frente al computador, porque la información se va registrando. Al mismo tiempo, tiene un sistema de aviso para cuando la persona incumple la medida cautelar impuesta por el tribunal de garantía", explicó el fiscal regional oriente, Xavier Armendáriz.

El ministro de Justicia, Carlos Maldonado, afirmó que "estamos legislando para instaurar este mecanismo para el control de las penas alternativas a la prisión, para los casos más graves de delitos sexuales y de violencia intrafamiliar".

Existen dos sistemas disponibles: una tobillera con GPS que aporta todos los movimientos del imputado y un brazalete para controlar arresto domiciliario.

"Cuando la persona ingresa a la zona de restricción establecida por la fiscalía, nos envía un mensaje que indica que el imputado está burlando lo acordado. Inmediatamente, se toma contacto con el fiscal y se le avisa que la persona está en un área prohibida", dice Carlos Riera, ejecutivo de "Familia en Línea".

El sistema tiene un costo de 350 dólares mensuales ($180 mil). El GPS debe ser recargado a diario, durante una hora. Si no es recargado, el sistema envía una alerta y comienza a vibrar. Si el portador lo interviene o corta, también avisa. El imputado incluso se puede bañar con él.

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Procesados por compra de tanques Leopard I

La resolución fue adoptada por el ministro Manuel Valderrama contra el general (R) Luis Iracabal y el brigadier (R) Gustavo Latorre.

Por malversación de caudales públicos fueron procesados los primeros militares por la investigación referida al pago de comisiones en la adquisición que en 1998 (gobierno de Eduado Frei), realizó el gobierno chileno de 202 tanques Leopard I Holanda

De esta forma el ministro en visita Manuel Valderrama determinó encausar al ex director de Famae, general (R) Luis Iracabal Lobos y el brigadier (R) Gustavo Latorre. Ambos militares serán derivados hasta el batallón militar de Peñalolén.

Los procesamientos fueron adoptados por dos depósitos de US$ 298 mil dólares producto de las comisiones.

En la resolución el ministro establece que " los hechos que vienen de describirse son constitutivos del delito de malversación de caudales públicos, toda vez que dos funcionarios públicos que tenían a su cargo caudales o efectos públicos y que desempeñaban los cargos de Director y Gerente Comercial de FAMAE, respectivamente, correspondiéndoles, en tal virtud, un rol fundamental en las negociaciones de la adquisición de los 200 tanques Leopard I-V, sustrajeron cada uno la suma de US$ 298.154,50, dinero éste que deriva directamente o no puede sino provenir del precio solucionado por Chile por la compra del referido material bélico, traspasando dichos fondos públicos al ámbito de su disponibilidad personal”.

CASO LEOPARD I

Lavado de dinero es el presunto delito que investiga la Fiscalía Metropolitana Oriente, por el supuesto intento de blanqueo en Chile de los dineros procedentes del pago de comisiones por la compra de 202 tanques Lepoard a una empresa intermediaria holandesa, en 1998.

La indagatoria comenzó en 2007, cuando la Unidad Análisis Financiero (UAF) informó al Ministerio Público una operación sospechosa en un banco con sucursal en Providencia. Desde un paraíso fiscal había llegado una remesa de, aproximadamente, US$ 1,5 millón a una sociedad formada por ex militares y civiles.

Según las pesquisas iniciadas por la fiscalía, esta sería sólo una de varias transferencias que se hicieron desde el extranjero a los integrantes de esta firma, por lo que el monto indagado podría ascender a los US$ 8 millones.

De esta misma empresa formó parte el general (R) Víctor Lizárraga, procesado por asociación ilícita en el marco de la investigación por el asesinato del coronel Gerardo Huber, en 1991.

Los ingresos de estos dineros llevaron al fiscal Vinko Fodich a viajar, en mayo de 2008, a Holanda para interrogar a los principales socios de la firma. Uno de los entrevistados fue el ex director de la empresa, Joep van den Nieuwenhuyzen, quien reveló el pago de comisiones en el negocio. Incluso, hizo entrega de las planillas con los dineros supuestamente cancelados.

La operación comenzó a ser indagada en 2005, en el marco de la investigación por los dineros de Augusto Pinochet, luego de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) entregó un informe al entonces ministro de la causa, Sergio Muñoz, donde se aseguraba que parte de la fortuna del ex comandante en jefe del Ejército provendría de comisiones relacionadas con la compra de armamento y habrían sido depositadas en EE.UU., por medio de una sociedad creada por el ex albacea de Pinochet, Oscar Aitken.

Fueron interrogados militares y civiles supuestamente. En 2008, el ministro Manuel Valderrama asumió la investigación y abrió un cuaderno reservado. Hasta ahora no hay ningún imputado por el delito.

Sin embargo, en las diligencias realizadas en el extranjero, la fiscalía habría recabado información que hace sospechar que las comisiones fueron mayores y, además, habrían sido percibidas por militares que en ese entonces estaban en servicio activo.

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