Fijación de precios en Argentina

La artificial estabilidad de precios que la Casa Rosada está impulsando terminará siendo contraproducente y afectando a la misma población que, se supone, busca proteger

Enfrentado a una inflación de dos dígitos (12,3%) en 2005, el gobierno argentino ha decidido encarar el problema de una manera heterodoxa: a través de reuniones con diversas empresas, en las que a menudo participa el propio Presidente, "convence" a los productores y/o distribuidores de congelar los precios de los más variados bienes y servicios.

La particular manera de abordar el asunto es vista por buena parte de la población como una defensa cerrada de los derechos de los consumidores, especialmente de los más necesitados. Y eso, por supuesto, hace buena política y entrega popularidad a un Presidente que en las elecciones parlamentarias de octubre pasado barrió con la oposición y que logró de esa manera sacarse de encima la carga que le significaba haber llegado a la Casa Rosada como segunda mayoría y con apenas el 22% de la votación en los comicios de mayo de 2003.

En su afán por evitar las alzas, Néstor Kirchner ha acusado a los supermercados y, entre otras, a empresas distribuidoras de combustible y agua de buscar un lucro excesivo al ajustar o tratar de ajustar sus tarifas. Ello le ha reportado conflictos que, al mismo tiempo que le quitan credibilidad en el exterior, le entregan popularidad en Argentina.

Preocupado hasta el más mínimo detalle, el Mandatario transandino ha conseguido personalmente en los últimos días acuerdos con compañías de productos de limpieza, aseo individual, yerba mate, azúcar y alcohol fino. Más complicado ha sido convencer a ocho de las 15 asociaciones productoras de carne, las cuales rechazan hasta ahora congelar los precios si es que no se les reducen a cambio las retenciones (impuestos) a las exportaciones.

De esta forma, Argentina avanza en los hechos hacia un régimen de control de precios. Como si la historia no sirviera de enseñanza, la Casa Rosada parece volver -tal como ayer, debido a necesidades políticas- a las prácticas que llevaron al país al colapso en la década de los 80. Porque, aparte del muy peculiar método que se ha utilizado para alcanzarla (la mayoría de los empresarios y ejecutivos convocados a la Casa Rosada no puede sino sentirse intimidada en presencia del Mandatario y varios de sus ministros), la artificial estabilidad tarifaria que está impulsando el gobierno terminará siendo contraproducente y afectando a la misma población que, se supone, busca proteger.

Como toda intervención, la fijación de precios tiene efectos colaterales. Quizás el más pernicioso sea adormecer los impulsos naturales que rigen las leyes del mercado. Los precios bajos provocan una caída en la inversión, pues los agentes productivos, al ver reducidas sus ganancias por una decisión de la autoridad, optan por dirigir sus recursos a otros fines más rentables. Esto termina reduciendo la actividad y, a la larga, trayendo cesantía y dejando una enorme capacidad ociosa en la economía. Algunos sectores ya han experimentado los efectos de la desinversión. Argentina cuenta con reservas de gas, pero la fijación de precios ha provocado que muchos yacimientos no sean explotados con la intensidad necesaria. Además, los bajos precios han hecho que la demanda aumente más allá de lo que lo haría en condiciones de mercado. El resultado es que en no pocas ocasiones hay desabastecimiento y que, incluso, no es posible cumplir los contratos, algo que Chile ha sufrido en los últimos años. Esta situación se repite en otros ámbitos, como el de las aguas, donde el Ejecutivo entró en conflicto con una multinacional francesa por su negativa a aceptar un alza de tarifas.

Peor aun, no está claro que la estrategia dé resultados ni siquiera en el corto plazo. Mientras el gobierno pronostica una inflación de entre 8% y 11%, consultoras independientes ponen el rango entre 11% y más de 15%. Para enero, pese a los acuerdos alcanzados con una variedad de productores, se espera una inflación de 1,5%. Pese a sus esfuerzos por micromanejar la economía, el gobierno argentino quizás deba rendirse ante una evidencia que, tarde o temprano, resulta ineludible: para sanear es necesario ajustar.