Cancillería boliviana traba devolución de 1.500 vehículos robados en Chile

Estaba todo listo. Los camiones en la frontera y que el fiscal nacional, Sabas Chahuán, estuviera en una actividad en el norte marcaban el escenario ideal para comenzar con la devolución de los 1.489 autos robados en Chile identificados en Bolivia. Pero no prosperó. Pese a que el Ministerio Público contaba con las autorizaciones de su par altiplánico para iniciar el proceso de entrega (en principio se trataba de seis vehículos), la Cancillería del gobierno que lidera Evo Morales frenó el traspaso.

Y la razón entregada por las autoridades políticas del país vecino, apuntó a que Chile no tenía ratificado un convenio de restitución de vehículos generado al interior del Mercosur, del cual ambos estados son parte.

Así lo explica el fiscal nacional subrogante, Alberto Ayala, quien el lunes envió un oficio al ministerio de Relaciones Exteriores chileno para que fije su posición al respecto.

"La cancillería (boliviana) no se pronuncia de los instrumentos jurídicos que invoca la fiscalía de Chile y contrariamente a no pronunciarse, se ampara en la no devolución en la no suscripción de Chile en un convenio del Mercosur", explica Ayala, quien refuerza la idea de que el Ministerio Público boliviano apoya la petición de su par chilena y que, incluso, el lunes le llegó un oficio autorizando a otros ocho vehículos para que vengan de vuelta (en total hay 25 con luz verde para ser entregados a sus dueños chilenos).

Según Ayala, el documento que envió a la cancillería chilena busca que este ministerio realice y realice un informe técnico en el que se aclaren dos puntos: aclarar si Relaciones Exteriores comparte o no la decisión jurídica tomada por los bolivianos y si esto no es así, que realice las gestiones con su par altiplánica para que se cumplan los tratados en los que se basa la petición de la fiscalía chilena (ver nota secundaria).

Jorge Chocair, jefe de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (Uciex), de la fiscalía nacional aclara que pese al rechazo, la unidad que lidera seguirá gestionando la devolución de los vehículos para estos sean devueltos a las víctimas chilenas.

"Como fiscalía vamos a seguir solicitando la restitución de los vehículos, porque nosotros tenemos un compromiso con las víctimas del delito y en segundo lugar porque estamos frente a objetos del delito (los vehículos) y es nuestro deber seguir instando por la recuperación de estos vehículos", apunta Chocair, quien a través de la Uciex ha liderado el proceso desde el inicio.

Es probable que Chocair, junto a Alberto Ayala se reúnan con las autoridades y técnicos de la cancillería chilena para tratar en persona el tema de los vehículos.

Los 1.489 autos chilenos en Bolivia fueron identificados por Carabineros, que individualizó a sus dueños.

 Fundamentos chilenos se basan en tratados

De acuerdo a los expertos del Ministerio Público chileno consultados por este diario, la fiscalía nacional argumentó en base a una serie de normas contenidas en diversos tratados internacionales bilaterales y multilaterales suscritos por Bolivia y Chile para traer de vuelta los vehículos. Entre ellos, 15 artículos incluidos en la Convención Interamericana de Asistencia Mutua en Materia Penal firmada en Nassau, Bahamas, en 1992. También se argumenta en base a la Convención de Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, suscrita en Palermo el año 2000.

"Existe sobradamente un marco legal internacional para que opere, en este caso, la cooperación internacional y que se produzca la restitución de vehículos", argumentó Jorge Chocair, director de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (Uciex) de la fiscalía nacional.

La negativa boliviana se materializó en diciembre a través de la nota verbal N° 649/158, en la que se dijo que Chile no había firmado el tratado de restitución de vehículos que cruzan ilegalmente la frontera.

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