Con “riesgo moderado” de corrupción, en el sector de Defensa y Fuerzas Armadas, y junto a 15 países clasificados en este mismo sector. Así figura Chile en el primer Indice Anticorrupción de Gobiernos y Defensa, elaborado por el programa Defensa y Seguridad de Transparencia Internacional, que evaluó las medidas que 82 países emplean para reducir el riesgo de actos de corrupción en este sector.
El índice, elaborado durante dos años, consideró un cuestionario de 77 preguntas agrupadas en cinco áreas (riesgo político, financiero, de personal, operacional y riesgo en adquisiciones), formuladas a los gobiernos de estos 82 países que representaron el 94% del gasto militar global en 2011, con 1,6 trillones de dólares.
La medición indica que Alemania y Australia son los países que tienen los mecanismos más eficaces para prevenir la corrupción en este sector. Ellos conforman la Banda A de “riesgo muy bajo”, representando el 2% del total de los países evaluados (ver infografía).
En la Banda B, clasificada con “riesgo bajo”, se encuentran siete países, que representan el 9% del total, y en donde figuran Estados Unidos e Inglaterra.
Mientras que en la Banda C de “riesgo moderado”, y que agrupa al 20% de los países de la medición, se encuentran Chile, Colombia y Argentina, además de Francia y Croacia. Los primeros tres grupos representan el 31% de la totalidad de los países evaluados en este índice, lo cual evidencia que los restantes consideran altos riesgos de corrupción.
EL CASO DE CHILE
“La ubicación de Chile es bastante buena, ya que significa que hay una institucionalidad robusta para prevenir casos de corrupción, pero que hay aspectos que se pueden mejorar”, explica Jaime Bazán, director ejecutivo de Chile Transparente.
Uno de los puntos que destaca el índice es que no existe una política anticorrupción en el área de la Defensa nacional, ante lo cual Bazán explica que “si bien las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa tienen instructivos muy claros en el proceder de transparencia, no hay una reglamentación específica anticorrupción y eso debería implementarse”.
Entre las consideraciones que agrupan a la Banda C, se hace mención al caso de Chile, en donde se detalla que “las excepciones militares a las leyes de contratación pública crean riesgos de producción, como también lo hace el manejo de las compensaciones por la agencia gubernamental principalmente para promover la producción económica”.
Ante esta distinción, Bazán explica que la Ley Reservada del Cobre no permite una total transparencia presupuestaria y financiera en el área de la Defensa: “Es necesario que haya instituciones que fiscalicen lo que es reservado. En las Fuerzas Armadas hay auditores que realizan sus revisiones de los casos, pero es interno, por lo tanto, debiera ser un órgano externo para no restar confiabilidad al proceso”.
Otra de las debilidades que se desprenden de este índice es la baja fiscalización del Congreso del presupuesto anual de Defensa en ítems secretos relacionados con seguridad y la escasa efectividad de las instrucciones internas relacionadas con la corrupción.
“Hemos conversado con distintas autoridades para formar una mesa de trabajo que permita, en los próximos dos años cuando salga el índice nuevamente, avanzar en las observaciones actuales”, explica Bazán.
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